La tregua parlamentaria se mantendrá hasta que finalice el juicio por el 23 de febrero

La cuenta atrás para la vista del juicio por el 23-F absorbe todas las atenciones gubernamentales. Hasta que concluyan sus sesiones y se dicte la sentencia inicial está garantizada la neutralización del Parlamento. Pero los estrategas centristas estiman que la debilidad aritmética de su grupo en el Congreso de los Diputados, cuya continuidad queda en manos socialistas, contribuirá a potenciar la ventaja preelectoral que los sondeos les reconocen de forma ostensible. Los resultados que arrojen las urnas en Andalucía el 23 de mayo provocarán la definición de nuevas alternativas políticas.

Hablar en estos días con Rodolfo Martín Villa, produce en el interlocutor una sensación de incredulidad. Es difícil aceptar el espectáculo de un purasangre de la política abandonado a la abulia o al fatalismo. El vicepresidente 'Primero del Gobierno recurre permanentemente a la precariedad aritmética del partido centrista en el Congreso de los Diputados. A su entender, en esa situación se anda permanentemente en el filo de las concesiones indebidas, que deterioran la imagen con unas elecciones por delante. Vivir de la generosidad y magnanimidad del PSOE tendrá unos costes cuando los socialistas exhiban en público la factura.Por el momento, todas las alternativas parecen prohibidas, una vez analizadas detenidamente por el sanedrín -grupo que asesora políticamente al presidente, formado por Rodolfo Martín Villa, José Pedro Pérez-Llorca, Pío Cabanillas, Alberto Oliart, Juan José Rosón, Matías Rodríguez Inciarte, Rafael Arias Salgado y Jaime Lamo de Espinosa-. Las elecciones no pueden convocarse antes de la vista del juicio del 23-F, bajo cuya sombra algunos calcularon espléndidos réditos en forma de papeletas. La coalición con el grupo parlamentario que lidera Fraga no aporta cifras de consideración suficiente. La coalición con el PSOE ha sido evaluada como una prima adicional cuando va a sonar la campana de la última vuelta. Por reducción al absurdo, en expresión tomada de las matemáticas, no queda otro recurso aparente que seguir tirando sin dejar de contar con nuevos -desflecamientos de los ya mermados escaños.

Un ministro del Gobierno resumía irónicamente la situación: "Carlos Gila -el diputado ucedista por Segovia, adalid de su autonomía uniprovincial-, convertido en problema nacional". El titular de Justicia, Pío Cabanillas, a quien se ha querido presentar más distanciado del presidente Leopoldo Calvo Sotelo en razón de supuestos contactos inoportunos mantenidos con algunos de los defensores en el 23-F, parece haber emprendido algunas tentativas para salir del atolladero.

En primer lugar, después de las pasadas hostilidades hacia los suaristas, barridos en los últimos meses de la sede del partido en Arlabán, Pío Cabanillas ha iniciado una maniobra de aproximación a los colaboradores del ex presidente. Santaella, Rosa Posada, Jesús Picatoste y hay quien añade al propio Josep Meliá han recibido propuestas diversas del ministro.

Un comentario de Suárez

Esta actitud se interpreta como parte de una estrategia más amplia que aspira a recuperar el activo de Adolfo Suárez, cuya vigencia sorprendió en Torremolinos al presidente Calvo Sotelo al advertir en las filas de la militancia centrista de Andalucía numerosas pegatinas con la efigie de su antecesor.

Adolfo Suárez, que tomó buena nota de la virulencia y la orquesta ción de la última campaña de Prensa desencadenada contra él, no pudo contener un comentario de admiración por gente tan vale rosa capaz de exhibirse de esa guisa, desafiando la opinión de los actuales mandos del partido. Las pegatinas con la imagen de Leopoldo Calvo Sotelo todavía no han sido puestas en circulación, y hay quien piensa que no llegarán a encargarse. Quienes conocen de cerca al actual presidente no descartan que, terminado el trayecto restan te hasta la convocatoria de elecciones generales, Leopoldo Calvo Sotelo se despida elegantemente por considerar cumplida su misión y se ahorre así los inciertos avatares electorales.

Para completar el panorama hay que sumar las anunciadas tensiones vascas y catalanas frente a la ley de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), el temido recrudecimiento de la actividad terrorista etarra, la creciente arrogancia de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y los pésimos presagios para las elecciones andaluzas del 23 de mayo.

ETA y el 23-F

Los éxitos antiterroristas no han hecho perder la cabeza al titular de Interior, el hombre con más poder autónomo dentro del actual Gobierno. Juan José Rosón conoce la fragilidad de esos logros y sabe en qué proporción la propia dirección de ETA ha optado por reducir sus actividades desde un análisis que con templaba como inevitable el golpe de Estado a corto plazo. Esa hubiera sido la señal esperada para su relanzamiento una vez recuperado el apoyo de la población.

Los observadores más pesimistas estima * n que las hostilidades despertadas por la LOAPA pueden articular alguna reacción etarra, en cuyas acciones se ha querido ver por algunos una cierta funcionalidad de poderfáctico del Go bierno autónomo de Vitoria. En la medida en que las probabilidades de nuevas intentonas golpistas se desvanezcan hay que contar con un alza terrorista, según ciertos analistas con probada experiencia de gobierno. Otro factor de primer orden a considerar es la arrogancia de la CEOE, especialmente visible en los prolegómenos de la campaña electoral andaluza. El resultado de las presiones de la CEOE sobre UCD puede acabar por convertir a esta última en una plataforma clasista. Con esa configuración, las siglas de UCD perderían su carácter interclasista y centrifugarían una fuerte proporción de su voto. Esos votantes y militantes expelidos del centrismo intentarían buscar acomodo en las filas del PSOE, cuya estructura podrían perturbar.

En cuanto a la cita con las urnas andaluzas, en los círculos gubernamentales y centristas se espera poder contener las dimensiones del desastre que vaticinan los sondeos. Nadie aparecer como responsable del retroceso electoral que se da por inevitable. Después del escrutinio se precipitarán las decisiones.