El sistema de protección español, lejos de la media europea

En Francia ha dicho el diario Le Monde que la Seguridad Social es esa institución pública de la que todo el mundo habla, pero muy poca gente conoce. En España deberíamos decir que es algo de lo que sólo hablamos mal y desconocemos totalmente. No se explica en otro caso, salvo por inconfesados intereses electorales, que unos y otros hayan querido agarrarse a la comparación con Europa para hacer triunfar sus posiciones. Después de los vanos intentos de reforma registrados desde 1966, incluido el ya democrático de los Pactos de la Moncloa, a cuyo fracaso no es ajena la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), ha sido esta organización la primera en urgir la necesidad de cambios.

A finales de 1980, la patronal culminó un "amplio período" de debate interno, con su documento Ideas básicas para un programa y posición empresarial sobre la Seguridad Social en España. A mediados del pasado, año consiguió introducir el ya conocido compromiso del Acuerdo Nacional sobre Empleo, con el objetivo de reducir costes salariales, culpados del mayor porcentaje de paro.Los objetivos centrales del documento de la CEOE, que sigue siendo su posición, eran tres: desacelerar los gastos de la Seguridad Social; posibilitar el acceso del sector privado a determinadas actividades, en pro de la eficacia; y trasvasar progresivamente al Estado el coste del sistema. En poco más se concretó dicho debate interno, salvo en pedir como instrumento de la reforma una ley Básica de la Seguridad Social que determinara los tres pilares del sistema: el básico, que alcance a toda la población y sea pagado por el Estado; el profesional, a cargo de cotizaciones; y el "libre". Quería y quiere la mayor presencia privada en los dos primeros y la exclusiva del tercero.

Todo debía pasar por la mayor aportación de los beneficiarlos, "hasta alcanzar los niveles medios de los países de nuestro entorno". En pro de este argumento, la CEOE no ha dejado de insistir en comparaciones con Europa, y especialmente en que en España las cotizaciones sobre salarlos significan más del 80% de los recursos totales de la Seguridad Social, y las empresariales duplican o triplican porcentualmente las de la Comunidad Económica Europea, a cuya integración aspiramos. Luego ha preferido la comparación con la veintena de países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), donde, debido al menor peso de la Seguridad Social y el sector público de países como Japón, Estados Unidos y Canadá, los términos son más favorables (véase cuadro número 1).

Los sindicatos, que admiten, no obstante, la necesidad de trasladar costes por la vía fiscal, pues éstos son desgravables en las exportaciones y así no se perdjudica la competitividad, pusieron de manifiesto que los datos no resisten coniparaciones. Aunque entienden el agobio porcentual de las cotizaciones, observaron que en España su peso sobre la renta disponible es muy inferior al de Europa (16% sobre PIB, frente al 24% o 25% de media europea), pero debido a que aquí la representación del sector público es muy inferior.

En efecto, incluso los datos de la OCDE reflejan que hay siete países con mayores cotizaciones sobre PIB. De otra parte, los ingresos fiscales, incluyendo las cotizaciones a la Seguridad Social, dejan a España en Último lugar, después de Turquía.

Puede discutirse la opinión patronal de que "a nivel mundial se observa una clara relación entre el nivel de desarrollo de cada país y el volumen negativo de gastos sociales" (ahí están los casos de Alemania Federal o el Benelux)

El propio Libro Rojo para la reforma de la Seguridad Social, elaborado por expertos del extinto Instituto de Sanidad y Seguridad Social, al confrontar el "modelo europeo" con el español, concluye que, aún cuando el español está próximo a la hipótesis media, sobre todo en acción protectora, "en determinados aspectos evidencia un gran desequilibrio, por carencia o insuficiencia, respecto a las pautas generales".

Las normas mínimas

Según dicho estudio, no existe el citado modelo europeo, pues los propios países comunitarios comparan sus sistemas a través del convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), norma mínima desde 1952, que España no ha ratificado, a pesar de que en 1978 firmaba la Carta Social Europea y que ésta se remite básicamente en materia de SS al citado convenio.

El cotejo realizado entre España y las normas del convenio 102 indica que nuestra Seguridad Social alcanza, e incluso supera ampliamente, la mayoría de las prescripciones. Sin embargo, los principales desajustes son: exclusión de la protección de enfermedades mentales y de la asistencia odontológica completa, limitaciones normativas para la hospitalización no quirúrgica, participación de los beneficiarios en los gastos de farmacia durante el embarazo y parto, elevada tasa general de participación de los beneficios en los gastos de farmacia (40%), limitación del subsidio de desempleo (en determinadas situaciones de paro prolongado puede pugnar con los principios expresados en el convenio), exigencia de alta en el aseguramiento en el momento de producirse el hecho causante de pensiones, exigencia de que todo o parte del período de carencia requerido para tener derecho a pensión esté comprendido en un período de tiempo inmediatamente anterior a la fecha del hecho causante, insuficiencia del importe global que se destina al abono de las prestaciones de protección a la familia, establecimiento de efectos suspensivos o extintivos en las pensiones cuando media "conducta deshonesta o inmoral" de la viuda o de los huérfanos, inexistencia de reglas predeterminadas para la actualización automática de pensiones.

El cuadro situado arriba recoge los desequilibrios entre España y los países comunitarios en las diversas prestaciones. Según el Libro Rojo, la estructura del gasto entre España y CEE es muy similar en sus rasgos principales, pero con una importancia muy inferior de la protección familiar y superior, en cambio, de las de las prestaciones por desempleo, debido al mayor porcentaje de empleo español y su financiación.