Sánchez Terán califica de "estatalista y nacionalizadora" la política del PSOE

Salvador Sánchez Terán, diputado de UCD y presidente de la Compañía Telefónica Nacional de España, calificó ayer de "estatalista y nacionalizadora" la política del PSOE, en el marco de una sesión informativa de la comisión de transportes, turismo y comunicaciones del Congreso. Sánchez Terán respondía así al anuncio de la próxima presentación de una proposición de ley socialista para que Telefónica transfera al INIsu holding industrial y limite sus actividades a la explotación del monopolio de servicios telefónicos.

El diputado socialista Luis Solana justificó esta proposición de ley diciendo que en este tema su partido era liberal, en contra de lo que opínaba Sánchez Terán, y que precisamente lo que pretenden es que haya competencia en la industria de telecomunicaciones.

En la sesión, que se prolongó a lo largo de la mañana y de la tarde, comparecieron también los presidentes de las principales empresas en cuyo capital participa Telefónica (Standard Eléctrica, Citesa, Inteisa y Telettra) y el consejero delegado de Marconi. Estas industrias engloban una facturación próxima a los 270.000 millones de pesetas anuales y dan trabajo a unas 90.000 personas, lo que representa prácticamente la totalidad del sector español de electrónica profesional.

Pese a las fuertes palabras, de Sánchez Terán, el gran debate sobre las distintas concepciones del futuro de este sector industrial -de enorme importancia económica y estratégica- quedó relegado, en una especie de acuerdo tácito, a la presentación de la citada proposición de ley, Las últimas de claraciones de Felipe González, secretario general del PSOE, afirmando que si llegan al poder no realizarán nacionalizaciones, y las continuas alusiones de UCD al riesgo nacionalizador de la opción socialista de cara a unas eventuales elecciones, incidieron en la postergación de este debate sobre la necesidad o no de un Instituto Nacional de Electrónica (en una fórmula similar al Instituto Nacio nal de Hidrocarburos) y sobre la continuidad o no de la actual si tuación del sector, en el que Telefónica es a un tiempo el mayor cliente y el mayor fabricante.

Luis Solana preguntó al presidente de Telefónica sobre la existencia y cumplimiento del llamado plan cuatrienal de inversiones de Telefónica. El presidente de esta compañía manifestó que el plan se estaba cumpliendo en líneas generales, que este año iban a invertirse 132.500 millones de pesetas y que el plan se estaba revisando para actualizarlo con dimensiones a corto, medio y largo plazo. Sánchez Terán dijo que Telefónica había creado 6.000 empleos en los últimos años y que, por tanto, una moción aprobada siendo él ministro de Transportes, en la que se decía que el plan cuatrienal aseguraría el mantenimiento de los puestos de trabajo en el sector, se estaba cumpliendo. Los, socíalistas, recordando la situación crítica de empresas como Standard o Citesa (que preparan planes de reducciones de plantilla), pusieron en duda las afirmaciones de Sánchez Terán.

El Estado accionista mayoritario de Telefónica

El presidente de Telefónica manifestó que no era de su competencia el llamado Libro Blanco de las telecomunicaciones y que era al Gobierno a quien cabía interrogar sobre el mismo. Negó que Telefónica domine la comisión redactora del Plan Electrónico Nacional.

Sánchez Terán manifestó que el Estado -a través del patrimonio y del Banco de España- controla alrededor del 47% de las acciones de Telefónica, lo que le convierte en el mayor accionista, pero no le da mayoría. Manifestó que el pago de un 6% de canon al Estado y de un 22% de impuestos por uso de teléfono, en sustitución de los gravámenes tradicionales de otras empresas (impuesto de tráfico de empresas, impuestos municipales y tasas arancelarias), es gravoso para Telefónica, aunque tiene grandes ventajas a la hora de facilitar las liquidaciones correspondientes. Fuentes ajenas al Parlamento han denunciado con reiteración el escaso gravamen fiscal a Telefónica por explotación de unas actividades monopolísticas.

Manuel Márquez Balín, presidente de Standard Eléctrica, se sometió a continuación a las preguntas de los diputados. Dijo que ITT, empresa de la que es filial Standard Eléctrica, sigue apostando por España, con lo que desmentía los temores a un abandono de nuestro país por parte de la multinacional.

Reconoció la difícil situación que atraviesa Standard y sus filiales Marconi y Citesa, como consecuencia de la evolución tecnológica y de la disminución de la demanda de productos por parte de la compañía Telefónica, como consecuencia de la crisis económica.

Mariano Jaquotot, presidente de Telettra Española (la única de las empresas citadas a la comisión que gana dinero y no tiene fuertes pérdidas), explicó los planes de expansión de esta firma (51 % de Telefónica y 49% del grupo FIAT), entre los que se encuentra la compra de una factoría de Intelsa en La Coruña. Comentó, "a título personal y no como presidente de Telettra", que la postergación de sus equipos para televisión por el Gobierno vasco, aun siendo más baratos y de tecnología nacional, podía responder a razones políticas: al temor de que se produzcan elecciones y que Telettra (al pertenecer a Telefónica) les retrase los suministros para favorecer en la campaña a determinados partidos y perjudicar a otros. Al final de la sesión, el Grupo Parlamentario Comunista anunció la presentación de una proposición de ley para que se incluya a representantes de los ministerios de Defensa y Sanidad, así como de los sindicatos, en la comisión redactora del Plan Electrónico Nacional.