Ex consejeros del Banco de Descuento declaran sobre presuntos fraudes

Ex consejeros y testigos del Banco de Descuento presentaron ayer declaración ante el Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid. Habían sido llamados para responder a preguntas sobre presuntos delitos de apropiación indebida y múltiples falsedades en operaciones y balances. La atribución de estafa puede superar los mil millones de pesetas, si bien medios informados señalaron ayer que siguen las investigaciones y "podría ser hasta temerario" apuntar alguna cifra.La denuncia, que trascendió ayer a través de la agencia Efe, fue preparada a finales de diciembre, y materializada en enero, por parte del propio banco, del que se hizo cargo el 18 de noviembre el Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios. Esta entidad, como se sabe, fue creada entre el Banco de España y la banca privada para resolver crisis bancarias y garantizar ahorros.

Los implicados en la querella son el ex director general del Banco de Descuento, Vicente de Miguel Lasanta, y cuatro consejeros que ejercieron hasta la intervención del Fondo: el propio presidente, Diego de Prado y Colón de Carvajal; el vicepresidente, Angel Peradejordi; y los vocales del consejo, Enrique García Ramal y López de Haro (hijo del ex ministro) y Jorge López Dóriga y Tovar.

Los cinco fueron sustituidos en sus cargos al conocerse la crisis del banco y adquirir el Fondo casi el 80% del capital. La compra se realizó al precio de una peseta por acción, después de que los consejeros comprometieran garantías personales y reales por casi cuatro mil millones de pesetas, con el fin de cubrir algo más de la mitad de los riesgos del Descuento. El Fondo controló así más del 70% del capital (2.250 millones de pesetas nominales), en muy gran parte propiedad del grupo empresarial Castellana 13 (domicilio de la sede central del Descuento), que fue formado por los citados consejeros, al parecer para servir de soporte a las acciones de la entidad.

Los actuales responsables de la entidad descubrieron los hechos denunciados a partir del día 20 de noviembre pasado, cuando tres empleados delataron por escrito numerosas irregularidades. Entre ellas destacan la concesión de créditos a sociedades de las que los citados eran propietarios, créditos aparecidos en balances y que no responden a la realidad, y manipulaciones de cifras.