El Senado francés rechaza el estatuto de descentralización para Córcega

El Senado francés ha rechazado el estatuto particular que el Gobierno socialista pretende concederle a Córcega en el marco de la ley de descentralización aprobada el verano pasado. Este incidente no impedirá la aprobación definitiva de este estatuto por la Cámara baja (Asamblea Nacional), pero revela la decisión constante y creciente de la oposición parlamentaria a frenar las reformas previstas por el programa mitterrandista.El fracaso de los socialistas, hace dos semanas escasas, en las cuatro elecciones legislativas parciales; el revés que significó, en ese mismo momento, el veredicto del Consejo Constitucional referente a la anulación de siete artículos de la ley de las Nacionalizaciones; la guerra sin cuartel que la oposición, junto con la Iglesia, está dispuesta a desencadenar contra la reforma de la ley de Enseñanza, que hasta la fecha garantiza en este país la existencia de la escuela privada (bajo control religioso en un 92%) y cuyas negociaciones se abrieron el lunes pasado; todos estos hechos recientes, en opinión del diputado socialista Alain Billon "significan que se acabó el estado de gracia de que gozó el mitterrandismo durante los ocho primeros meses de su mandato". Y esta fórmula, sobre el terreno, indica que la oposición, reanimada por esas inyecciones, está dispuesta a emplear todos los recursos a su al cance para frenar o impedir las reformas previstas para el septenio por el presidente François Mitterrand.

Para el Gobierno, la más importante de todas las reformas de estructura que se ha propuesto realizar a lo largo del mandato de Mitterrand es la de la descentralización, que crea tres tipos de colectividades territoriales en Francia: municipio, departamento y región. A pesar de la oposición sistemática de la minoría parlamentaria, la ley ya fue aprobada, pero falta por establecer lo esencial: las competencias de cada colectividad y sus posibilidades económicas.

En este marco de la descentralización, el Gobierno ha primado el caso de Córcega, que será el ejemplo piloto de lo que pueda resultar el reparto del poder en el país más centralista del mundo industrializado.

París se ha preocupado de Córcega por anticipado, por dos razones que son una consecuencia de la otra: su insularidad y su historia. Ambas le confieren una especificidad única en Francia. En los últimos años, esta especificidad se ha manifestado de forma violenta.

Para atajar ese proceso, la ley que ahora acaba de rechazar el Senado le da a la isla el llamado estatuto particular, que se diferencia del de las demás regiones. Le concede una asamblea elegida por sufragio universal, con poderes administrativos.

Pero esas competencias, y las fuentes de ingresos, serán objeto de otra ley que será sometida al Parlamento en abril próximo. Seis meses después será elegida la Asamblea en Córcega.

El Senado, de mayoría conservadora, estima que el estatuto particular, antes o después, "hará que Córcega escape a la soberanía francesa". Se opone también a que la amnistía total propuesta por el Gobierno alcance a "los crímenes de sangre". Según su óptica, a Córcega le bastaría "un estatuto especial fiscal para atraer las inversiones".