Indignación en los alrededores de Doñana

El artículo suscrito por Borja Cardelús, aparecido recientemente en EL PAÍS, da lugar a éste. Redactado aquél por el que -amablemente destituido- fuera presidente del Patronato de Doñana, hace en cierto modo explicable que se haya ido del seguro, pero no lo es en personas de esmerada formación y temple el uso de denuestros que lo hacen aparecer como hombre resentido y el más vulgar de los que han escrito sobre el tema.No quiero abarcar las diversas facetas a las que alude en su texto. Deberán hacerlo quienes en otro orden de cosas se sientan tocados. Conste que no es porque aquí carezcamos de material informativo para responder a todas ellas, sino porque se apartan, con una excepción, de lo que una extensísima zona en particular y dos provincias en general piden y tendrán: la carretera interprovincial Cádiz-Huelva. Es decir, una igual a todas las que unen a las provincias con sus vecinas. Esa vía, de la que el firmante se permite decir: «Aún siguen agazapados pero persistentes los defensores de la famosa y polémica carretera costera Cádiz-Huelva». «Aún siguen tratando de engañar a toda una población hablándoles de salidas naturales, cuando en realidad ocultan torpes intentos urbanizadores».

Lo expuesto es grave y propio dejuzgado de guardia y, al propio tiempo, exponente de las cotas que puede alcanzar la vanidad humana. Esa carretera se viene reiterando de modo intermitente desde 1934, y de ello hay constancia en todas las épocas en diputaciones, ayuntamientos, etcétera, sin omitir las cámaras de Comercio, Industria y Navegación. En los primeros tiempos, a través de un camino denominado Camino Real de Sanlúcar a Almonte, que atraviesa Doñana. Camino que la reserva biológica del mismo nombre viene manipulando, dando así fe de sus procedimientos colonialistas. Más tarde, y a instancia del patronato entonces existente, por la costa. Esto previamente avalado por el director de aquélla y, a la vez, conservador del parque nacional. Artífice también de la creación de ambas cosas.

En la actualidad son esas Cámaras de Comercio, asociaciones y confederaciones empresariales y el pueblo llano con miles de firmas -superaron a los votos de los partidos políticos en las elecciones- quienes mantienen el fuego sagrado de esa necesidad.

El efímero reinado en el patronato del señor Cardelús le debió impedir leer el texto de la ley Doñana, aunque dice que «es buena». En ella queda establecido que el parque «es suelo no urbanizable». Si la ley Doñana ha pasado por delante de la retina del citado señor, ¿por qué insiste en las urbanizaciones? Creemos estar en condiciones de explicárnoslo: es el único bastión que les queda a los salvadores de Doñana para seguir haciendo hincapié contra nuestra irrenunciable vía; y para ellos, mantenerlo siquiera sea para ganar tiempo en espera de un milagro que les haga salir airosos y, de paso, cubrir su objetivo es asunto, al parecer, de vida o muerte, y, según opinión generalizada, también lo es para los escopeteros de fuste de más allá de los Pirineos. En este aspecto -bien lo sabemos- huelgan las pantomimas. ¿Qué les importará a ellos la forma en que se desenvuelve la vida de cientos de familias y si derivado del buen hacer de quienes intervienen en la regencia del coto se han quedado en la calle decenas de éstas, acogidas al comunitario de Sanlúcar de Barrameda y, suponemos, de Almonte? ¿Es acaso eso lo que pretende el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Doñana, que dictatorialmente pisotea los derechos humanos de su entorno? Por algo fue impugnado.

Ya no cabe, como antes, acusar a esa carretera de atentar contra las dunas y pájaros y ser alentadora de urbanizaciones. El público visita Doñana y, aunque en escasa cuantía, sí ve y comprueba. Y lógicamente hace el consiguiente comentario apenas sale de Doñana, de ese parque nacional que todos queremos conservar racionalmente, no con pancartas seudoecologistas ni con colonialismos. Tampoco como medro de quienes lo intentan presentando a ese parque no como es, sino como quieren que sea, para justificar el tremendo desdén por la forma de vida de sus alrededores.

La ley Doñana, en estas latitudes, no ha engañado a nadie. Tan previstos estaban desde aquel 28 de diciembre de 1978 sus resultados que se la bautizó con el nombre de ley de los inocentes. Hacía falta poca imaginación para no vaticinarlos. Hubiera sido mejor que la Administración considerara a estos pueblos o ciudades como inundables para un pantano y con cuantiosas indemnizaciones por delante y proceder luego a legislar cuanto se estimase y con toda la fantasía. Para ello, no dudamos, hubiera podido contar con la ayuda económica de los que dentro y fuera de nuestro país se declaran eso: salvadores de Doñana. Sobre todo, habida cuenta de que ese espacio -¿cuántos miles de hectáreas tendrá al final?-, según el articulista, «está propuesto como lugar de patrimonio mundial».