A finales de marzo comenzará la verdadera negociación económica entre España y la CEE

El 31 del mismo mes -caso de que se solucione inmediatamente el problema de la contribución británica al presupuesto de la Comunidad-, la Comisión deberá haber propuesto la traducción práctica, a nivel de reglamento, de las reformas a introducir en la política agrícola mediterránea de los diez. De cumplirse el plazo, el capítulo agrícola de la negociación entre España y la CEE podría quedar desbloqueado, si no en su fondo sí en la forma.La posibilidad de firmar el tratado de adhesión a fines de año -deseada ardientemente por el Gobierno de Madrid, no sólo por motivos económicos, sino también electorales- pende de un débil hilo: que se cumplan todas estas condiciones previas. "Es posible", afirman oficialmente los expertos de la Comisión Europea. "Es muy deseable", apunta el Parlamento Europeo. "Es deseable y posible", explica incesantemente el Gobierno español. "Será muy difícil, presupone demasiadas soluciones internas en la CEE", matizan los portavoces de algunas delegaciones nacionales, la francesa incluida.

Agricultura y pesca

El momento parece indicado para realizar una recapitulación sobre el desarrollo y el estado actual de las negociaciones para la adhesión de España al Mercado Común, unas negociaciones que se prolongan desde 1979, sin grandes contenidos y con dos tabúes completos: la agricultura y la pesca. Una rápida lectura de los 71 documentos o declaraciones presentadas por España en relación con los dieciséis capítulos que integran la negociación y de los 44 documentos comunitarios indica que las posturas están muy lejanas, en los casos en los que, al menos, existe ya una amplia visión del conjunto. En otros, como la agricultura y la pesca, por ejemplo, no ha existido hasta el momento ninguna negociación, ni alejada ni próxima.

Los últimos acontecimientos -visita del presidente del, Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, a Bruselas; visita del ministro de Asuntos Exteriores, José Pedro Pérez-Llorca, a París- parecen indicar que el Gobierno de Madrid intenta, por todos los medios, asegurarse un desbloqueo efectivo -y no sólo de boquilla- antes de las elecciones generales previstas para 1983 (o finales del año en curso) y, al menos, una cierta apertura ante la opinión pública antes de que España pase a integrar las filas de la Alianza Atlántica. Falta saber si la voluntad política del Gobierno Calvo Sotelo por despejar el camino hacia los diez supone también una cierta dulcificación de la postura negociadora de España.

El riesgo de una negociación a la griega -allanar las dificultades mediante la aceptación, pura y simple, de lo que quieran los países miembros- planea siempre sobre la mesa de negociaciones. Más aún, tal vez, desde que el Gobierno portugués ha conseguido arrancar de Francia una declaración muy positiva y desde que Lisboa ha decidido formar una comisión bilateral con París, a fin de allanar su propio camino hacia la CEE.

Los principales problemas

¿Cuáles son los principales problemas en la negociación hispanocomunitaria? Por el momento, se puede decir que son innumerables. Incluso en los seis capítulos en los que, teóricamente, ya está todo dicho. En la mesa del Consejo de Ministros del próximo mes de marzo se abrirán las siguientes carpetas:

1. Movimiento de capitales. Existe ya un acuerdq de principio, según el cual España podrá disfrutar de una derogación temporal antes de permitir libremente ciertas ihversiones españolas en los. países de la CEE (entre ellas, las inversiones de cartera). Pero falta por definir la duración de ese período transitorio específico.

2. Armonización de legislación.Este auténtico cajón de sastre contiene más problemas de lo que podría parecer. Por ejemplo, España reclama derogaciones temporales de la legislación comunitaria en cuatro puntos importantes:

a) Contenido en plomo de la gasolina. La CEE tiene niveles mucho más bajos qui los exigidos en España, lo que significa que varias refinerías españolas tendrían que modificar sus sistemas de refino, con la inversión que ello supone.

b) Patentes. Afecta fundamentalmente a la industria química y farmacéutica. Hasta hora en España se permite lo que se llama la patente de procedimiento, es decir, un laboratorio puede patentar un producto que ya existe, pero al que "ha llegado por un procedimiento diferente". La CEE lo prohíbe rigurosamente, basándose en la Convención de Munich -que España no firmó en su día- y en el Acuerdo de Luxemburgo, que realizaron los diez, aunque aún no está en vigor, a falta de la ratificación de tres países (por motivos diferentes a los españoles).

c) Chocolate. La CEE no permite que se incluya harina en la fabricación de chocolate familiar, tal y como sucede en España. Madrid reclama un período transitorio, por lo menos en lo que se refiere al chocolate que se consuma en nuestro país. Es decir, para la exportación se suprimiría la harina.

d) Mermelada. La nomenclatura comunitaria es distinta a la española, lo que exige que los fabricantes nacionales cambien sus actuales envases y etiquetas.

3. Política regional. España afirma que debe beneficiarse de la política regional desde el mismo día de la adhesión, sin período transitorio alguno. Teóricamente, el porcentaje de participación española en los fondos y la limitación del territorio que se puede beneficiar de los mismos (Madrid dice que todo el país) se debería negociar después de la firma del tratado, pero la Comunidad no parece muy dispuesta a dejarlo pasar.

4. Transportes. Nuevamente es España la que pide una derogación de la legislación comunitaria, en dos puntos: la implantación del tacógrafía (un aparato que impide que los camiones rueden ininterrumpidamente más de un cierto número de horas) y la regulación del transporte ocasional de viajeros.

5. Libertad de establecimiento y prestación de servicios. Los negociadores españoles quieren un período transitorio específico antes de permitir el establecimiento libre de empresas extranjeras relacionadas con la industria química no básica y la informática y electrónica. Imposible, dice la CEE. Es un campo demasiado vasto: explique exactamente qué aspectos de la informática y electrónica exigirían ese trato especial. Más divergencias: España quiere invocar, más allá de 1989 -fecha admitida por los diez-, el criterio de necesidad económica, a fin de controlar el establecimiento de bancos extranjeros, así como su autorización para captar recursos ajenos. Tampoco puede aplicar la legislación comunitaria en cuanto a los seguros de automóviles, porque supondría aumentar las indemnizaciones, pero también las primas, en un nivel muy alto. Por parte de la CEE existen dudas británicas sobre si la titulación española de ayudantes técnicos sanitarios y de veterinarios es equivalente a la comunitaria. Si no fuera así, ni unos ni otros podrían trabajar en la Comunidad.

6. Economía y finanzas. España acepta el Sistema Monetario Europeo, pero se reserva las modalidades y fechas de la puesta en práctica, al igual que Grecia o el Reino Unido. Cotización de la peseta en relación con la unidad de cuenta europea (ECU).

Diferencias abrumadoras

Estos son, aunque no lo parezca, los capítulos en los que las posiciones están más próximas. Los diez restantes, o están vírgenes o las diferencias de punto de vista son abrumadoras. Por ejemplo, uno fundamental: la unión aduanera. El período transitorio, dice España, para que abramos nuestras fronteras a los productos industriales europeos debe ser el mismo -un período único- que el que se aplique a la apertura de las fronteras europeas a los productos agrícolas españoles. Salvo algunos casos específicos.

Los casos específicos son, por el momento, el impuesto sobre el valor añadido (IVA), que la CEE exige desde el mismo día de la adhesión y España vincula al desarrollo global de las negociaciones (la patronal española pide un período transitorio o, si no, compensaciones a nivel de la Seguridad Social). España deberá presentar también una lista de "restricciones cuantitativas a las importaciones procedentes de la CEE" durante el período transitorio. Aunque no se conoce todavía, se puede suponer que será parecida a la que figura actualmente en el acuerdo preferencial del setenta, con algunas modificaciones, pero, desde luego, no más amplia, sino más reducida. La Comunidad, por su parte, exige una restricción a las exportaciones textiles españolas, al igual que pretende imponer a Portugal.

Tampoco hay acuerdo en cuanto a la aplicación de los derechos de base: la CEE pide que sea a partir de la firma del tratado, mientras que Madrid dice que seis meses después de que haya entrado en vigor. Otro desacuerdo: libre práctica, grado de nacionalización (importante para la construcción de centrales nucleares: según Madrid, están pendientes importaciones de determinados países terceros que deberían seguir exentas de impuesto). Y, para terminar, la CEE exige que desaparezcan los monopolios (Campsa y Tabacalera) y que se aclare el régimen de las islas Canarias, Ceuta y Melilla.

Pero no acaban ahí las dificultades. Falta aún (dejando aparte siempre el difícil capítulo agrícola) la negociación referente al Euratom, relaciones exteriores, social-fiscalidad, pesca, recursos propios e institucionales.

En cuanto al primero, es sabido que España no ha firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear, pese a que no posee armamento atómico propio. Si no lo ratifica, como quiere la CEE, existirían problemas para el abastecimiento de determinados productos y la participación en algunos programas de investigación comunitarios.

Relaciones exteriores

Especialmente complejo es el capítulo de las relaciones exteriores, que ha merecido ya diez declaraciones españolas y cuatro comunitarias, sin que las posiciones se hayan aproximado sensiblemente. Plantea problemas la aplicación de las preferencias generalizadas que concede la CEE a numerosos problemas de los países de Africa, a los países árabes e Israel. Por ejemplo, España estaría obligada a aprovisionarse de azúcar (en cantidades fijas) en países de la Convención de Lomé, con lo que ello supone para el comercio con Cuba o para los esfuerzos de autoaprovisionamiento. El capítulo social es también espinoso: España pide que no haya período transitorio antes de que los trabajadores españoles puedan ir a los países comunitarios. Habrá un período transitorio -dice la CEE- no inferior a los de casos precedentes (siete años, en el caso griego).

Habrá que buscar también una solución (ligada a la implantación del IVA) para el problema de la aportación española al presupuesto de la CEE. Teóricamente, una vez España sea miembro de pleno derecho, será un país beneficiario de la Comunidad, pero durante el período transitorio existe el riesgo -más que probable- de convertirnos en contribuyentes netos, situación perversa, dicen los españoles. La solución llegará, probablemente, siguiendo el ejemplo griego (devoluciones regresivas durante dicho período).

Pese a todo, según los portavoces españoles, la situación permitiría la firma a fin de año, si -algo que parece aún muy difícil- se lograra empezar a discutir de agricultura y pesca a partir del próximo mes dé marzo. Caso de que sucediera así, y de que la posición española se mantuviera firme -dentro de los límites lógicos de una negociación-, unos y otros se encontrarían en el segundo semestre (a finales) con decenas de problemas sin solucionar extendidos en la mesa y ligados entre sí. Nuevamente, el riesgo griego estana presente en las largas horas de discusión. Pero si la negociación no se desbloquea en marzo o abril, entonces habrá que olvidar la fecha de 1984 como día D de la adhesién de España a la CEE y empezar a pensar en 1985-1986.