El juez toma declaración a veinte ex consejeros de Fidecaya

Los dos últimos propietarios de Fidecaya siguen a disposición del Juzgado número cinco de la Audiencia Nacional, tras haber sido detenidos en la noche del martes, horas depués de que el ministerio fiscal les denunciara por presuntos delitos de estafa. El juez inició ayer tarde la toma de declaraciones a una veintena de miembros de los últimos consejos de administración de dicha entidad, labor que continuará hoy. Entre tanto, ha trascendido que el déficit patrimonial de la empresa ha sido estimado provisionalmente en más de 7.000 millones de pesetas, la mitad de los ahorros depositados en ella. El contrato de compra firmado por Rumasa el 24 de diciembre sigue sin recIbir el visto bueno del Gobierno, quien podría prominciarse la próxima semana.

Según medios del juzgado, la privación de libertad de Miguel Soriano Carrasco y Vicente Edmundo Alfaro se mantendrá hasta que el juez, Francisco José Castro Meije, termine la práctica de pruebas y testificaciones propuestas por el fiscal. Para ello, y con el fin de determinar sí procede el procesamiento de alguno de ellos o de los dos, dispone de tres días, que terminar mañana. En este plazo puede también citar a declarar a los testigos que propongan los defensores, quienes se mostraron ayer dispuestos a solicitar la presencia de altos cargos de la Administración.Las citadas fuentes señalaron que Soriano Carrasco, quien vendió Fidecaya a Alfaro la pasada primavera, sigue desde el miércoles bajo prisión incondicional, en el centro de Alcalá de Henares. Por su parte, Edmundo Alfaro, presidente de varias empresas, entre ellas Cemesa, con cesionaria de la grúa madrileña, pasó la primera noche detenido en los calabozos del juzgado de guardia, donde permanecerá hasta que Castro Meije disponga.

Entre la veintena de persona citadas a testificar figuran Santiago Segura Ferns, Antonio Masa Godoy, Arturo Baldasano, Jesús Carretero, Raquel Angulo, Santiago Estrada, Luis Tejero Antonio Fernández, Fernando Calafat, Herminio Valdo, Alvaro Muñoz López, -Jesús Santo

Rein, Carlos Barba, y Antonio Urbano. Algunos de los testigo no pudieron comparecer por encontrarse fuera de Madrid. Se trata, en síntesis, de representantes de los propietarios de Fideca ya en los últimos consejos de administración, así como de alguno que figuraba a propuesta de la Administración o del Banco de España, debido a que el Banco de Promoción de Negocios, saneado el año pasado por intervención de la autoridad monetaria, tenía acciones de Fidecaya.

Medios allegados a Vicente Edmundo Alfaro declararon ayer que "está completamente tranquilo" y "no tiene nada que temer", pues Fidecaya sólo le ha deparado pérdidas -las estiman en unos 1.500 millones de pesetas- y la Administración conocía todas las operaciones que ahora sirven de base a la querella del fiscal. Por ello anunciaron su disposición inicial a aportar documentos en este sentido, asi como a solicitar la comparecen cia de altos cargos de la Admi nistración. De los representante de Soriano no fue posible conse guir declaración alguna.

Bases de la denuncia

Las bases de la querella de Fiscal por presuntos delitos d estafa son los tres paquetes de documentos a él remitidos, dos por la Dirección General de Seguros y otro por la comisión liquidadora interministerial nombrada por el Gobierno.

Como informó ayer este periódico, el primero fue enviado en julio de 1980 después de que una Inspecci icial pusiera de relieve en febrero la defectuosa estructura de las inversiones y detectara un déficit patrimonial. Por aquellas fechas, dicha dirección conminó a Soriano Carrasco a sanear o disolver la empresa, si bien luego aceptó la propuesta hecha por éste de ampliar capital en mil millones de pesetas, mediante aportación de bienes.

El segundo pasó al Fiscal a finales de agosto pasado. Paralelamente, el Gobierno, ante diversas irregularidades y el agotamiento de liquidez causado por la retirada de mil millones de pesetas de depósitos, decidió liquidar la empresa y garantizar a los ahorradores la devolución en un ano de casi 15.000 de los 16.000 millones contabilizados.

Miles de millones por medio

Los últimos papeles fueron remitidos por los liquidadores coincidiendo con la dimisión de su presidente y otro miembro de la comisión interministerial, al parecer por la complejidad de su trabajo y las escasas facilidades encontradas en la Administración. Este paquete se refería a la venta de Gráficas Cosol, empre sa con 102 trabajadores, precursora del polígono industrial de Guadalajara y que llegó a impri mir los diarios Mundo Obrero y El Alcázar, órganos respectivos del PCE y de los excombatientes que preside Girón de Velasco.

Según fuentes jurídicas y de la Administración, la querella del fiscal que han conocido no llega a la media docena de páginas. En resumen, dice que, antes de la decisión de extinguir Fidecaya, ocurrieron los siguientes hecho que pueden constituir delito de estafa:

- Miguel Soriano (empresario de Albacete que controló Fidecaya desde 1968, dieciséis años después de su fundación, a 1971) vendió la finca Prado largo (unas 500 hectáreas situadas en Aranjuez, a cuarenta kilómetros de Madrid) a Fidecaya y varias de su medio millar de filiales inmobiliarias y financieras. El precio fue superior a los 2.000 millones de pesetas. Los pagos se efectuaron con créditos procedentes de Fidecaya (el pasado 30 de julio todas sus filiales debían a la entidad casi 10.000 millones de pesetas). El fruto de la venta habría servido a Soriano para comprar Fidecaya, de la que en diciembre de 1978 tenía el 99,57% de las acciones. Sustituyó así en la propiedad a varios bancos, financieras y personas fisicas.

- Desde entonces, Soriano hizo varias operaciones, entre ellas un cruce de acciones que le deparó el control de Promobane. Pero la que centra la atención del fiscal es que, tras la citada inspección de la Dirección General de Seguros y su requerimiento de aumento de capital, Soriano aportó bienes que valoraba en mil millones de pesetas. Valor que fue revisado en marzo de 1981 por el consejo de administración de Fidecaya, entonces controlado por la autoridad a través de la intervención de Promobanc y la Administración. Los bienes se cifraron entonces en 189 millones de pesetas. Ante ello, el pasado 24 de abril, y en virtud del artículo 32 de la ley de Sociedades Anónimas, Soriano optó por retirar su aportación. No obstante, algunos consideraron el hecho un intento de defraudación. La auditoría realizada entonces al grupo de empresas hablaba de un déficit patrimonial de 4.056 millones de pesetas a 30 de junio de 1980, aunque estirriaba que serían 5.309 millones a finales de año.

- Poco después, el pasado 8 de mayo, la Dirección General de Seguros requiere de nuevo el restablecimiento del equilibrio patrimonial. Pero el 27 de abril Soriano había vendido Fidecaya, en documento privado a Alfaro y su grupo, a una peseta por acción y a cambio de que asumieran todas sus deudas y obligaciones frente, a Fidecaya y Promobanc (varios miles de millones de pesetas). La atención del fiscal se centra aquí, no obstante, en la venta casi paralela, posteriormente conocida, de Gráficas Cosol, cuyas acciones las pasó luego Alfaro a Fidecaya, aunque dijo que lo adquiría para sí y su grupo de empresas. El precio fijado por Soriano a Alfaro, ahora considerado excesivo por algunos informantes, fue 850 millones de pesetas, a pagar en letras libradas por Cemesa y aceptadas por Fidecaya, pese a que se desconoce que esta entidad de ahorro debiera nada a Cemesa. Al enterarse los liquidadores no pagaron, aunque Cemesa sólo protestó, sin llegar a ejecutar, una letra, según fuentes de la misma.

Parada la compra por Rumasa

Así las cosas, fuentes de la comisión liquidadora afirmaron ayer desconocer oficialmente la querella. Insistierion en que el contrato firmado el 24 de diciembre con Rumasa, para transferirle el encargo de la devolución de ahorros que faltan y los restos de Fidecaya a cambio de reintegrar al Estado las garantías prestadas, está pendiente de.la aprobación Final del Gobierno. Entre tanto, las estimaciones de la auditoría, que será terminada dentro de varias semanas, cifran ya el déficit patrimonial de la entidad, cuando el Gobierno decidió liquidarla, en más de 1.000 millones de pesetas.