La liquidación del Presupuesto y el déficit público

LAS PRIMERAS estimaciones oficiales señalan que el déficit del sector de las administraciones públicas -Administración central, entidades territoriales, Seguridad Social y organismos autónomos- durante 1981 se sitúa en torno a los 700.000 millones de pesetas, sin alcanzar los 800.000 millones temidos por la banca privada. De esa cifra está excluido, en cualquier caso, el déficit de las empresas públicas, pendientes todavía de ese estatuto que tal vez les permita librarse en el futuro de su vergonzante función de asilo de ex ministros y políticos caídos en desgracia.El ministro de Hacienda ha presentado el cálculo del déficit como una liquidación provisional, lo que abre paso a la sospecha de que los resultados hayan sido maquillados mediante ajustes contables parciales destinados a embellecerlos. Nada se dice, así, sobre las operaciones extrapresupuestarias, que habitualmente representan alrededor de un 10% de las actividades presupuestarias. Tampoco ha sido explicado el brusco crecimiento en la recaudación del impuesto sobre la renta de las personas físicas, al igual que en las cotizaciones a la Seguridad Social, si bien es probable que este sorprendente y agradable fenómeno se deba a una mayor exigencia de la Administración para con las empresas públicas. En el supuesto de que estos arreglos hayan sido efectivamente realizados, con el obvio propósito de permitir al Gobierno apuntarse una efimera victoria en la polémica sobre la magnitud del déficit, la operación tendría el doble efecto negativo de desvirtuar el conocimiento fidedigno de la realidad económica y desviar momentáneamente la atención de los ciudadanos sobre el grave problema de la gestión de los recursos colectivos -nacidos de los impuestos- por las diversas administraciones públicas.

Los defensores de la estrategia económica gubernamental justifican los incrementos del gasto público, parcialmente registrado en el déficit, por el papel anticíclico que el Estado debe desempeñar en tiempos de crisis para suavizar los efectos depresivos. De acuerdo con esta interpretación, el déficit no sería el resultado de un descontrol generalizado de la Administración pública, sino una inevitable consecuencia de la crisis económica. El Gobierno, de añadidura, subraya, con mal disimulada reticencia, los incrementos de gasto debidos a mandatos parlamentarios (como la modernización de las Fuerzas Armadas o las pensiones para los vencidos en la guerra civil) y a compromisos especiales (como los derivados del Acuerdo Nacional sobre Empleo). Ahora bien, forzoso es señalar que los pretendidos propósitos anticíelicos de la política presupuestaria no sólo no han relanzado la actividad económica, sino que han provocado una mayor inflación y un menor crecimiento. En cuanto a las lamentaciones del banco azul ante los compromisos de nuevos gastos asumidos por el Congreso de los Diputados, parece ocioso recordar, que el Gobierno cuenta con el grupo parlamentario más numeroso en las Cortes Generales que es un claro síntoma de mala gestión asumir obligaciones que, lejos de contribuir a encauzar la situación económica, pueden fácilmente dificultar los ajustes necesarios para su relanzamíento.

Tanto la defensa de la liquidación provisional del pasado ejercicio Presupuestario como las diversas explicaciones y excusas del Gobierno para justificar los incrementos del gasto público no parecen descansar sobre los pilares de una política económica elaborada, coherente, firme y previsora, que se proponga orientar a las fuerzas sociales, a los agentes económicos y a los grupos políticos para salir de la crisis. No es todavía seguro que el déficit de 1981 se mantenga por debajo de los 700.000 millones de pesetas, mientras que el déficit pre visible para 1982 superará muy probablemente los 900.000 millones. La financiación del déficit a través de la banca privada -vía bonos del Tesoro y certificados de depósito- garantizará a las entidades de crédito unos buenos resultados y les suministrará una cómoda coartada para seguir desinteresándose de la financiación de la actividad productiva.

Sería deseable que el Congreso de los Diputados cele brara, al reanudar sus sesiones, un debate a fondo en tor no a la actuación del sector público que permitiera cono cer su influencia sobre una economía que, pese a las muchísimas tareas pendientes de realizar, sestea en el estancamiento o inicia su marcha atrás con un elevado número de recursos sin emplear y con cerca de dos millones de trabajadores en paro forzoso. ¿Cuáles son las causas de los incrementos en el gasto público y qué papel corresponde en ese aumento a los gastos corrientes o falsamente productivos? ¿De dónde procede el elevado déficit de la Seguridad Social Agraria y cuáles son sus efectos? ¿Cómo se administra el seguro de desempleo y de qué forma van a instrumentar el Ministerio de Trabajo, las organizaciones patronales y las centrales sindicales la lucha contra el fraude en la percepción de ese subsidio? ¿No sería posible sustituir el Procedimiento inventado desde los despachos del Ministerio de Indusiria para financiar las reestructuraciones industriales sectoriales por otra fórmula menos burocrática y más barata, con la colaboración de los bancos privados y de la banca pública? Estas preguntas y sugerencias constituyen sólo un pequeño muestrario de las numerosas cuestiones que los diputados pueden y deberían plantear en la Cámara antes de discutir y aprobar una sustanciosa elevación de sus honorarios y dietas. La debilidad parlamentaria del Gobierno Calvo Sotelo y el comprensible deseo de la oposición de no provocar unas elecciones anticipadas al derribarlo obligarán seguramente a dejar para la próxima legislatura un buen número de proyectos de ley, especialmente aquellos en que resulte imposible la concerta ción entre centristas y socialistas. Ahora bien, los representantes de la soberanía popular podrían dedicar una mayor parte de su tiempo a proporcionar a sus elec tores una información amplia y comprensible sobre la situación y el futuro de la economía española, así como emprender un debate serio y exento de justificaciones apologéticas o de críticas demagógicas sobre la forma en que la Administración central, la Seguridad Social, las comunidades autónomas, la administración local y las empresas públicas gestionan los recursos colectivos y los impuestos de los ciudadanos.