La CEOE acusa a sindicatos y Administración de no querer reformar la Seguridad Social

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) acusó ayer al Gobierno y a los sindicatos de falta de voluntad ante la necesaria reforma de la Seguridad Social. A diez días del plazo fijado para que la comisión tripartita formada el 9 de noviembre informe el proyecto gubernamental, la representación empresarial entiende que sólo se ha avanzado en hacer diagnósticos del problema, uno de los mayores para la economía española. En caso de que se mantenga la falta de acuerdos el día 31, la opinión de la patronal es que el Gobierno debe promulgar con urgencia las normas reformadoras de verdad. "Eso sería cumplir", dice.En una conferencia de Prensa ofrecida ayer por los representantes de la CEOE en la comisión tripartita, el secretario general de la patronal, José María Cuevas, recordó que fueron los empresarios quienes consiguieron introducir en el Acuerdo Nacional sobre Empleo (ANE) el compromiso de reforma de la Seguridad Social.

El objetivo patronal era -y es- eliminar el carácter que tiene la Seguridad Social de impuesto sobre el trabajo y las exportaciones, debido a que en España los empresarios dicen aportar al sistema el doble que sus colegas europeos. Estas cargas no les son devueltas al exportar, contra lo que ocurre con los impuestos, fuente mayoritaria de financiación en otros países. Por tanto, las soluciones deberían venir por equiparar el modo de financiación español al de la Comunidad Económica Europea (CEE), mejorar la gestión y reducir el peso de las cotizaciones en el coste del trabajo (casi un 30% en total).

Sin embargo, siete meses después, la CEOE afirma que la Administración no ha abordado con seriedad la reforma, al limitar las propuestas a un documento inconcreto de treinta páginas, que ha recibido críticas de los sindicatos y de la patronal.

Diferencias teóricas

Técnicamente considera un tanto teórica la diferencia planteada en la comisión entre medidas de "mejora y racionalización" y "reforma". No admite, además, que se relegue desde 1986 hasta 1990 la adaptación en la Seguridad Socíal a la CEE, cuando España puede entrar en 1984. Y señala que relegar a dicho período el mandato constitucional de extender a todos los ciudadanos una mínima asistencia por parte de la Seguridad Social, empezando por la asistencia sanitaria, según la propuesta del Gobierno, "sería como dejar la reforma para los umbrales del año 2000". Sus críticas a la Administración se centran en promover el equilibrio financiero sin reducir las cotizaciones, no aplicar criterios de mayor competitividad privada y mejora de la relación coste-eficacia, e insistir sin explicación suficiente en querer reintegrar el seguro de desempleo dentro del sistema de la Seguridad Social. De otro lado, disgusta a la patronal que los sindicatos busquen reforzar el monopolio público para mejorar las prestaciones, no acepten disminuir las cotizaciones por temor a la degradación de las prestaciones, estén preocupados por la extensión progresiva de la Seguridad Social a todos los ciudadanos (porque han criticado la reciente incorporación de los religiosos), rechacen el sistema complementario libre antes de garantizar la suficiencia del régimen público y universal, reclamen elcontrol efectivo de la gestión (han pedido al menos un 51% de determinados órganos), se nieguen a introducir la competencia privada y propicien un sístema de revalorización de pensiones "que posiblemente cabría calificar de confiscatorio".José María Cuevas rechazó cualquier imagen de acuerdo para la privatización que relacione los propósitos de la Administración con los deseos de la CEOE: "El Gobierno trata de ampliar las recaudaciones, como cualquier mala empresa en pérdidas, y no para en medir cuál es la situación del mercado ( ... ). Navega progresando en las recaudaciones, eliminando los topes que hoy tienen las bases de cotización. Y las mayores aportaciones del Estado (pasarán este año de 215.000 millones a 350.000 millones de pesetas) no reducen las cuotas".

"En ningún sitio", prosiguió el secretario general de CEOE, "ha expresado la Administración la voluntad comprometida de abordar la reforma con medidas urgentes". Por el contrario, la representación empresarial ve que puede no abrirse de momento el proceso legislativo, contra lo previsto en el ANE; que parece progresarse en la socialización de la Seguridad Social, embargando más recursos.

"Se trata de expropiar más recursos con mayor decisión", dijo, "y eso en cualquier país de lentejas es socializar". La atribución de propósitos socializantes fue reíterada por Félix Mansilla, presidente de la Unión Española de Entidades Aseguradoras (UNESPA), quien los hizo extensivos a los sindicatos y a "una parte de la Administración". Estos, según él, entienden que el monopolio, si es público, es bueno.

Según el presidente de UNESPA, España tiene una Seguridad Social equivalente a los países europeos en peso económico. Pero aquí los trabajadores pagan cinco o seis puntos menos que en la media de las dos docenas de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.