Los dos últimos responsables de Fidecaya prestaron ayer declaración ante la Audiencia Nacional tras ser detenidos

El titular del Juzgado número cinco de la Audiencia Nacional tomó declaración en la mañana de ayer a Miguel Soriano Carrasco y Vicente Edmundo Alfaro Villén en relación con la querella interpuesta por el ministerio fiscal contra los responsables de Fidecaya por presuntos delitos de estafa, según informa Europa Press. Miguel Soriano y Vicente Edmundo Alfaro fueron detenidos ayer, el primero de ellos en Albacete y el segundo en Madrid. Fuentes del Ministerio de Hacienda confirmaron a este periódico que este suceso no afecta para nada a los actuales acuerdos de liquidación de la entidad.

A mediodía de ayer, según Efe, Soriano prestó declaración ante el juez en presencia de su abogado, José María Stampa y del fiscal jefe de la Audiencia Nacional. El juez decretó su prisión Incondicional y será trasladado a la prisión de Alcalá de Henares. Edmundo Alfaro, por su parte, prestó declaración por la tarde e iba acompañado por el letrado Santiago Segura Fern. Alfaro permanecía detenido a primeras horas de la noche de ayer, según la última agencia, y a disposición del juez que le había interrogado.Edmundo Alfaro fue presidente de Fidecaya durante cuatro meses, tras comprar esta entidad a Soriano Carrasco. Entre sus negocios más conocidos, destaca la empresa CEMESA (Conservaciones Electomecánicas, SA), constructora del complejo turístico-deportivo Puerto Príncipe de Benalmádena (Málaga) y concesionaria del servicio de retirada de vehículos del Ayuntamiento de Madrid.

Fuentes de la Administración recordaron que el Ministerio de Hacienda y la comisión liquidadora de Fidecaya (entidad de ahorro particular declarada a extinguir el pasado verano por el Gobierno después de que hubiera consumido su liquidez) han remitido tres paquetes de documentos al fiscal por si de ellos se pudieran derivar hechos delictivos. El primero de ellos fue tramitado a través de la Dirección General de Seguros, después de una inspección realizada a Fidecaya en 1980 cuando todavía era propietario de la misma el empresario Miguel Soriano Carrasco. El segundo, a finales del mes de agosto, coincidiendo con el nombramiento de la comisión interministerial encargada de liquidar Fidecaya. Y el tercero por la propia comisión, al descubrir a finales de 1981 que la empresa Gráficas Cosol, radicada en Guadalajara, y que en su tiempo llegó a imprimir los diarios El Alcázar y Mundo Obrero, era propiedad de Fidecaya después de una transacción realizada entre Miguel Soriano y Edmundo Alfaro.

Retirada de depósitos

Como se recordará, Soriano endosó Fidecaya a Alfaro en la pasada primavera al precio de una peseta por acción y a cambio de que el segundo se comprometiera a asumir las deudas de los negocios de Soriano, según las noticias que han trascendido hasta el momento. Posteriormente, Alfaro tuvo problemas de interpretación en torno a la situación de Fidecaya con la Dirección General de Seguros. Coincidentes con ellos trascendió una demanda de embargo contra los negocios de Alfaro, interpuesta por el grupo Hilders, que financió a CEMESA en la construcción del puerto deportivo de Benalmádena. Al conocerse estas noticias hubo tina retirada de depósitos de Fidecaya por valor de unos mil millones de pesetas, hasta el punto de agotar su liquidez.

Después de que el Gobierno decidiera liquidar Fidecaya, un grupo de ahorradores afectados, radicados en la zona levantina, presentó una querella demandando la quiebra de la empresa, con el fin de recuperar su dinero. El asunto correspondió por turno al Juzgado de Instrucción número cinco de Madrid, quien resolvió que no había lugar a la quiebra por no haberse declarado previamente insolvencia. El fallo fue apelado por los demandantes y posteriormente confirmado por el juez.

EL PAÍS trató ayer infructuosamente de ponerse en contacto con Edmundo Alfaro y sus representantes jurídicos para confirmar su citación a declarar. Un colaborador muy próximo dijo que había estado trabajando y almorzando normalmente fuera del despacho, pero efectuó dos llamadas telefónicas y de ninguna de ellas puede deducirse que hubiera prestado declaración judicial.

De otro lado, los medios consultados en el Ministerio de Hacienda y en la comisión liquidadora no pudieron precisar si la querella del fiscal general responde al primer paquete de documentos o a los posteriores.

Finalmente, el juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Madrid, que actuaba de guardia durante toda la jornada, declaró ayer a este periódico que no sigue ningún procedimiento ni había citado a declarar a persona alguna en torno al asunto Fidecaya.