Despido de un sacerdote secularizado por contraer matrimonio civil

El profesor Artemio Fernández González, licenciado en Ciencias Biológicas y sacerdote en trámite de secularización, ha sido despedido del colegio San Ignacio, de Ponferrada (León), por haberse casado civilmente. «Me casé a primeros de agosto de 1981, con la intención de contraer matrimonio eclesiástico en cuanto pueda. Hace más de dos años que pedí la dispensa del celibato sacerdotal por primera vez, y después he vuelto a rehacer la petición de nuevo, sin ningún éxito. Como vi que la concesión de la secularización iba para largo y que no podía aguantar más tiempo en esa situación decidí casarme. Cuando regresé al colegio para los exámenes de septiembre, me enteré de que no se me aceptaba, con la excusa de haber contraído matrimonio civil. Hablé entonces con el responsable directo del colegio, el señor obispo de Astorga, pero el intento fue vano. Se me dijo que no había nada que hacer y pusieron un sustituto en mi lugar. Así que este curso me he quedado sin trabajo sólo por haberme casado», cuenta, abatido y todavía incrédulo, el profesor despedido.

Se da la circunstancia de que la dirección del colegio San Ignacio ya conocía la intención de Artemio Fernández de dejar el sacerdocio cuando fue admitido. «Yo hubiese deseado tener la dispensa antes de haberme casado, pero todo el mundo sabe que Juan Pablo II ha suspendido las dispensas de celibato hasta que se publique una nueva normativa, y que ésta se está retrasando deliberadamente». Según parece, más de 6.000 peticiones de secularización descansan en los archivos vaticanos en espera de ser tramitadas, Desde que Juan Pablo II asumió el pontificado ningún sacerdote de la Iglesia católica ha podido abandonar los hábitos. Este hecho ha llevado a varios centenares de sacerdotes en vías de secularización hacia el matrimonio civil en diferentes países europeos. En España, concretamente, los sacerdotes casados por lo civil cuentan con el apoyo de las comunidades de base de sus respectivos barrios y han suscitado diversos movimientos de solidaridad. En 1979 se publicó un manifiesto-campaña «por los derechos humanos dentro de la Iglesia», que fue suscrito por conocidos teólogos y que posteriormente recibió más de cuatrocientas adhesiones de miembros del estamento eclesiástico.

El despido por motivos ideológicos dentro de los colegios religiosos o por el abandono de la institución religiosa, que a su vez regenta el colegio en el que el afectado daba clases, ha sido frecuente en los últimos años y ha originado gran oposición entre las asociaciones de padres y entre los mismos alumnos. Uno de los primeros casos de despido más polémicos ocurrió en Madrid, en el colegio Amorós, de los marianistas, en 1978. Coincidiendo con su abandono de la Compañía de María, propietaria del colegio, los profesores Francisco Granados y Moisés Ruano fueron expulsados del centro, achacándoles ideas progresistas y «discrepancias con el ideario».

Una de las razones por las que las comunidades cristianas de base defienden la escuela pública es porque en ella se atenúa la discriminación laboral por motivos de conciencia.