Agresiones y amenazas contra algunos denunciantes de las irregularidades producidas en la Caja Rural de Santander

Tres altos directivos de la Caja Rural de Santander agredieron, a las tres de la tarde del pasado día 12, al presidente del comité de empresa de la entidad bancaria, Javier Mena. Horas antes de producirse los hechos se habían visto, ante el Juzgado-número 3 de Santander, las diligencias previas incoadas en razón de la presentación de una querella criminal contra el director general de la caja, Tomás Mier, por presunta falsificación de documento mercantil y estafa en relación con una cuenta de 25 millones de pesetas y diversos movimientos de caja en la cooperativa rural de Ajo-Bareyo, que hacía tiempo estaba prácticamente inactiva.Tanto el presidente como el secretario de la esta cooperativa, Nicolás Pellón y Marcos, negaron haber solicitado ningún crédito de la Caja Rural ni haber firmado cheque alguno. También negaron que tuvieran conocimiento de la existencia de esa cuenta bancaria.

Por su parte, ante los documentos presentados sobre un crédito de 22 millones de pesetas a nombre de la cooperativa de Ajo-Bareyo, contra la que se libró un cheque por importe de cuatro millones de pesetas con la firma simulada de los citados directivos, el director general de la Caja Rural, Tomás Mier, reconoció que la citada cuenta estaba abierta únicamente a efectos contables, pagándose con cargo a ella extratipos de interés a diferentes impositores.

Amenazas a los portavoces

La denuncia de estos hechos, con la publicación de sus correspondientes documentos, fue realizada por la llamada "comisión de seguimiento de las irregularidades de la Caja Rural", formada por los sindicatos agrarios, por las centrales sindicales de Cantabria y por los partidos PSOE, PCE y Partido Regionalista, cuyos portavoces han sido amenazados el martes por el mismo grupo de directivos de la Caja Rural que agredió al presidente del comité de empresa, golpeado y derribado al suelo en el vestíbulo de la entidad al abandonar su puesto de trabajo después de finalizar su jornada. La agresión fue protagonizada por, al menos, tres directores de sucursales provinciales de la Caja Rural.Minutos antes, otro grupo de directivos, entre los que se encontraba el director de la oficina de Torrelavega y alcalde de Cabuérniga, José María Mier, terminaba una serie de visitas a miembros de la comisión de seguimiento, a los que se amenazó gravemente, amenazas que en el caso del presidente del comité de empresa llegaron a la agresión, dando con su cuerpo en el suelo. Después de los hechos, el representante sindical fue ayudado por otro miembro del comité de empresa y un subdirector general, quienes le acompañaron a la salida para evitar una posible repetición de la agresión.

Javier Mena manifestó que no pensaba presentar denuncia de este suceso, dado que ya han sido numerosas las veces que lo ha hecho, tanto en la comisaria de policía de Santander como en el Gobierno Civil, sin que, "como muestran los hechos, se hayan tomado medidas para evitar su repetición". El miércoles, algunos de los miembros de la comisión de seguimiento de las irregularidades de la Caja Rural y algunos políticos de la región, que vienen pidiendo el esclarecimiento de los hechos -entre ellos, los diputados regionales Adolfo Linares, del PSOE, y Esteban Solana, del PRC-, recibieron la oferta de protección policial preventiva, mientras que fuerzas de la Policía Nacional patrullaban por el exterior de la Caja Rural y era llamado a declarar a la comisaría de policía alguno de sus directivos.

La posibilidad de que pudieran darse estas agresiones fue advertida ya por el secretario general del PSOE de Cantabria y diputado, Jaime Blanco, en su interpelación al Gobierno. Jaime Blanco calificó los hechos que estaban ocurriendo en la región "como propios de Chicago o de los peores tiempos de Sicilia", pidiendo al ministro de Economía que resolviese cuanto antes los expedientes abiertos contra la Caja Rural y sus directivos como único camino para encontrar una salida a esta situación.

Posteriormente, otro diputado cántabro, Ciriaco Díaz Porras, del grupo de Fernández Ordóñez, declaró que su ex compañero de partido y líder de UCD de Cantabria, Justo de las Cuevas, le había autorizado a transmitir unas amenazas gravísimas contra los redactores de uno de los boletines de la comisión de seguimiento, en el que se reproducían varios documentos que demostraban las conexiones del líder centrista con las irregularidades de la Caja Rural.

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, García Díez, reconoció ante el Congreso de los Diputados la existencia de estas irregularidades.