Salario minimo, tarifas máximas

El Gobierno ha respondido negativamente a la petición de las centrales sindicales de estar presentes en el pleno de la Junta Superior de Precios, olvidando, su compromiso en tal sentido establecido en el ANE. El autor de este artículo, desde una óptica sindical, concluye que existe una clara actitud gubernamental de evitar que,los sindicatos tengan la posibilidad de "hurgar" en la política de precios de aquellos grupos que condicionan la política económica española.

En la última reunión de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Nacional sobre Empleo (ANE), el representante del Gobierno, apoyado por el silencio de los representantes de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), se negó a "hacer efectiva la representación en la Junta Superior de Precios de las organizaciones empresariales y centrales sindicales más representativas", tal y como establece el propio acuerdo en su apartado VI-2. Tan tenaz fue su oposición a cumplir lo acordado, que el tema quedó relegado a una nueva reunión inmediata de carácter extraordinario.A la reiterada demanda de los sindicatos de por qué no podíamos estar presentes en el órgano máximo -es decir, el pleno- de la Junta Superior de Precios, cuando el Gobierno se había comprometido a ello en el ANE, su representante respondió, una y otra vez, que tal situación no tenía precedentes y que resultaba anómala. Argumentos francamente, peregrinos para ocultar la decidida voluntad del Gobierno de evitar que los sindicatos entren a hurgar en las tarifas de las eléctricas, de las autopistas o de otros grupos,,que condicionan la política económica de este país. Y, sobre todo, para manipular la cláusula de revisión contemplada en el ANE a su conveniencia. ¿Qué credibilidad puede tener, señores del Gobierno, la cláusula de revisión del 6,09% establecida en el punto II-3 del ANE, si ustedes se niegan a que estén presentes los sindicatos en la Junta Superidr de Precios? Hay que pensar que, justamente, intentan evitarlo para maniobrar a su antojo, retrasar la aprobación de ciertos expedientes de precios y manipular así el índice de precios al consumo (IPC) de los seis primeros me ses de 1982.

Pues menos mal que son los llamados socialdemácratas de UCD los que controlan el área económica del Gobierno, que si no cualquiera sabe lo que intentarían colamos los que abiertamente sí se llevan bien con los empresarios.

Viene todo esto a cuento de la discusión en la última reunión de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos sobre el salario mínimo y las tarifas eléctricas. Una prueba más de lo poco que cuentan los sindicatos en este país: no se les quiere dejar entrar a discutir las tarifas eléctricas y su opción preceptiva sobre el salario mínimo interprofesional parece convertirse en papel mojado.

Somos muchos los ciudadanos de este país que nos preguntamos: ¿será posible que el salario mínimo suba el 11 % y las tarifas eléctricas el 18,5%?

Con respecto al salario mínimo interprofesional, el ANE, en su apartado 11-7, deja claramentesefialado que se establecerá conforme a los criterios incluidos en el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores y que no se verá afectado por el sacrificio establecido en el acuerdo para las demás rentas salariales y para las pensiones.

En base a las premisas señaladas, parecería lógico pensar que la actualización del salario mínimo interprofesional para 1982 nunca podría ser inferior al 12%, que es el porcentaje de inflación prevista para este año, sobre todo si tenemos en cuenta que en 1981 los trabajadores afectados por el mismo han perdido más de un punto de poder adquisitivo.

A mayor abundamiento, la productividad media por asalariad o ha aumentado un 3,6% en el período 1979-1981 -como consecuencia de las importantes reducciones producidas en el empleo-, lo que unido a la pérdida en el poder adquisitivo de los salarios está produciendo una recuperación en el excedente de explotación de la economía.

Si a todo ello añadimos la caída del consumo durante el año ante' rior, que ha condicionado de manera fundamental el bajo incremento del PIB, así como las modestas previsiones para el año entrante, tendremos que concluir quela propuesta de subir el salario mínimo el 11%. no se ajusta a un criterio precisamente objetivo, ni aceptable para los trabajadores.

Por último, el que el precio que estemos comparando con el salario mínimo sea precisamente el de las tarifas eléctricas, aumenta si cabe la irritación que puedan sentir los trabajadores, ya que se trata de un sector muy significativo por el carácter social de su financiación, su funcionamiento, su producción y el carácter privado de su beneficio. El que las tarifas puedan subir por encima de los costes de producción, claramente hinchados en la petición de modificación de tarifas, supone una financiación de las inversiones, vía precios y no vía endeudamiento, con lo que se escamotea al usuario su parte de propiedad en el capital empresarial así formado. Algunos a esto lo llamarían explotación del consumidor, y otros pura y simplemente. explotación.