La autonomía, vía de cambio para Madrid

Concluido felizmente el proceso de adhesión de los municipios a la iniciativa autonómica de Madrid (al que UCD y un grupo de municipios independientes han aportado más de cien adhesiones), queda abierto el camino de la autonomía madrileña.Para UCD, la autonomía de Madrid tiene su fundamento en el respeto a la propia autonomía de los municipios y en el equilibrio y la solidaridad entre la gran ciudad y los pueblos de Madrid; y tiene como protagonistas y beneficiarios a todos los madrileños y, en su nombre, a los ayuntamientos, que son la organización política y social esencial de la comunidad madrileña.

UCd entiende la autonomía de Madrid como el proceso de cambio máximo de una organización político-administrativa secular hacia un sistema moderno de gobierno y de gestión de los intereses de la capital de España y de los intereses de la región madrileña, en beneficio de sus ciudadanos.

Desde esta perspectiva no es preciso insistir en que para Madrid es obvia la indudable unidad de la nación española como soberanía única del pueblo español y como patria común e indivisible de todos los españoles, pues se da cobijo en la villa de Madrid a la capital del Estado y la cabecera de múltiples servicios públicos nacionales está en nuestra provincia.

La autonomía pretende la configuración de una organización política nueva, con la transferencia del poder (político y administrativo) por parte del Estado y de otras comunidades. Transferencia del poder al pueblo de Madrid, que ha de producirse en el plano normativo, en el administrativo y en el financiero, siendo preciso reconocer que la capitalidad hace que estas transferencias tengan por objeto materias concurrentes con los servicios del Estado y que, por ello, en mayor medida que en otras comunidades autonómicas, en la madrileña el Estado habrá de retener para sí determinadas competencias, sin desdoro para el Gobierno autonómico.

UCD pretende que, con la autonomía, la provincia de Madrid adquiera el poder suficiente y lo institucionalice de modo que quede al servicio de la mejora del nivel y de la calidad de la vida de nuestros pueblos y de nuestras ciudades.

Justicia en la distribución

Hoy, económica y socialmente, los desequilibrios territoriales, dentro de la provincia de Madrid, nos sitúan ante una moderna sociedad industrial y de servicios y ante otra rural, agraria y ganadera, alejada del nivel de equipamiento, dotaciones y cultura, imprescindible en una sociedad justa e igualitaria.

Por estas mínimas constataciones, la autonomía de Madrid, en aras de un sobrio realismo y de una vocación de cambio, ha de llevar a cabo la justicia distributiva, indispensable en un Estado social y democrático de derecho, como el nuestro, dando más a quien menos tiene; igualando a los pueblos respecto de la gran ciudad en su calidad de vida.

Con esta concepción, ¿cuáles son los objetivos generales del Gobierno autonómico de Madrid para UCD? Obtenido el autogobierno y la descentralización, se trata de:

- Incrementar la participación de los madrileños en la gestión de sus asuntos públicos.

- Lograr el apoyo del Estado para hacer realidad el principio constitucional de la solidaridad interregional o interprovincial, y

- En suma, alcanzar una vida en común, más rica y vigorosa, en lo sustantivo, y más democrática y estimulante en lo espiritual. ¿Cómo deben conseguirse estos objetivos? A nuestro modo de ver, el primero de ellos robusteciendo la actuación de las comunidades locales, de nuestros ayuntamientos, que están y son impacientes en su deseo de participación política, y aún más en Madrid, donde sus representantes saben bien de las dificultades de la gestión en solitario de los asuntos municipales, y donde es grave y notorio que los partidos de izquierda están probando cada día más su ineficacia e incompetencia y su falta de preparación para resolverlos.

Los partidos de izquierda pretenden convertir la autonomía de Madrid en otro tipo de centralismo (ahora socialista y marxista), provocando la alienación política de los ayuntamientos. UCD sostiene que el nuevo ente autonómico de Madrid debe asegurar el protagonismo municipal y dotar políticamente a los ayuntamientos de los medios para ejercerlo.

En segundo lugar, el Gobierno autonómico de Madrid deberá obtener del Estado nuevos recursos económicos, a sumar a los que ya se poseen y que se integrarán en una hacienda autonómica, superando la alienación económica actual de los recursos, dependientes de la Diputación Provincial, o absorbidos en demasía por el Ayuntamiento de Madrid, organismos, también actualmente gobernados por la coalición socialistas-comunistas.

Sólo desde una gestión común y ampliamente representativa de esta hacienda será posible lograr la corrección de los desequilibrios entre la megápolis y la provincia.

Por último, si no queremos, como ciudadanos españoles, aceptar que la provincia de Madrid mantenga una desproporción como la actual de bienestar entre unos y otros núcleos de población, necesitamos decidir por nosotros mismos la aplicación prioritaria de nuestros recursos a aquellos ayuntamientos y a aquellas necesidades ciudadanas aún insatisfechas, y permitirnos así, obtener a nosotros mismos, en el menor plazo posible, el nivel de calidad de vida mínimo e imprescindible en una sociedad avanzada y pluralista.

Participación de todos

Mas insistimos: estos objetivos sólo pueden alcanzarse con la participación de todos los madrileños a través de sus ayuntamientos y con el debido respeto a esta organización territorial básica existente. En caso contrario, se producirá una nueva forma neocolonialista de la provincia, por la gran ciudad; una colonización política, basada ahora en la descentralización de competencias, concentradas en una nueva y única estructura de poder.

Sin este cambio fundamental en la concepción y en la ejecución de la política autonómica de Madrid será ilusorio pensar que pueden ser satisfechas las preocupaciones, las necesidades y los objetivos básicos autonómicos, pues si,no lo son al nivel de su base, esto es, allí donde interesa para la vida cotidiana de los ciudadanos, en los ayuntamientos, no lo puede ser para la región-provincia de Madrid.

Por eso, sostenemos que la autonomía en curso es la ocasión de Madrid para crear una instancia de diálogo y de resolución de los problemas, racional y coherente, pero posible únicamente si se cuenta también con la colaboración oportuna y eficaz de los agentes más directamente interesados: los ayuntamientos de la provincia de Madrid.