La Constitución y el jurado
«Si el pueblo español pudo ser en otras ocasiones espectador indiferente del acontecer político dócil seguidor de iniciativas sin futuro o fácil secundador de facciones, hoy es sereno garante de la libertad y firme guardián de la democracia».Son palabras textuales, aún calientes, del presidente de las Cortes Generales, Landelino Lavilla, ante diputados y senadores congregados en el hemiciclo para rendir público homenaje al pueblo español, que, consciente de su protagonismo, refrendó mayoritariamente la Constitución el 6 de diciembre de 1978, hace ya tres años...
Sin embargo, y desgraciadamente, el presidente de las Cortes, al enumerar los logros constitucionales alcanzados desde dicha fecha, no pudo incluir el desarrollo legislativo del artículo 125 de la Constitución, que, a través de la institución del Tribunal del Jurado, garantiza la habitual y efectiva participación ciudadana en la vida democrática a través de la justicia penal, que por la calidad de valores que comporta es la justicia por antonomasia.
Entre los muchos motivos que exigen, ya, el «desaparcamiento» del Jurado, sumido en un consciente letargo legislativo, están -aparte del propio compromiso constitucional de que la participación ciudadana en la gestión de sus propios intereses no sea mero estilismo político- el indispensable equilibrio procesal entre acusación y defensa, negado por el principio que hemos convenido en denominar in dubio pro fiscal, producto del carácter funcionarial y encastado de judicatura y fiscalía; las dificultades, muchas veces insuperables, para el ejercicio de la acción popular ante las enormes barreras económicas exigidas por algunos jueces; la persistente anormalidad en el funcionamiento de nuestros tribunales por falta de organización y recursos que, en gran medida, deviene del desinterés político por el más trascendental de los poderes del Estado; la manifiesta incapacidad para acomodar, rápida y eficientemente, la legislación penal a las palpitantes necesidades de la sociedad; la inaplazable obligación de incorporar la mujer a las funciones comunitarias por imperativo de su presente protagonismo en todas las magnitudes de la vida actual, pero ausente, no obstante, de adecuado y proporcional reflejo en la justicia; falta de credibilidad de nuestra Administración de justicia, que, preñada aún de ancestrales esoterismos, se halla muy alejada, tanto en forma como en fondo, del sentir ciudadano; los peligros de una creciente politización de las magistraturas profesionales; la inobservancia en sentido estricto de los principios procesales de oralidad, inmediación y publicidad postulados en nuestra Constitución como garantías del individuo; la necesidad de robustecer el criterio de la justicia como función de servicio social; la sumisión únicamente al juez natural, ordinario y, en fin, combatir el creciente abstencionismo político del pueblo, producto del desencanto y desinterés ante tantas promesas verbales, olvidadas paladinamente en la vía de los hechos; trato que, desde luego, no merecen quienes han dado en el presente tantas muestras de irreprobable conducta cívica.
No significa un "tribunal popular"
A ver si de una vez entienden nuestros políticos que la institución del jurado no significa, ni mucho menos, la instauración del denominado «tribunal popular», de infausta memoria; sino que, muy al contrario, consiste en sumar a la técnica jurídica, confiada a los jueces profesionales, el valioso bagaje de la equidad emanada de la consciencia popular. Precisamente con el jurado, la judicatura profesional alcanza la cúspide de su prestigio y reconocimiento social, y seguros estamos que son muchos los jueces españoles que ven con agrado dicha colaboración ciudadana en la pesada e incomprendida tarea jurisdiccional que pesa hoy únicamente sobre sus endebles espaldas.
Por otro lado, tengamos también presente que el jurado funciona perfectamente y sin necesidad de leyes ni tribunales especiales en países de mucha mayor conflictividad que el nuestro. Las «mafias» organizadas, por ejemplo en Estados Unidos, dejan en pañales a nuestras más feroces bandas armadas y grupos terroristas... y allí el jurado no sólo no se amilana ni acobarda, sino que es la mayor garantía de estabilidad democrática.
Si queremos que el pueblo -efectivamente- sea protagonista de su historia y no distante y desilusionado espectador, invitémosle urgentemente a mantener la democracia sintiéndose partícipe activo de su propia justicia, que, a fin de cuentas, no es más que otro nombre dado a la libertad.
