La precaria solidaridad de los siete grandes de la banca facilita la apertura al público de la deuda del Estado a corto plazo

La crisis del Banco de los Pirineos, cuyos depositantes recibirán 3.000 millones de pesetas del Fondo de Garantía de Depósitos la próxima semana, las negociaciones con la Administración sobre las futuras emisiones de deuda pública, la superpastoral y la vivienda centraron las conversaciones entre los presidentes de los siete grandes bancos que celebraron el lunes pasado una edición más de sus almuerzos periódicos de trabajo. La reunión, a la que también asistió Rafael Termes presidente de la Asociación Española de Banca Privada (AEB), fue más corta de lo habitual debido al compromiso de José María Aguirre Gonzalo, presidente del Español de Crédito, para presentar a primeras horas de la tarde un forum económico organizado por la revista Dinero.

Aguirre Gonzalo invitó al resto de los presidentes a trasladarse del almuerzo al citado forum, y algunos como el presidente del Popular, Luis Valls, o el del Central, Alfonso Escámez, así lo hicieron. Minutos después algunos de ellos conocieron con visible desagrado el ranking de la banca privada publicado por la revista organizadora del acto.La postergación del Banco Popular al número ocho entre los grandes, por detrás del Banco Exterior de España (el más público de los bancos privados), disgustó profundamente a sus dirigentes "ya que los activos totales del Banco Exterior están engordados artificialmente por dotaciones públicas a la exportación y créditos oficiales").

En el almuerzo, por otra parte, volvieron a ponerse de manifiesto los diferentes intereses y estrategias entre los siete grandes, ya apuntadas en reuniones anteriores, y muy especialmente entre los cuatro mayores (Español de Crédito, Central, Hispano Americano y Bilbao) que se ven y hablan bilateralmente cada semana y el resto (Vizcaya, Santander y Popular).

Distintos temores

La firmeza frente a la Administración, en su pretensión de abrir al público las emisiones de deuda del Estado a corto plazo, difiere incluso entre los cuatro primeros bancos del país. El Banco de Bilbao por ejemplo, según una confidencia hecha por uno de sus consejeros, no está en principio muy interesado en afrontar una dura batalla con la Administración por el tema de la deuda a corto.

Rafael Termes, sin embargo, considera muy grave para la banca la aceptación de una apertura al público de la deuda a corto plazo. La emisión de los 120.000 millones previstos en los Presupuestos para 1982 podría suponer, ajuicio de expertos del sector, un recorte importante en la parte de las disponibilidades líquidas previstas para el sector privado. "Qué coloquen entre el público la deuda a corto, sí lo desean; pero que mantengan al mismo tiempo las disponibilidades líquidas previstas", concede algún medio bancario. La apertura de este mercado, hasta ahora restringido a instituciones crediticias, afectará al sector bancario, ya que la diferencia entre los intereses remunerados por ésta a los depósitos y los que puede percibir el inversor por colocar los mismos en deuda a corto del Estado puede rondar los dos dígitos.

Frente a estas tesis, sectores empresariales y de la Administración sostienen que sería muy beneficioso abrir al público el mercado de la deuda a corto. Ello obligaría a elevar los tipos de interés del pasivo y fomentaría una mayor competitividad en el mercado. Fuentes bancarias arguyen una vez más, en este punto, lo gravoso que les resultan a ellos los coeficientes de inversión obligatoria y se quejan de que la Administración los mantenga.

La emisión de 127.000 millones de deuda interior a largo no va a presentar problemas, por el contrario, y va a salir asegurada por la banca privada. La caída de la demanda de crédito y los intereses con que el Estado retribuye los depósitos son circunstancias nada desdeñables para la banca privada a la hora de asumir el aseguramiento de la deuda pública a largo.

Banco de los Pirineos, primer aviso

La suspensión de pagos del Banco de los Pirineos, interpretada en medios bancarios solventes como un primer aviso de lo que podría ocurrir en una segunda crisis bancaria, fue el segundo punto del informal orden del día que mantuvo reunidos en torno a una mesa del Banco Español de Crédito a los siete grandes. Al parecer hubo unanimidad en apoyar la actitud mas estricta adoptada por el Fondo de Garantías de Depósitos, en el que la banca privada participa al 50% con el Banco de España, debido a las circunstancias especiales que concurrían en el caso.

La nueva estrategia de mayor exigencia a los bancos en crisis ha caído relativamente bien entre los siete grandes -algunos de los cuales han manifestado en repetidas veces en público que "el que la hace la paga" -aunque ha supuesto una mala propaganda para los pequeños. Medios próximos al Fondo han rechazado las acusaciones de haber dado un trato discriminatorio al Banco de los Pirineos por ser catalán ya que previamente habían entrado en el mecanismo de acordeón -reducción y ampliación de capital-, salvamento y adjudicación tres bancos genuinamente catalanes como el Banco Industria del Mediterráneo, el Banco Catalán de Desarrollo y el Banco de Madrid.

Por otra parte, fuentes muy próximas a algunos de los asistentes al almuerzo del pasado lunes han insistido en que ni el Banco de España, que tienen funciones de inspección y control, ni el Fondo, que está obligado por ley a devolver depósitos de hasta un millón y medio de pesetas, tienen por qué garantizar la supervivencia de todos los bancos en crisis.

Sin embargo, hasta ahora el Fondo había preferido comprar los bancos por considerar que la operación de salvamento le permitiría recuperar una parte de las pérdidas ocasionadas por la devolución de los depósitos. El Fondo exigió unas condiciones al Banco de los Pirineos semejantes a los anteriores casos, entre las que destacan la adquisición del 51% del capital y las garantías suficientes para cubrir las posibles pérdidas en caso de liquidación, así como un esfuerzo financiero a los propietarios.

La falta de respuesta del banco y la inaudita ocultación en la contabilidad de avales por valor de 2.500 millones de pesetas -casi la mitad de sus depósitos totales- inclinaron al Fondo a no salvarlo. Ha sorprendido a los siete grandes que el Banco de España no haya descubierto a tiempo esta ocultación de avales mediante sus inspecciones rutinarias. El Banco de España se defiende argumentando que para estos casos precisaría de policías más que de inspectores y resalta la importancia de la sugerencia que hizo en repetidas cartas a los bancos para que se sometieran a auditorías externas. De los siete comensales solo uno no ha decidído aún someterse a la auditoría externa.

La sentencia quedó dictada en el momento en que el consejo de administración decidió presentar ante el juzgado la solicitud de suspensión de pagos. El Fondo inició los trámites para devolver los depósitos de hasta un millón y medio de pesetas, según le obliga la legislación vigente, y los clientes comenzarán a recibir los cheques con cargo al Banco de España durante la próxima semana.

Una vez devueltos unos 3.000 millones de los 5.000 que tenía el Banco de los Pirineos, no parece hab er posibilidad práctica de reflotarlo, según fuentes bancarias. Las mismas señalan que aunque legal y teóricamente sea posible levantar la suspensión de pagos, resulta inverosímil, ya que si abrieran las ventanillas una gran parte de los clientes retirarían inmediatamente sus depósitos.

El tercer tema tratado por los siete grandes, ya en el segundo plato, fue el retraso de la superpastoral retenida por el Ministerio de Hacienda por razones fiscales y que si no se aprueba antes del día 31 de diciembre obligará a prorrogar la anterior circular (número 157) sobre este tema. Fuentes del Banco de España creen aconsejable esperar ya al primer trimestre de 1982 para establecer las nuevas normas que exigen mayores dotaciones para saneamientos, aunque ello suponga una reducción de los impuestos de la banca.