Los entes autonómicos reclaman precisiones al Gobierno sobre sus atribuciones sanitarias

Los consejeros de Sanidad de los entes autonómicos y preautonómicos han acordado, en su tercera reunión nacional, clausurada el pasado fin de semana en Tenerife, instar al Gobierno para que, con carácter urgente, elabore y remita al Parlamento un proyecto de ley de bases de la sanidad, considerado como un paso previo para que las comunidades autónomas conozcan sus verdaderas atribuciones en dicha materia.

Asimismo han coincidido en la necesidad de que sea derogado el Real Decreto 222/78, de 25 de agosto, por el que se establece que el mapa sanitario del país ha de ser realizado por las comisiones provinciales, con el fin de que sean las propias comunidades autónomas las que diseñen el mismo para una más adecuada racionalización de los servicios sanitarios en sus territorios. Estas demandas serán planteadas por los consejeros el próximo miércoles a los ministros Manuel Núñez, de Sanidad y Consumo, y Rafael Arias-Salgado, de Administración Territorial.Los responsables de las Consejerias de Sanidad han puesto de relieve ante la Administración que el hecho de que la salud pública haya sido la primera competencia asumida por las comunidades autónomas ha despertado una gran demanda por parte de los ciudadanos, que exigen un aumento de los servicios sanitanos, y esto crea la urgente necesidad de que por, por parte de la Administración, se arbitren medidas económicas para satisfacer las expectativas. En consecuencia, los consejeros piden que se ponga fin al actual estado de conflicto entre los funcionarios de las administraciones periférica y central, al no estar clarificados los ámbitos de su gestión.

En las conclusiones figura también, como novedad, la conveniencia de que se inicie una campaña educativa sobre temas sanitarios dirigida a profesores de EGB, asociaciones de padres de alumnos y vecinos, a partir de la experiencia llevada a cabo por la Consejería de Sanidad de la Junta de Canarias.

Los consejeros de Sanidad han resaltado en Tenerife la necesidad de un control coordinado a nivel nacional para lograr una higiene alimentaria que evite los graves casos que se han producido en el consumo recientemente, y han propuesto al Gobierno la derogación de los reales decretos sobre coordinación y planificación sanitaria y registro sanitario de alimentos, al no tener, en su opinión, rango suficiente para ser aplicados.