Favorable acogida civil y militar al alegato de Landelino Lavilla en defensa de la Constitución

El Parlamento cerró ayer las conmemoraciones del tercer aniversario de la Constitución de 1978 con un solemne acto conjunto de las dos Cámaras, en el que el presidente del Congreso de los Diputados, Landelino Lavilla, pronunció un discurso, acogido muy favorablemente por todos los grupos parlamentarios y los asistentes civiles y militares al acto. Lavilla invocó al pueblo español como garante de la libertad y firme guardián de la democracia frente a quienes, entre otros procedimientos «por las fuerzas de las armas», pretenden erigirse en «jueces y árbitros políticos».

El discurso institucional -Landelino Lavilla hablaba en condición de presidente del Congreso- fue considerado por los líderes políticos de la oposición como excelente y oportuno. Desde la izquierda y los grupos nacionalistas se acusó Ia falta de firmeza y energía demostrada por el Gobierno contra los intentos involucionistas, puesta ayer de manifiesto por el contraste con la enérgica y clara declaración parlamentaria contra los enemigos de la democracia, que obtuvo el aplauso generalizado, incluido el de los más altos representantes de la línea de mando militar.Durante la recepción que siguió al acto parlamentario, el líder socialista Felipe González denunció la falta de un complemento para el discurso de Lavilla: la acción de gobierno para frenar los movimientos involucionistas de carácter minoritario. Los restantes representantes de los grupos parlamentarios destacaron también la trascendencia del discurso y la conveniencia de que el Gobierno actúe en coherencia con las manifestaciones del máximo representante de la institución parlamentaria. Solamente el portavoz de Coali'ón Democrática, Manuel Fraga, ahorró los comentarios y se limitó a calificar el discurso de «bueno», negándose con su habitual energía a añadir ningún otro juicio.

Landelino Lavilla explicó la Constitución como el fruto de un diálogo pacífico entre las fuerzas políticas, demandado por el pueblo desde diferentes posiciones ideológicas, en evitación de que España se convirtiera en objeto de litigio entre quienes, dogmáticos e intolerantes, «no saben afirmar sus ideas sin arrasar violentamente las ajenas». Desde esta perspectiva, el presidente del Congreso aseguró que «cualquier intento de mutilar los derechos fundamentales y las libertades públicas en España sería contra el sentido de la Historia y contra la voluntad del pueblo; sería, por lo mismo, rigurosamente inútil».

Atribuyó los errores observados durante la etapa de vigencia de la Constitución más a la hondura crítica de los problemas y a la fragilidad de las personas «que a deficiencias del régimen constitucional establecido", y calificó las actitudes negativas, pesimistas o nostálgicas como "rigurosamente reaccionarias".

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Editorial en página 10