Intereses políticos en la pugna por el control de la Caja de Ahorros de Leon

La pugna por el control de la Caja de Ahorros de León en vísperas de la renovación, que deberá tener lugar en enero, de los principales cargos directivos desembocó esta semana en un intento de expulsar de la misma al actual presidente, Julián de León, a instancias de su antecesor en el cargo, que cuenta con el apoyo de Alianza Popular y de sectores empresariales vinculados a la dirección de la patronal leonesa (Fele). El intento coincide también con la modificación de los estatutos de la Caja, que tuvo lugar el pasado sábado en una junta general extraordinaria, con vistas a su democratización.

La Sociedad Económica de amigos del País de León, fundadora de la Caja, acordó el jueves, en una tumultuosa asamblea, que finalizó pasada la medianoche, abrir un expediente disciplinario previo a la expulsión, a dos de sus socios, Julián de León y Joaquín López Contreras, que ostentan, a su vez, la presidencia y, la vicepresidencia de la entidad financiera, precisamente en representación de dicha sociedad. La iniciativa tenía como objetivo forzar el cese de estos últimos, al privárseles de toda representatividad.El acto estuvo materialmente "dirigido" por el anterior presidente de la Caja, Emilio Hurtado, veinticinco años en el cargo y otros diez en el consejo de administración, que durante cerca de dos horas intentó convencer a la asamblea de que ratificara el citado expediente disciplinario, lo que Finalmente tuvo lugar por 228 votos a favor y 116 en contra.

A la asamblea habían asistido menos de 150 personas, muchas de las cuales abandonaron el lugar antes de la votación. En los resultados de ésta influyeron decisivamente los votos por delegación que aportaba el primero -inicialmente, 368-, parte de los cuales le fueron retirados durante el acto, y que motivaron las protestas de un sector de los asistentes.

Entre éstos se encontraba un numeroso grupo de militantes y altos cargos de Unión de Centro Democrático y Alianza Popular de León, incluidos los secretarios provinciales de ambos partidos.

El interés de los grupos políticos por el control de la Caja de Ahorros es manifiesto -ésta maneja unos 50.000 millones de pesetas, equivalentes a la tercera parte del ahorro provincial-, lo que la convierte en la primera palanca de poder en la provincia leonesa.

Se da la circunstancia además de que el próximo mes de enero deberán convocarse nuevas elecciones a la presidencia, en las que tendrá una influencia decisiva el "reparto" que los nuevos estatutos conceden, en cuanto a votos, a las distintas sociedades ciudadanas, benéficas, comerciales y ayuntamientos representados en la asamblea general de la Caja.

En este contexto, la Sociedad de Amigos del País de León está considerada como la "puerta por la que tanto AP como la patronal pensaban acceder a la asamblea.

El hecho de que su representación haya sido rebajada drásticamente de dieciséis a sólo cinco consejeros, que además van a ser barridos de los órganos de gestión (consejo de administración) con la modificación de los estatutos, explica el interés de cada grupo en la polémica, que en las próximas semanas podría generar serias tensiones tanto en medios empresariales como políticos con una "guerra de dossiers" que ya se han intentado filtrar a la Prensa.