La situación de la economía española

La atonía y actitud de espera de la economía española es objeto de preocupación por un amplio sector de los economistas, que creen ver. en el Gobierno gran parte de responsabilidad. Una gestión desafortunada, junto a la caída del ritmo de crecimiento, el paro, la falta de ahorro y otros factores, son repasados en este análisis de coyuntura.La economía española, en estos momentos, aparece caracterizada por un proceso de atonía y actitud de espera, consecuencia de una gestión desafortunada.

Los efectos más significativos de nuestra crisis económica, escandalosa en sus manifestaciones y duradera en el tiempo, son:

1. Caída vertical del ritmo de crecimiento del producto interior bruto. El hecho cierto es que acaba de concluir la década de los setenta en plena fase de estancamiento y sin que apunten, por el momento, síntomas de una mejora en la situación. De esta manera, una economía que había venido reduciendo sensiblemente sus distancias respecto de los demás países industriales de Europa prepara su integración en ella en plena fase de estancamiento.

2. Aumento espectacular del paro. En 1975 la economía española proporcionaba empleo a 12,5 millones de personas. En 1980, sólo a 11,2 millones. Sólo en 1980, la reducción fue superior al medio millón, y el porcentaje de parados, en este momento, supera el 13% de la población activa.

Dicho en otras palabras: los planteamientos económicos de los últimos años muestran una notable incapacidad, no sólo para absorber los aumentos vegetativos de la población sino también, lo que es más grave, para mantener la población ocupada. Y el desempleo es una de las manifestaciones más hirientes y palpables de nuestra recesión porque, no sólo representa un gran derroche de medios, sino que está sumiendo en una grave crisis moral a la sociedad.

3. Caída del ahorro. No solamente de los particulares y de las empresas, sino muy especialmente de las administraciones públicas. No es preciso insistir en lo evidente: la tasa de ahorro de los particulares ha caído en vertical; lo mismo ocurre con los beneficios y reservas de las empresas. Pero resulta especialmente significativo que, a pesar de la reforma fiscal y del feroz incremento de los impuestos, el Estado, que hasta 1978 era un sujeto ahorrador, a partir de 1979 liquida sus presupuestos con unos déficit crecientes. La tradicional apelación circunstancial del Tesoro al Banco de España se ha convertido en un descubierto de un billón trescientos mil millones sin intereses y sin plazo de reembolso lo que, de hecho, equivale a decir que el Estado está en suspensión de pagos. Para colmo, los presupuestos generales para 1982 prevén un déficit de 800.000 millones que paralizan toda posible recuperación de la economía.

4. Grave y creciente déficit de nuestra balanza exterior. Nuestro déficit Comercial, de 900.000 millones en 1980, demuestra que España está consumiendo mucho más de lo que produce, y ningún país puede permitirse el lujo de vivir por encima de sus posibilidades.

5. Graves deficiencias de nuestra estructura productiva. La falta de flexibilidad de nuestro sistema socioeconómico, por una parte, y las importantes variaciones experimentadas en el mercado como consecuencia de la crisis energética, por otra, se han traducido en una pérdida de competitividad de nuestra estructura industrial, que precisa adaptarse con urgencia a las nuevas circunstancias acometiendo, en algunos sectores, una profunda reconversión industrial.

Abandonar la política' del "día a día"

Esta y no otra es la situación que urge afrontar, abandonando de una vez la política del "día a día", plagada de bandazos. Es preciso elaborar una política flexible y coherente a medio y largo plazo que se encare con las. causas de la crisis y no simplemente con los síntomas. Porque el paro es el eslabón final de una cadena de errores y, por lo mismo, de poco servirán los planes de acción directa contra el mismo si no se atacan de raíz las causas determinantes del deterioro económico.

A la vista de lo expuesto, parece oportuno exponer sucintamente la filosofía que anima las recomendaciones que sobre el estado económico de la nación ha formulado la comisión de economía de AP, que presido.

Actualmente en España estamos padeciendo una política económica caracterizada por su preocupación casi exclusiva' por las corrientes de redistribución de la renta, en perjuicio de aquellas corrientes tendentes a crear y multiplicar la riqueza. Este clima redistributivo extiende la desmoralización en el esfuerzo y la disciplina de trabajo y, a la larga, origina una querella social amarga y estéril por el reparto de una riqueza que sólo llega a crecer en términos nominales, pero que de hecho se reduce en términos reales.

Lo que pretendemos es el cambio de esta política de redistribución a una política creadora de producción, renta y empleo, impulsando el crecimiento del producto interior bruto. Toda formulación de una política económica implica un establecimiento de prioridades. Y esta prioridad que hay que dar al crecimiento no se basa tanto en criterios de carácter desarrollista cuanto en razones tendentes a evitar- las más duras consecuencias de la crisis. Porque con ello se cumplen cuatro objetivos fundamentales: la creación de empleo, la satisfacción de las necesidades públicas sin tener que elevar la presión fiscal, la disminución de tensiones en la querella por el reparto de las rentas y, finalmente, la de ofrecer una mayor viabilidad a los procesos de reconversión industrial, ya que en un ambiente de crecimiento las dificultades inherentes al cumplimiento de los cuatro objetivos anteriores se dulcifican.

Para que esta política de crecimiento sea eficaz y duradera en el tiempo se han de cumplir tres condiciones, necesarias y suficientes a la vez:

a. Aumento del ahorro y la inversión.

b. Mejora de la balanza exterior y, muy en especial, aumento de las exportaciones.

c. Contención de la inflación.

Cae fuera de los límites de este artículo el detalle de las recomendaciones sectoriales que van a permitir cubrir estos objetivos, pero, a título enunciativo, mencionaré las más importantes:

Contención del déficit público y en particular del gasto público consecutivo, acabando con la dualidad injusta de una política expansionista para el sector público y restrictiva para el sector privado.

Devolver la confianza

Política fiscal eficaz, con auténticos estímulos a la inversión, impidiendo que el Estado se beneficie de la inflación que con su política provoca.

Una mayor eficacia en la gestión de la Seguridad Social y cambio radical en la forma de financiarla.

Liberalización en profundidad del sistema socio-económico.

Política energética realista y la reconversión y reestructuración de algunos sectores.

La potenciación de los sectores locomotora (vivienda y construcción, obras públicas) por sus efectos multiplicadores sobre la actividad de los demás sectores.

Finalmente, sólo me resta comentar lo que le decía un ministro francés de Finanzas a su colega alemán: "Deme usted sus sindicatos y quédese con su política monetaria".

Y es que la mejor política económica resulta ineficaz si no se da en un adecuado clima de moderación social y responsabilidad colectiva, y si no va presidida por un conjunto de grandes decisiones políticas que, situadas por encima de las leyes puramente económicas, configuren un modelo de sociedad nítidamente definido, que restaure la confianza a aquellos que la han perdido.