Alonso Puerta se querella por supuesto cohecho contra los concejales y delegados de Hacienda y Saneamiento
Alonso Puerta, ex segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, expulsado del PSOE a raíz de la denuncia que hiciera sobre supuesta corrupción en las contratas municipales del servicio de limpieza urbano, ha presentado querella contra dos empleados de sendas empresas supuestamente implicadas en los hechos denunciados y contra los concejales y delegados de Hacienda y Saneamiento y Medio Ambiente de la Corporación. El pasado día 27, Puerta, que reiteró ayer a EL PAIS su intención de seguir hasta el final con su postura y ofrece las pruebas de que dispone sobre los hechos denunciados al "que considero aún mi partido, a pesar de haber sido expulsado", ratificó el contenido de la querella ante el Juzgado de Instrucción número 22 de los de Madrid, cuyo titular es Pascual Lamberto Serrano Iturrioz.
Defiende la querella el letrado Marcial Fernández Montes, penalista que fue fiscal durante casi veinticinco año s, lo que le presta una gran experiencia en este tipo de actuación judicial que comporta en gran medida una labor de investigación en el trámite sumarial. Medios judiciales señalan el carácter progresista de Fernández Montes, alejado de todo tipo de militancia política.Pese a que Puerta otorgó todo tipo de poderes especiales al procurador que le representa ante los tribunales para presentar la querella, una vez remitida ésta del Juzgado de Guardia al de Instrucción número 22 fue llamado por su titular para que se ratificara en su contenido, al parecer dada la gravedad del mismo.
La querella criminal presentada por Puerta, "en ejercicio de acusación particular", considera responsable del delito de cohecho a Vicente Torres García, empleado de la empresa Saneamientos Sellberg, SA, en su calidad de supuesto comisionista de Semat Española, SA, y a Pedro Galindo Barrios como empleado de Semat Española, SA, Ingeniería para Municipios, SA. Galindo Barrios es también propietario de la empresa Equimo, SL, proveedora de los bancos con que el Ayuntamiento de Leganés dotó sus calles. Precisamente la compra de estos bancos, según denunció Puerta en su momento, habría sido objeto de comisiones económicas por parte de Equimo, SL, a la organización socialista en aquella localidad madrileña.
En el texto del que se ratificó Puerta ante el magistrado se señala que la querella contra ambos empleados, los cuales, al parecer, tienen carné del PSOE, es por considerarlos "autores directos de delitos de cohecho".
La querella alcanza también a la "persona personas que entregaran 500.000 pesetas en una secretaría de la FSM (Federación Socialista Madrileña) y va contra la persona o personas que recibieran tal suma, según el relato de los hechos" que hace el escrito de la querella.
Asimismo, la querella va contra "cualesquiera otras personas que, según la investigación que en el proceso se practique, aparezcan como responsables de los delitos de cohecho que, por ahora, se señalan, o como autores de otros hechos que pudieran calificarse como constitutivos de prevaricación".
Este delito de prevaricación, en la valoración jurídico-penal que de los hechos hace el texto de la querella, se reserva a la "actuación de funcionarios municipales, delegados de servicios y a concretos miembros de la Corporación municipal de Madrid que, en su caso, faltaron a la obligación de promover la persecución y castigo de los entonces autores directos del cohecho, en el supuesto de que hubieran procedido maliciosamente".
La imputación de posibles responsabilidades en el Ayuntamiento va directamente contra los concejales de Hacienda, Joaquín Leguina, y de Saneamiento y Medio Ambiente, Manuel Mella, y los respectivos delegados, Baltasar Aymerich y Jesús Espelosín. Cuando Puerta presentó ante el equipo de Gobierno municipal la denuncia sobre supuesta corrupción en la contrata del servicio de limpiezas urbano para tres distritos madrileños, el entonces segundo teniente de alcalde solicitó el cese de estos dos delegados.
De otra parte, el texto de la querella hace una detallada exposición de los hechos denunciados en su momento por Alonso Puerta y los comportamientos que en distintas instancias del Ayuntamiento y del partido se siguieron a los mismos. Como consecuencia de este relato, la querella concluye solicitando el procesamiento de las personas contra la que va dirigida. En las diligencias que se proponen se incluye la declaración o testificación de numerosas autoridades municipales, entre ellas el mismo alcalde, al que, según ha podido saber EL PAIS, el PSOE trató de presionar para que destituyera a Puerta de secundo teniente de alcalde, antes de que se produjera su expulsión del partido.
Por su parte, el secretario general de la FSM, Joaquín Leguina, que se ve doblemente afectado por la querella, dada su otra condición de concejal responsable de Hacienda, declaró a este periódico al conocer por el mismo la presentación de la referida querella, que le parecía inviable "y no me interesa. Sólo me interesa", dijo, "saber quién paga a este caballero, aunque eso no lo sabremos nunca.
