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Francia permitirá que la "cumbre" europea se pronuncie sobre la adhesión española

Soledad Gallego-Díaz

Francia no se opondrá tajantemente a que la cumbre de jefes de Gobierno y de Estado de los países miembros de la Comunidad Económica Europea (CEE), que reúne hoy y mañana, viernes, en Londres, apruebe una declaración de índole política reiterando la voluntad de la CEE de proceder a la integración de España y de Portugal. "En todo caso, el Gobierno francés no se opondrá si las autoridades españolas han reiterado su deseo de que la cumbre haga público, de alguna forma, su voluntad de proceder a la ampliación", señaló a EL PAIS un alto funcionario de la Comunidad, que hablaba a título personal.

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Los "diez" afrontan hoy en Londres la reforma, de la Comunidad Económica Europea

, Los jefes de Estado y de Gobierno de los diez examinarán el texto que fue puesto a punto por el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores el pasado día 8 en Bruselas, y que sólo provocó una reserva por parte francesa. El ministro para las Relaciones Europeas, Andre Chandenagor, quiso que figurara en el acta que París vinculaba la suerte del documento "al progreso que experimentarán las negociaciones internas, especialmente en lo relativo a la política agrícola mediterránea". Fuentes oficiosas, próximas a la Comisión Europea (órgano ejecutivo de la CEE, cuyo vicepresidente, Lorenzo Natali, defiende que deben desbloquearse las conversaciones con Madrid), señalaron ayer en Londres que, salvo en el caso de que Madrid hubiera pedido lo contrario, lo que no es lógico, el Consejo Europeo debería, de una forma o de otra, aludir a las negociaciones para la ampliación.Hasta el momento, y pese a que Madrid no desea reconocerlo, el Ministerio de Santa Cruz, encargado de las negociaciones con la CEE desde que desapareció el ministerio específico que ocupó durante años el propio presidente Calvo Sotelo, ha desplegado todas sus armas para lograr que la cumbre de Londres no se cierre sin que los diez recogan el problema español y quede vinculada la resolución de sus problemas internos a la adhesión de los dos países candidatos.

No se trata, evidentemente, de aceptar las tesis de algún miembro de la CEE, según las cuales no es posible negociar con España mientras que no queden resueltos los problemas relativos al presupuesto comunitario y más concretamente a la reforma de la política agrícola común (PAC). Se trata de que los diez reconozcan, al menos, que no pueden resolver ese problema interno sin tener en cuenta paralelamente los problemas agrícolas que, planteará la adhesión de nuestro país. Y la mejor forma para que los diez conozcan el verdadero alcance de ese problema es sentarse en la mesa de negociaciones y sacar el informe o documento sobre la agricultura española.

Como es natural, en Madrid, los negociadores españoles quieren que la cumbre de Londres recoja estos planteamientos de "forma positiva". Para ello ha buscado la colaboración del Parlamento Europeo, donde hace una semana se aprobó una moción muy favorable a las tesis españolas, hasta el punto de que se pedía un compromiso de los diez para proceder a la ampliación, como muy tarde, en 1984. La ofensiva cuenta también con el respaldo de Natali, quien ha asegurado repetidas veces que ese calendario, jamás aceptado con los jefes de Gobierno o de Estado de forma oficial o oficiosa, era perfectamente factible siempre que las negociaciones se reabrieran inmediatamente.

El problema que se plantea ahora es cuál va a ser la reacción francesa. El presidente de la República, el socialista François Mitterrand, ha afirmado en algunas ocasiones que hay que apoyar a la democracia española y que la CEE, de acuerdo con los tratados fundacionales, no puede cerrar las puertas, sin más a una democracia europea que solicita la adhesión. Pero la "buena voluntad política" no se ha traducido en la práctica en un avance, por muy ligero que fuera. Las negociaciones agrícolas continúan congeladas desde que Giscard d'Estaing, en plena campaña electoral, anunciara la famosa pausa.

Mitterrand no puede, desde un punto de vista político, oponerse a una declaración sobre la ampliación, pero puede lograr que se haga de forma que no haya merecido el esfuerzo de los españoles para lograrla; peor aún, puede respaldar la posición de su ministro Chandenagor (opuesto, al parecer, al de Asuntos Exteriores, Claude Cheysson) y confirmar que Francia no aceptará la negociación auténtica con los candidatos mientras que no esté absolutamente segura de que la reforma de la PAC no perjudica, ni mínimamente, sus propios intereses. Si François Mitterrand apoyara esta tesis en Londres, hoy y mañana, la adhesión de España estaría ya condenada y no podría soñarse siquiera con entrar en el año 1984.

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