El PSOE asumirá la gestión municipal que desempeñan todavía los cinco concejales madrileños expulsados ayer del PCE

Poco después del mediodía de ayer, los cinco concejales comunistas del Ayuntamiento de Madrid que firmaron la convocatoria del acto informativo en el que participaron Lertxundi y Onaindia fueron expulsados del PCE por negarse a dimitir de sus responsabilidades municipales, tal como pretendía el partido. Se abre así en el gobierno municipal de Madrid una grave crisis que obligará al grupo socialista a asumir la gestión de las áreas de gobierno en manos de los comunistas que deberán abandonar la Corporación en tanto se produce la llegada de sus sustitutos, momento en el que se replanteará el actual reparto de responsabilidades. La dirección del PCE, por su parte, presentará esta mañana a la Prensa los sustitutos de los cinco concejales disidentes, al mismo tiempo que veinte candidatos comunistas que figuran por delante de aquellos en la lista electoral comunican al partido, al alcalde y a la Junta Electoral Provincial su negativa a renunciar a su derecho de ser concejales.

La confusión es la nota característica de la situación creada tras la decisión del PCE de expulsar a cinco de sus concejales del Ayuntamiento madrileño. Esta decisión ha motivado el anuncio de abandono del partido de otros dos concejales comunistas, Carlos Soto y Julián Rebollo, y la casi segura misma decisión por parte de los tres delegados de servicio del mismo partido, Miguel Guelbenzu José Carlos García y José María Santos, y del gerente de Urbanismo, Carlos de Laguardia, también comunistas.En el marasmo de versiones que circulan en torno a la cuestionada legalidad de la decisión del PCE, la actitud de los concejales cesados es la de permanecer en sus puestos en tanto que no se pronuncie la Junta Electoral Provincial, instancia en la que que se centra en estos momentos la atención en cuanto a la definitiva resolución de la crisis.

De otra parte y en la misma dirección de confusionismo ante la magnitud de la medida adoptada por la dirección del PCE, mientras que un portavoz del comité provincial aseguraba ayer a este periódico que la decisión política al respecto es acelerar al máximo los trámites para que el relevo de los concejales cesados se efectúe lo más rápidamente posible, con el fin de afectar lo menos posible al gobierno municipal, un alto dirigente del partido tranquilizaba a los socialistas ante el temor de un vacío en la gestión del Ayuntamiento a causa de la precipitación de las medidas adoptadas por la dirección comunista.

En efecto, el secretario estatal de Política Municipal del PCE y concejal del Ayuntamiento, Juan Francisco Plá, aseguraba ayer a su compañero de Corporación y secretario general de la Federación Socialista Madrileña, Joaquín Leguina, que "la crisis va para largo" y ambos convenían en evitar cualquier alteración en la vida municipal en tanto no se produzca la comunicación oficial del partido al Ayuntamiento sobre el cese de los concejales expulsados. En este acuerdo entre ambos dirigentes de la coalición de izquierda ocupa un lugar primordial la intención de acelerar los debates para la aprobación de los presupuestos de la Corporación.

Ceses por motorista

Los cinco concejales del Ayuntamiento de Madrid expulsados del PCE, Eduardo Mangada (que es también primer teniente de alcalde), Cristina Almeida, Isabel Vilallonga, José Luis Martín Palcín y Luis Larroque (también vicepresidente de la Diputación) recibieron la notificación oficial de su expulsión mediante el oportuno escrito del comité provincial entregado por un motorista del servicio de mesajes y recados Urgenvios.Poco antes de la una de la tarde de ayer, los cinco concejales recibieron, en mano, el texto de la resolución adoptada por el comité provincial del partido el pasado sábado, según la cual si antes del mediodía no dimitían voluntariamente de sus cargos municipales serían expulsados del partido.

En la comunicación remitida a los expulsados, en la que se les informa de que, salvados los trámites burocráticos que se requieren para apartarlos de sus cargos municipales, pueden volver a ingresar en el partido, se les advierte del derecho que tienen a recurrir ante el Comité de Garantías del partido, para lo que disponen de quince días de plazo. Transcurridos estos días sin que sea rectificada su expulsión, la decisión adquirirá carácter firme y será comunicada al Ayuntamiento y a la Junta Electoral Provincial.

El trámite aseguir a partir de este momento tiene una doble vía: de una parte, el Ayuntamiento, reunido en pleno, queda enterado de la comunicación del partido y considera cesados a los concejales afectados por la expulsión del mismo, por lo que se dirige a la Junta Electoral para que le comunique el nombre de los sustitutos. Es precisamente en este punto en el que el protagonismo de la crisis queda en manos de la referida Junta Electoral, a la que corresponde pronunciarse, como hizo escrupulosamente cuando Alonso Puerta cesó de concejal al ser expulsado del PSOE, sobre la legalidad de la medida adoptada por la dirección comunista.

Esta decisión de la Junta Electoral puede dilatarse cuanto considere necesario la discrecionalidad de sus miembros, que requerirán cuanta documentación consideren pertinente del PCE para dar por ajustada a derecho, en este caso los propios estatutos del partido, la expulsión de los concejales cuya sustitución interesa el Ayuntamiento.

Este trámite se verá, sin duda, dilatado en el tiempo de manera impredicible por cuanto al caso de los cinco ediles expulsados habrá de unirse los de los candidatos que figuran en la lista del PCE antes que los cinco designados como sustitutos y que están decididos a no renunciar a acceder como concejales al Ayuntamiento. La Ley Electoral obliga a que las sustituciones se hagan por riguroso orden de inclusión en las listas de candidatos que cada partido presenta a los comicios. Se da la circunstancia de que antes del último de los cinco sustitutos designados por la dirección del PCE hay, al menos, 35 candidatos que habrían de renunciar a ser concejales.

Preocupa el vacío

El vacío de gobierno municipal que se produciría entre el cese de los cinco concejales expulsados -que puede materializarse de hoy en quince días, una vez vencido el plazo de recurso ante la Comisión de Garantías para que la expulsión ayer decidida sea firme- y la llegada de los sustitutos, una vez que resolviera la Junta Electoral Provincial, preocupa de manera seria a los socialistas, cuyo grupo, reunido en la tarde de ayer, acordó asumir las responsabilidades de gobierno que quedarían descabezadas durante el tiempo que se dilatara este vacío, durante el cual el PCE quedaría tan sólo con dos de los nueve concejales de que dispone en la Corporación madrileña.El acuerdo socialista, como adelantaba EL PAIS en su edición del pasado día 8, supone, de una parte, el mantenimiento del pacto que en el ámbito estatal suscribieron el PSOE y el PCE, y, de otra, la adecuación de las peculiaridades que dicho pacto tiene en el caso de Madrid a las circunstancias actuales, en las que han desaparecido o, mejor, habrían desaparecido algunas de las personas en base a las cuales -por su personalidad y cualificación profesional, señalan medios socialistas- el reparto de responsabilidades es ventajosa para los comunistas en relación con el número de votos obtenidos por su partido.

En cualquier caso y con independiencia de que se afrontara la revisión del actual reparto de responsabilidades una vez incorporados los sustitutos, desde el mismo momento en que se produzca la salida de los cinco concejales expulsados el PSOE asumirá las áreas de Urbanismo, que se le encomendará al tercer teniente de alcalde, Javier Angelina; Circulación y Transportes, que se englobará en Policía y Circulación, hoy gestionada por el segundo teniente de alcalde, José Barrionuevo, y Educación se unirá a Cultura, actual responsasbilidad de Enrique Moral.