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El PCE expulsará mañana a cinco de sus concejales madrileños, que se niegan a dimitir de sus cargos

Los concejales comunistas del Ayuntamiento de Madrid Eduardo Mangada, Cristina Almeida, José Luis Martín Palacín, Isabel Villalonga y Luis Larroque, han sido cesados en sus cargos municipales por su partido. La salida de la Corporación de estos cinco disidentes fue acordada por el comité provincial del PCE en su reunión de ayer y se producirá, con toda seguridad, como consecuencia de su expulsión del partido, decidida por la dirección del partido en la misma reunión para el caso de que, como es previsible, no acepten voluntariamente dimitir de sus responsabilidades municipales antes del mediodía de mañana. Medios socialistas y centristas del Ayuntamiento manifestaron a este periódico su preocupación por la incidencia en el gobierno municipal de la situación creada que, en el orden interno del PCE, presagia una dinámica de dimisiones y expulsiones de alcance imprevisible.

A última hora de anoche de ayer ninguno de los cinco concejales afectados por la decisión del comité provincial había recibido comunicación al respecto de parte de la dirección del partido. La única información de que disponían sobre su futuro político provenía de los medios de comunicación. La opinión unánime de los disidentes es contraria a presentar la dimisión que se les solicita y, en concreto, Eduardo Mangada, que en la tarde de ayer asistía a un mitin del partido en Mota del Cuervo, aseguró a este periódico que "por el mismo procedimiento que se me pregunte por la dirección del partido si dimito o no, contestaré que no. Lo contrario sería una muestra de insolidaridad con quienes han asumido los mismos principios que yo defiendo. Por otra parte, nuestra negativa a dimitir de la responsabilidad municipal que desempeñamos es el símbolo de nuestra pertenencia al partido. Dimitir sería romper con una actitud que, con errores o sin ellos, hemos asumido plena y meditadamente".El comité provincial del PCE, reunido ayer durante casi cuatro horas, aprobó sin ningún voto en contra y siete abstenciones -según su secretario general, Adolfo Piñedo, por algunas dudas en la designación de uno de los sustitutos- rechazar la retractación presentada por los cinco concejales disidentes con relación a su participación en la convocatoria del acto informativo en el que intervinieron Roberto Lertxundi y Mario Onaindía, por lo que se acordó proceder a la sustitución de aquellos en sus responsabilidades municipales.

Eduardo Mangada, además de primer teniente de alcalde -cargo que ocupa desde la salida de Ramón Tamames del PCE-, es el responsable de la política urbanistica de la Corporación madrileña. Cristina Almeida se ocupa del área de Educación, responsabilidad que asumió tras el abandono del partido por parte de Alfredo Tejero. Martín Palacín, desde su llegada al Ayuntamiento, es el concejal responsable de Circulación y Transportes. Luis Larroque, además de concejal, es el vicepresidente de la Diputación. Isabel Villalonga es presidenta de la Junta Municipal de Centro.

El cese de estos cinco concejales, con toda seguridad, provocará la salida solidaria de sus compañeros de partido Carlos Sotos y Jullán Rebollo, y, posiblemente, algún delegado de servicio del mismo partido, e, incluso, el Gerente de Urbanismo, Carlos de La Guardia, firmante también de la convocatoria del acto que desencadenó la crisis en el PCE. Unicamente permanecerán como concejales comunistas, en tanto que se produce la llegada de los sustitutos, Juan Francisco Plá, actual responsable de Sanidad, y Bautista Fallos, que apenas si lleva un mes en la Corporación, en sustitución de Tejero

Respecto a los restantes seis cargos municipales comunistas de Madrid Firmantes de la misma convocatoria y que también suscribieron el documento de retractación rechazado por el comité provincial, este órgano ha decidido aplazar la adopción de medidas contra ellos, según explicó Piñedo, "porque es más urgente acabar con la crisis en el Ayuntamiento de Madrid, aparte de que la situación de las agrupaciones locales a las que pertenecen estos concejales requiere otro procedimiento".

No convencieron

Adolfo Piñedo explicó al término de la reunión del comité provincial que éste había constatado "los esfuerzos que ha venido realizando la dirección para que la crisis abierta en el Ayuntamiento de Madid se pudiera salvar con la continuidad de los concejales firmantes del acto de Lertxundi y Onaindía, pero el documento que les solicitamos como rectificación de su actitud se ratifica prácticamente en la misma, al tiempo que arroja acusaciones contra la dirección del partido, a mi juicio, gravísimas".

Piñedo se sorprendió de que la retractación presentada por los cinco disidentes no considere su comportamiento como antiestatutario, "sino que sólo lo califica como una práctica poco usual". El temor de los firmantes del referido documento a que el partido pueda "quedar reducido a un reducto dogmático y testiomonial" fue rechazado por Piñedo desde la convicción de que, "si acaso, contribuirían a crear esta imagen comportamientos como el de los disidentes".

Flexibilidad estatutaria

El responsable político del PCE en Madrid resaltó la sorpresa del comité provincial ante la sugerencia de los firmantes del documento para que les fuera abierto expediente, "medida sancionadora que consideramos más grave que la petición que les hacemos".

"Teniendo en cuenta, pues, la no aceptación de la rectificación presentada y que continúan con sus ataques al partido en los medios de comunicación social", prosiguió Piñedo, "hemos decidido su sustitución, para lo que hemos designado cinco nuevos concejales, cuya cualificación profesional, con el apoyo técnico del partido, salvaguarda la eficacia de la gestión municipal y desmentirá la campaña que trata de hacer creer que en el partido nos hemos quedado sin profesionales".

La justificación legal de Piñedo para proceder a la expulsión de los concejales si es que no dimiten se basa en una "interpretación flexible de los estatutos del partido, por lo que les pedimos la renuncia a sus cargos y, si no aceptan, por contravenir el artículo 67, que obliga a poner éstos a disposición del partido, el comité provincial tiene facultades para expulsarles.

Sobre la esperada cadena de expulsiones y abandonos que se anuncian tras la decisión adoptada ayer, Piñedo expresó su confianza en que "un largo debate político devuelva la serenidad y no nos veamos obligados a tomar con los camaradas de la lista electoral a los que hemos pedido que recuncien a acceder al Ayuntamiento las mismas medidas de expulsión".

Finalmente, Piñedo hizo hincapie en negar la imagen de dureza por parte de la dirección del PCE que ha trascendido a la opinión pública. "Les hemos dado una oportunidad de rectificar que en otros partidos no se dan", dijo.

De cualquier manera, la resolución de la crisis abierta en la Corporación municipal depende de la decisión de la Junta Electoral Provincial, a la que corresponde enjuiciar la legalidad de los ceses para reconocer las sustituciones.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 15 de noviembre de 1981

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