Los vecinos de 13 pueblos leoneses se niegan a enviar a sus hijos a clase por miedo al transporte escolar

El reparto de las rutas de transporte escolar entre las empresas del sector, líneas regulares de viajeros, por un lado, y discrecionales, por otro, ha provocado las protestas de, al menos, trece pueblos de la provincia de León, cuyos vecinos protagonizaron la pasada semana un plante contra las primeras, al negarse a enviar a sus hijos al colegio por razones de seguridad, influidos, sin duda, por los numerosos accidentes de autobuses dedicados al transporte escolar. El conflicto tiene su origen en los cambios de titularidad de varias contratas contra la opinión de los pueblos afectados, mientras diferentes empresas se disputan los casi doscientos millones de pesetas presupuestados por el Ministerio de Educación para este tipo de transporte.

La polémica se sitúa en un centro comarcal de educación general básica (EGB) de La Bañeza, a unos 45 kilómetros de León, en el que, el Ministerio de Educación ha agrupado a los alumnos de una treintena de escuelas unitarias que anteriormente atendían a 44 pueblos y 13 ayuntamientos, en un radio de unos diez kilómetros. El centro, que había sido construido en 1978, no pudo ser inaugurado hasta hace dos meses por no contar, entre otras cosas, con redes de alcantarillado y de abastecimiento de aguas, servicios cuya financiación corrió a cargo de los ayuntamientos de la zona.Todavía hoy el edificio carece de accesos asfaltados y de teléfono para casos de emergencia, a pesar de contar con 550 alumnos. La protesta de los vecinos se inició el lunes de la pasada semana, cuando el Ministerio de Transportes retiró la concesión de tres líneas escolares a las empresas que venían haciendo el servicio desde el comienzo del curso, para entregarlas posteriormente a las que controlan las líneas regulares de viajeros. Todas ellas habían concurrido previamente a un concurso público, en el que las primeras ofertaron las condiciones más ventajosas. A pesar de ello, les fue revocado el contrato al ejercer las segundas el llamado derecho de tanteo, que les permite hacerse cargo automáticamente de las concesiones rebajando los precios.

Según datos facilitados por la Delegación Provincial de Educación, el número de niños que dejaron de acudir a clase entre el lunes y el viernes fue de 178, pertenecientes a los pueblos de Santibáñez y Santa María de la Isla, San Mamés, Santa Colomba, Villazala, Santa Marinica, Requejo, Regueras de Abajo y Regueras de Arriba, Palacios de Jamuz, Quintana y Congosto, Herreros y Tabuyuelo. En algunos.casos, los vecinos optaron por enviar a sus hijos en automóviles particulares, y a la hora del regreso de los escolares se escapaban, según confesión de sus padres, para evitar ser recogidos a la puerta del colegio por los autobuses oficiales.

En las carreteras de algunos pueblos aparecieron carteles, pintadas y pancartas, firmadas por los propios alumnos, para reclamar que las líneas fueran devueltas a los primeros adjudicatarios.

Niños por las carreteras

Cuando el viernes, último día lectivo de la semana, las autoridades académicas aseguraban que el conflicto había quedado resuelto y que los pueblos habían aceptado el cambio de contratas dictado por la Delegación provincial de Transportes, EL PAIS fue testigo de una denuncia presentada por un conductor en el cuartel de la Guardia Civil de La Bañeza, donde declaró que su empresa, también retirada del transporte escolar, había recibido a media mañana una llamada urgente del Ministerio de Educación en la que pedía que recogiera de las plazas y carreteras a los niños que horas antes deberían, haber llegado al colegio.El conductor manifestó que había podido transportar sólo a una parte de los alumnos de los que había encontrado por el camino, en contradicción de las órdenes de la delegación de Transportes, y que otros habían regresado a sus casas o se habían trasladado andando más de cuatro kilómetros hasta el centro escolar: se trataba de una nueva línea en conflicto que afectaba a las localidades de San Esteban de Nogales, Castrocalbón y Jiménez de Jamuz.

Para algunos presidentes de juntas vecinales, como Amador Miguélez, de Santibáñez de la Isla, la protesta de los pueblos tiene un doble argumento: por una parte, el deficiente servicio que las empresas de líneas regulares vienen prestando en las áreas rurales, lo que ha dado lugar a frecuentes, aunque leves, accidentes: por otra, las mayores garantías en cuanto a seguridad y trato humano que ofrecen las pequeñas empresas dedicadas al transporte discrecional, cuyos propietarios son, en su mayor parte, trabajadores autónomos que conducen sus propios vehículos y cuidan directamente su clientela.

Tras señalar que recientemente uno de los autobuses escolares quedó atrapado entre las barreras de un paso a nivel ferroviario en La Bañeza, el mismo presidente manifestó a EL PAIS, que los vecinos, sin ser consultados para nada, han tenido que aceptar el cambio de las contratas como un hecho consumado, sin posibilidad legal alguna de recurrir contra las decisiones de la Administración, aunque siguen apoyando incondicionalmente las reclamaciones presentadas por las pequeñas empresas.

200 millones en juego

Tanto la dirección del colegio como la Delegación Provincial de Educación y Ciencia declinaron, a preguntas de este periódico, hacer una valoración del conflicto, y se remitieron al Ministerio de Transportes.Por su parte, un portavoz de este último se limitó a destacar el transfondo económico de la polémica: el transporte escolar, «que antes no era negocio y por eso iba a las pequeñas empresas», reparte este año casi doscientos millones de pesetas en 115 rutas y 47 centros. Se calcula que una línea de sólo diez kilómetros proporciona a las empresas concesionarias unos ingresos de más de 6.000 pesetas diarias en un solo viaje de ida y vuelta.

Para los responsables de la delegación de Transportes, todo el problema se reduce a una cuestión legal, puesto que la actual normativa permite a las empresas de líneas regulares acceder a las contratas aun fuera de concurso con sólo rebajar sus ofertas a los precios mínimos de cualquier adjudicación oficial. En el mismo sentido se manifestaron a EL PAIS los empresarios de líneas regulares, quienes acusaron a los pequeños transportistas de «tirar los precios» y manipular la protesta de los vecinos en su propio provecho.

Un portavoz de la citada delegación señaló también que esta «preferencia» a favor de los primeros tiene como objetivo compensar los déficit de explotación de las líneas de las zonas rurales.