Nueva acusación contra Paribas por evadir capitales
El Gobierno francés ha emprendido una nueva acción judicial contra "una verdadera red de fuga de capitales" hacia Suiza, a cargo de directivos y clientes de la Banque de Paris et des Pays-bas (Paribas), según informó ayer en París el propio ministro del Presupuesto, Laurent Fabius.Cinco directivos de Paribas y 55 clientes han sido demandados judicialmente, acusados de evadir fraudulentamente 180 millones de francos (unos 3.000 millones de pesetas).
Según las conclusiones a que han llegado los responsables de la Aduana francesa, al concluir sus investigaciones, las cuentas abiertas irregularmente en establecimientos extranjeros "en particular en la propia filial suiza de Par¡bas", estaban acreditadas por los servicios de la sede de París "que organizaba también el paso de fondos por la frontera".
Esta es la segunda vez que el ministro del Presupuesto solicita la intervención de la Justicia para aclarar operaciones de evasiones de capital ligadas a Paribas. Hace menos de una semana, Fabius presentó otra querella, por el mismo motivo, contra el ex presidente y director general de Paribas, Pierre Moussa, tres altos responsables del banco y el industrial Pierre Latecoere.
Normalmente, en casos de evasión de capitales, se llegaba a un acuerdo entre los servicios de Aduanas y el autor de la ínfracción, relativo al pago de una fuerte multa, según informa Efe desde la capital francesa.
Pero el Gobierno Mitterrand tiene una cuenta pendiente con Paribas, ya que, antes de pasar a manos del Estado, los directivos de la entidad consiguieron, mediante una oferta pública de compra, hacer pasar bajo control extranjero su sucursal suiza. Como réplica, el ministro de Justicia, Robert Badinter, dirigió una circular a todos los magistrados solicitando mayor atención a los delitos económicos y financieros. Fabius se encarga del segundo paso de este plan: la presentación de querellas en los casos más aparatosos. Los tribunales podrán así, no solo imponer fabulosas multas, sino también penas máximas de cinco años de cárcel.
