Acusaciones de "enchufismo" en la contratación de funcionarios municipales en Sevilla

UCD, Alianza Popular y Comisiones Obreras han coincidido en criticar abiertamente el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Sevilla de contratar a doce funcionarios de empleo para dirigir las juntas municipales de distrito de la ciudad. Con esta decisión son ya veintitrés los funcionarios contratados por la corporación sevillana en las mismas condiciones y hasta el término de su mandato, entre las protestas de algunas organizaciones que consideran tal actitud un ejemplo de enchufismo.

Los concejales centristas han decidido presentar un recurso de reposición contra el acuerdo, argumentando la existencia de irregularidades jurídicas en estas contrataciones. A juicio de los centristas, el Ayuntamiento ha incumplido las dos condiciones exigidas por la ley para contratar a este personal: que realicen, efectivamente, labores de asesoramiento y que su actuación no invada las competencias o atribuciones de los funcionarios municipales de carrera.

Para UCD se trata de nombramientos políticos destinados a premiar a determinados militantes de los partidos de izquierda que gobiernan el Ayuntamiento sevillano. Con esta valoración está de acuerdo la junta directiva de AP que, en su primera declaración pública en mucho tiempo, denuncia que la designación de estos cargos se ha llevado a cabo frente al dictamen jurídico del secretario de la corporación, y subraya que el hecho constituye «una clara muestra de enchufismo político y una actuación contraria a elementales normas democráticas».

Pero ha sido Comisiones Obreras la primera organización que ha denunciado de manera pública estas prácticas municipales. Concretamente hace una semana, la ejecutiva provincial de CC OO de la Administración pública acusaba al equipo que dirige el Ayuntamiento -compuesto por representantes del PSOE, PSA y PCE- de falta de voluntad para transformar a fondo el aparato municipal y de marginar a los representantes de trabajadores Y funcionarios.

Según CC OO, al no existir normas concretas para la contratación del personal laboral, el Ayuntamiento vulnera sistemáticamente lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, y se producen casos claros de clientelismo político. La central procomunista exige que la contratación se haga en lo sucesivo con publicidad y a través de los colegios profesionales y oficinas de empleo.