Desobediencia civil de las bases del sindicato libre polaco
Las bases del sindicato independiente polaco Solidaridad mantienen la conflictividad laboral en ocho de las 49 voivodias (provincias) del país en contra de las recomendaciones de la propia organización obrera y el Parlamento (Sejm), en protesta por la no remuneración de las jornadas huelguísticas, o contra lo que califican de provocaciones policiacas.Sin embargo, Lech Walesa consiguió ayer un primer éxito en Tarnobrzeg al conseguir que 100.000 obreros regresaran al trabajo. Entre tanto, otros tantos miles de trabajadores mantienen paros en Zielena Gora, la mina Sosnowiec (Silesia) y el centro textil de Zyrardow.
Hoy se reunirá en Gdansk la presidencia de Solidaridad para tratar de la renuncia a la huelga y la eventualidad de imponer sanciones a los líderes sindicales que persistan en la línea de conflictividad. La reunión tendrá además un punto importante, el procesamiento pedido contra Marian Jurezyk, presidente el sindicato regional (MKZ) de Szczecln y rival de Walesa para la presidencia de Solidaridad en su I Congreso, acusado de "ultrajar al pueblo polaco, la República Popular y sus órganos supremos" en un discurso pronunciado el pasado día 25 de octubre en Trzebiatow, en el que acusó a parlamentarios y gobernantes de "traidores y lacayos de Moscú".
Jurczyk se refirió además al cambio necesario de "esas personas, de las cuales más de una cuarta parte son judíos y traidores a la patria". Este tono antisemita ha sorprendido por cuanto los sectores más conservadores del poder venían acusando precisamente a los judíos de manipular Solidaridad. Jurczyk, líder en las huelgas del Báltico en 1970 y 1980, puede ser condenado a una pena entre seis meses y ocho años de prisión. Es la primera vez que un alto responsable del sindicato libre corre el riesgo de ser procesado.
El Se¡m, que, hecho histórico en la Europa del este, rechazó la ley de prohibición de la huelga sustituyéndola por una "recomendación" de vuelta al trabajo, tiene en sus manos la posibilidad de otorgar poderes excepcionales al Gobierno para que ponga fin a la conflictividad. El tema podría provocar una situación de difícil arreglo desde el momento en que se rumorea que Walesa estaría dispuesto a dimitir si no logra apaciguar el radicalismo de las bases sindicales.
