Concedida la plena nacionalidad británica a los gibraltareños

Los gibraltareños han conseguido lo que querían: la plena nacionalidad británica. La Cámara de los Comunes aprobó el martes una nueva cláusula en este sentido en su polémica ley de Nacionalidad. El Gobierno británico, por boca de su ministro del Interior, William Whitelaw, ha reconocido haber tenido que echar marcha atrás sobre su proyecto original.

La nueva cláusula, que viene a reemplazar la enmienda introducida anteriormente por la Cámara de los Lores, dispone, explicó Whitelaw, que los ciudadanos de un territorio británico dependiente que no fueran tratados como nacionales del Reino Unido para los propósitos de los tratados de la Comunidad Europea, tendrían derecho a solicitar la plena ciudadanía británica.

De hecho, Gibraltar es el único territorio dependiente británico que forma parte de la Comunidad Europea (CEE), con lo que sus habitantes consiguen ahora su propósito. El proyecto original de nacionalidad británica les consideraba, junto a los habitantes de Hong Kong o de las islas Malvinas, como ciudadanos de segunda clase. Para los gibraltareños, la anterior situación no presentaba ningún problema práctico, pues desde 1967 el Gobierno británico siempre les había concedido el derecho de residencia en el Reino Unido. Pero era un problema político y sentimental.

El grupo de presión pro gibraltareño comenzó a moverse, con éxito, primero en la Cámara, en torno a los argumentos del Gobierno para no hacer una excepción con los gibraltareños ya hablan sido debatidos, pero reconoció que, desde entonces, una gran parte de la opinión en ambas Cámaras del Parlamento se había convencido de que la plena ciudadanía británica para los gibraltareños está plenamente justificada. Whitelaw reconoció, pues, que el Gobierno se había visto obligado a dar marcha atrás.

"La nueva ley es racista"

«La nueva cláusula es simplemente un modo de aplacar a un poderoso lobby blanco con el que simpatiza el Gobierno», declaró el diputado liberal David Alton, criticando al Gobierno por ceder ante una llamada emocional, no atendiendo, por otra parte, a los temores y angustias expresados por las minorías negras y étnicas en el Reino Unido y por los ciudadanos de colonias con una menor atracción patriótica que los del Peñón de Gibraltar. Entre gritos conservadores de «qué disparate», Alton afirmó que esto probaba que la nueva ley era racista.