El comité de funcionarios de la Diputación se solidariza con los ingenieros expedientados
El comité de funcionarios de la Diputación Provincial considera, en sendos informes remitidos a José Borrell, en su calidad de juez instructor en los expedientes que se siguen contra los ingenieros provinciales Manuel Bada y Angel Llaguno, que ambos obraron sin malicia y con el consentimiento de la Diputación, por lo que se pide la declaración de no culpabilidad para ambos.
En el expediente disciplinario, concluido el 9 de octubre, se señala que los dos ingenieros se apropiaron indebidamente de casi dieciocho millones de pesetas, de los que se exige su devolución. Por último, el diputado ucedista Javier Menor ha presentado una moción para ser tratada en el próximo pleno, en la que pide la dimisión de José Borrell y Lorenzo Hernández, este último delegado provincial de Vías y Obras.Los funcionarios de la Diputación, que en estos días están enfrentados también a Borrell con motivo de la discusión de su convenio colectivo, se solidarizan así con sus compañeros ingenieros expedientados. Para Manuel Bada, ingeniero director del servicio de Vías y Obras, Borrell pide la separación definitiva, y para Angel Llaguno, ingeniero habilitado-pagador, la suspensión de empleo y sueldo por tres años.
En su informe, el comité de funcionarios alega, fundamentalmente, que no hubo malicia en la actuación de ambos ni se ocasionaron perjuicios a la Diputación, por lo que en el caso de Bada se le puede imputar como máximo una falta leve de negligencia, merecedora de uno a cuatro días de suspensión de empleo y sueldo. En el caso de Llaguno, que cuenta, según el informe, con la eximente de obediencia a su superior, se pide su absolución total.
Por su parte, el diputado ucedista Javier Menor (aunque es conocida su postura de no acatamiento a la disciplina del partido) estima que el juez instructor ha cometido graves irregularidades en la tramitación de los expedientes -uno administrativo, común a ambos afectados, y dos disciplinarios-, y los califica como una maniobra de depuración política para proporcionar puestos de trabajo a personas afines a los socialistas. Javier Menor pide en su moción el sobreseimiento de los expedientes, la reincorporación de los dos ingenieros al servicio y la dimisión irrevocable de José Borrel y del diputado comunista Lorenzo Hernández, delegado de Vías y Obras.
Veintiocho millones a devolver
José Borrell concluyó el expediente administrativo contra ambos ingenieros el 9 de octubre y se remitió para conocimiento de los afectados el pasado jueves. En las conclusiones, el juez instructor estima probado que Bada y Llaguno tenían abiertas sendas cuentas corrientes en la Banca March, y se da la circunstancia de que la segunda de ellas, la cuenta corriente número 2.739, se descubrió hace apenas dos meses, sin que los encartados dieran cuenta de su existencia, a pesar de que los expedientes se llevaban tramitando desde octubre de 1980.
El movimiento de ambas cuentas asciende a casi veintiocho millones de pesetas. Dado que ya devolvieron a la Diputación algo más de 9.500.000 pesetas, el juez instructor propone ahora que se reingrese a los fondos públicos el resto, más de dieciocho millones. Borrell rechazó ayer las acusaciones del diputado centrista y, asimismo, las alegaciones exculpatorias presentadas por el comité de funcionarios, en base a que la tramitación de los expedientes ha durado más de un año y que se ha dado audiencia, tal y como señala la normativa legal, a todos los implicados.
Contradicciones entre los inculpados
Señaló además algunas contradicciones en que incurren los alegantes, como la de argumentar que Llaguno, como funcionario, debía obediencia a Bada, cuando la defensa de los inculpados se basó precisamente en que el cobro de honorarios se hacía en virtud del ejercicio privado de su profesión.
