El Gobierno no cumple su ley

EL DESPIDO, caricaturizado de dimisión, de Fernando Castedo como director general de Radiotelevisión Española era un hecho cantado desde antes del verano. La imposibilidad jurídica de que el Gobierno destituyera de su cargo a Fernando Castedo, protegido por el Estatuto de RTVE, demoró más de lo previsto su sustitución, ya que la operación de acoso y derribo del director general necesitaba no sólo la ayuda de la Prensa obediente a la Moncloa -encargada de lanzar una virulenta campaña de desprestigio contra un hombre ya en capilla-, sino también de la complicidad activa de ese indiscutible líder carismático que es Agustín Rodríguez. Sahagún y de quien le da las órdenes. El tiempo dirá cuáles han sido las contraprestaciones que el actual presidente del Gobierno ha ofrecido a su antecesor a cambio de sus servi cios funerarios que acaba de oficiar.La dimisión de Castedo se explica, en el campo de las motivaciones psicológicas, marginales en este asunto, por su falta de fondo físico y político para resistir las presiones combinadas que le cercaban. El caso nada tiene de excepcional y sería ingenuo esperar de los profesionales de la política que adoptaran, por motivaciones éticas o por respeto a su propia figura, decisiones que arruinaran sus carreras. Sin embargo, hay algo inadmisible en la actitud del ex director general, y es su tentativa de justificar su dimisión por "su profundo sentido del Estado".

Nadie puede condenar a Fernando Castedo por no haber dado la talla en este conflicto, pero el sentido del Estado exige, ante todo, la voluntad de respetar los intereses colectivos y hacer cumplir lás leyes por encima de las conveniencias personales o partidistas. Esto no lo ha hecho el Gobierno, no lo ha hecho UCD y no lo ha hecho Castedo. El Gobierno no ha respetado al Estado y el poder ejecutivo ha incumplido el espíritu de una ley orgánica aprobada por'el Parlamento después de laboriosos pactos. La vida pública española necesitaría, si de verdad el Gobierno y UCD tuvieran ese sentido del Estado que parecen confundir (por su comportamiento) con la ocupacion y usufructo de la Administración pública, que las instituciones fuesen respetadas y funcionasen. Al igual que el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial, la televisión del Estado fue protegida, en el ordenamiento, constitucional, por unas garantías destinadas a amparar su autonomía, a fin de impedir que un medio de comunicación pagado por todos los ciudadanos y que debe reflejar el pluralismo de nuestra sociedad se convirtiera en instrumento monopolístico al servicio del poder. Han bastado unos pocos meses de balbuciente funcionamiento autónomo de-Televisión y Radio Nacional para que el Gobierno resolviera poner fin a ese escándalo que significa para él la libertad de expresión, de información y de opinión, si eso daña a sus intereses.

A esa incapacidad del poder hoy gobernante para asumir los hábitos y modos democráticos, a esa aberrante confusión entre partido, Gobierno y Estado, a ese desprecio por la supremacía de la ley y a esa falta de respeto a la opinión pública se ha unido, en el cerco a Fernando Castedo, la urgencia del Ejecutivo por normalizar -a la checoslovaca- Prado del Rey con tiempo suficiente para preparar concienzudamente las próximas elecciones generales. La hecatombe de UCD en Galicia habrá, seguramente, redoblado el apetito de los antropófagos y, acabado con las últimas resistencias de los más templados. Al tiempo, la arrolladora victoria de Fraga en esos comicios aumenta las tentaciones para que Calvo Sotelo inicie la estrategia electoral de la gran derecha con una mayoria natural -siete votos contra cinco- en el Consejo de Administración de RTVE. El ya candidato ucedista a director general de Radiotelevisión Española ofrece en su biografía abundantes datos que permiten ratificar esta hipótesis, y muy pocos que ayuden a desmentirla.

Pero además, para llevar a cabo toda esta operación, el Gobierno ha incumplido unos acuerdos políticos suscritos con el PSOE. La airada reacción de Alfonso Guerra, con independencia de su tremendismo, revela la amarga decepción ante la ruptura unilateral por el Gobierno del acuerdo entre centristas y socialistas pára designar consejeros de administración de RTVE y pactar el nombramiento de Castedo. Ello echa por tierra una operación alumbrada por la estrategia de las negociaciones secretas y los conciliábulos de pasillo a la que tan aficionado ha sido el vicesecretario general del PSOE. El poder ejecutivo ha cometido un abuso de confianza con los socialistas al incumplir su pacto. Pero la firma de esos acuerdos, sin luz ni taquígrafos, entre las cúpulas de los partidos es una práctica casi tan aborrecible como su ruptura. Las negociaciones para repartirse el pastel de Televisión dejaron fuera del Estatuto un punto tan importante como la designación parlamentaria del director de RTVE, a fin de consensuarlo. Ahí está el premio.