Letamendía reconsidera su decisión de dimitir como diputado del Congreso

El diputado aberizale Francisco Letamendía ha reconsiderado, tras una conversación con el resto de los dirigentes de Herri Batasuna, su decisión, anunciada la semana pasada, de renunciar a, su condición de parlamentario, para comparecer «como un vasco de a pie» ante los tribunales de justicia. Herri Batasuna había expresado su desacuerdo con tal dimisión.Letamendía, que había asegurado que sólo una decisión en sentido contrario de las bases de la coalición le haría volverse atrás de su intención inicial, explicó que con su gesto de dimisión pretendía denunciar la ceguera del poder central. Esa ceguera se habría manifestado en la «criminalización de la actuación de los independientes de HB», cerrando así el paso a su posible intervención mediadora y moderadora de cara a la normalización de Euskadi. Sin embargo, el diputado ha aceptado el punto de vista de HB, en el sentido de que «ese gesto de denuncia sería más eficaz si el Gobierno se ve en el dilema de tener que juzgar a un parlamentario, y, a través suyo, a los miles de votantes de la coalición, segunda fuerza política vasca».

El diputado, que compareció ante los periodistas acompañado por varios miembros de la mesa nacional de Herri Batasuna, expresó su identificación con el programa y objetivos de la coalición, a la que calificó como «la experiencia más positiva surgida en los últimos años en Euskadi». Con estas palabras, que no fueron sugeridas por ninguna pregunta concreta de los informadores, Letamendía trataba, probablemente, de salir al paso de los rumores y especulaciones sobre presuntas divergencias entre él y la coalición, agudizados últimamente tras el anuncio de su dimisión como parlamentario.

Los dirigentes de HB informaron también del estado actual de los diversos procesos en que están incursos otros miembros de la coalición. El Tribunal Supremo acaba de solicitar y obtener el embargo del despacho profesional del senador Miguel Castells para las costas judiciales de su proceso. La petición fiscal para el alcalde y cuatro concejales abertzales de la localidad vizcaína de Larrabezúa, acusados de haber aprobado una resolución contra la presencia del Rey en el País Vasco, en febrero pasado, es de seis años y un día para cada uno de los cinco encausados. El Tribunal Supremo ha reconocido indirectamente haberse equivocado al convocar a algunos electos de la coalición encausados en el sumario abierto a raíz de los incidentes en la Casa de Juntas de Guernica que, sin embargo, no estaban presentes en el lugar.

Respecto a la manifestación contra los pactos autonómicos convocada para el próximo domingo por el PNV y otros partidos vascos, HB llama la atención sobre la «incoherencia de que el partido mayoritario vasco tenga que solicitar permiso a un gobernador de UCD para manifestarse».