Tribuna:
Tribuna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las tribunas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Sociología de la corrupción

La palabra ha estallado en estos últimos meses en varias ocasiones. Se habla de corrupción, y aun de corruptelas, como si otro fuera su significado. Según como se defina, corrupción existe en todas partes, y lo que diferencia a unos países de otros es el modo y la cuantía. Aquí, como en las cuestiones de honor, todo depende de la sensibilidad social. Un enfoque fructífero para conocer una sociedad es, sin duda, el estudio pormenorizado de lo que se considera corrupción de los mecanismos que pone en marcha.No vale la pena entrar en los factores -algunos obvios- por los que se ha avanzado poco en lo que yo llamaría "sociología de la corrupción". Algo se sabe del tema en las regiones subdesarrolladas: cuanto más pobre y atrasado es un país, mayor sería el índice de corrupción y más transparentes sus formas. También hemos llegado a conocer datos muy sabrosos sobre lo que ocurre en el bloque soviético, en los países de colectivismo burocrático. En cambio, en las naciones industrializadas de occidente, nuestros conocimientos son tan escasos como poco sistematizados. Algunos dirán que en comparación con el Tercer Mundo y los regímenes burocráticos, la corrupción en las democracias occidentales es prácticamente nula, y pienso que no les falta razón. Otros, afilando más el bisturí, aluden a la interrelación profunda entre el aparato del Estado y los grandes complejos industriales como el modo típico de corrupción en el mundo occidental, y puede ser que también acierten.

La corrupción, decíamos, se entiende de muy distintas formas, según el contexto social, y, claro está, se puede o no hablar de ella, según el político. Por lo pronto, no hay ninguna relación directa entre su silenciamiento y su inexistencia. Existen, han existido, regímenes fundamentalmente corruptos en los que resulta imposible mencionarla en público. Una señal más -a veces las necesitamos como el agua de mayo- de que ya no vivimos en una dictadura es que se escribe en la Prensa de estos temas. Hasta ahora no se ha inventado mejor antídoto contra la corrupción que la libertad de información, de modo que cabría establecer una primera correlación en el sentido de que cuanto mayor sea el margen de libertad, menores las posibilidades de corrupción. En sociedades con amplia base social para la corrupción -como, por ejemplo, la norteamericana- la libertad de Prensa la mantiene en límites razonables.

Las dictaduras justifican el silenciamiento sistemático de los

Pasa a la página 12

Viene de la página 11

casos de corrupción, alegando el enorme daño que, de conocerse, causarían al orden político establecido. En los países del bloque soviético, ¿cómo podrían admitirse casos de corrupción entre miembros del partido comunista, cuando por principio son la elite de la clase obrera, la clase pura y revolucionaria por antonomasia? ¿Cómo cabría reconocer cierta ligazón entre corrupción y poder incontrolado de la burocracia, cuando este poder constituye la esencia misma del sistema? Indudablemente que en España las denuncias de corrupción -y aún más los rumores- dañan gravemente a las todavía débiles instituciones democráticas -partidos, ayuntamientos, Parlamento-, sobre todo cuando los enemigos declarados de la democracia se han aplicado en estos últimos años a una intoxicación sistemática en este sentido.

Pero si las dictaduras no tienen otra arma que reducir al silencio a los denunciadores, la fuerza de la democracia consiste precisamente e n su capacidad de restablecer la transparencia. El demócrata no puede caer en la tentación de aceptar el encubrimiento como mal menor. No hay en la democracia mayor bien que la libertad y el conocimiento de la verdad. De ahí que en lo que atañe a la corrupción -la sospecha, aun la infundada, ya mancha- los demócratas tenemos que ser implacables, prefiriendo que caiga el que caiga, por mucho que nos duela, a que al final se derrumbe la democracia, ahogada en su propio desprestigio.

El establecimiento de un orden democrático no elimina sin más la corrupción, sino que tan sólo la obliga a adaptarse a las nuevas condiciones. Por ello, la lucha contra la corrupción es una tarea constante que nunca puede darse por terminada. Las relaciones entre el poder y la sociedad engendran distintas formás posibles de cortupción; estudiarlas en cada sociedad y en cada régimen político constituye uno de los capítulos centrales de esta todavía inexistente "sociología de la corrupción". A modo de ensayo, algunas reflexiones sociológicas sobre la corrupción en España. Lo primero que salta a la vista es la desaparición, como consecuencia de la guerra civil y de los largos años de dictadura, de la noción de decencia. Los españoles éramos un pueblo "Pobre, pero honrado". De la "pobreza" nos ha sacado el franquismo para lanzarnos de lleno en el "subdesarrollo". En el salto hemos perdido la decencia, palabra que parece tan anticuada como el brasero y la mesa camilla. Por decencia entendemos un sentido de la dignidad personal, que nos impide determinados comportamientos y nos obliga a otros. Desde luego que la decencia, según las clases y las épocas, suponía también desde una cierta manera de vestir a no pocos prejuicios en las relaciones entre los sexos, pero lo decisivo era el reconocimiento de normas cuya aceptación podía implicar inconvenientes y desventajas. La desaparición de la decencia ha significado que sólo tenga vigencia el principio del máximo beneficio personal, sin pararse en barras. Dicho en la jerga sociológica: en la sociedad capitalista no hay otro valor universalmente reconocido que la persecución del beneficio individual, que se mide por la capacidad de acumular riquezas; tanto tienes, tanto vales. Todos los demás valores parecen residuos de sociedades todavía no plenamente capitalistas.

En España, como en todos los países que han pasado de la "pobreza" al "subdesarrollo", quedan pocas personas decentes y sobran los "listillos", que ni siquiera pueden concebir que alguien mantenga posiciones o no realice ciertos negocios por razones de decencia. Lo verdaderamente grave y sintomático de nuestra situación es que la decencia haya perdido hasta su ejemplaridad. Las personas decentes parecen bichos raros, cuyo comportamiento no logra entenderse. Esta casi desaparición de los valores universales, como pautas de conductas individuales y colectivas, supone una disposición alta a participar en la corrupción -si se puede- y una mínima a indignarse si el que puede se corrompe, y, sobre todo, la presunción malévola de que el que ocupa un cargo público lo hace, en último término, por un interés personal.

Aparte de la corrupción, que los implicados saben que pueden terminar en el juzgado, que no creo muy significativa, aun que difícil de contabilizar, lo que prima en España es la corrupción que ni siquiera se percibe como tal. Dígale usted al empleado que no hace nada en la jornada laboral, al funcionario que otorga un favor a un amigo, o al, que acumula más cargos que días tiene la semana, que son corruptos. Si no llega a las manos, hasta es Posible que presente querella por calumnia.

Una "sociología de la corrupción" en España tendría que ocuparse preferentemente de los siguientes temas. Una vez establecida la sensibilidad social frente a la corrupción -problema técnico bastante complejo-, diferenciada por regiones, clases sociales, edades, etcétera, habría que compararla con datos semejantes de sociedades más y menos desarrolladas, con el fin de comprobar si nuestra sensibilidad ante la corrupción corresponde o no a los índices logrados en el desarrollo urbano e industrial. Este dato sería altamente signíficativo para un pronóstico sobre la viabilidad de las instituciones democráticas en España.

Un estudio como el propuesto pondría claramente de manifiesto que muchas de las conductas sociales más generalizadas -"trabajar lo menos posible, para lo que me pagan", "favorecer a los amigos es propio de hombres bien nacidos", "a mí no se me hace esto", etcétera- son incompatibles con el mantenimiento del ritmo de crecimiento imprescindible para no apartarnos cada vez más de los países pilotos. Sin un profundo cambio cultural -internalización de ciertos valores universales-, no echarán raíces las instituciones políticas, sociales y económica.s de la modernidad.

El franquismo alentó, como medio de conservar indefinidamente el poder, determinadas formas de corrupción -acumulación de cargos en una misma persona, redes de influencias, preferencia de la lealtad a la eficacia, etcétera- que, paradójicamente, siguen vigentes seis años después de su muerte y después de cambios políticos de envérgadura. Ha habido, obviamente, una sustitución de la vieja clase política por una nueva, pero ésta sigue pareciéndose demasiado a la vieja en lo que respecta a las corruptelas franquistas: acumulación de cargos, compadreo, modos de vida. En la forma en que el cambio fue posible -continuidad sin ruptura- se escondía el peligro, que muchos denunciamos en su día, de que se perpetuase la corrupción como la cosa más normal del mundo. Que todavía no se haya conseguido una ley de incompatibilidades, con lo sencilla que tendría que ser -nadie puede recibir dinero del Estado más que por un concepto-, es prueba palpable de la corrupción que nos apienaza, no la ilegal, que siempre podrá limitarse mientras conservemos la libertad de información, sino la institucional, que es la que, en fin de cuentas, impide la modernización del Estado y de la sociedad.

Ignacio Sotelo es secretario de Cultura de la Comisión Ejecutiva del PSOE.

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS