Estamos dispuestos a asumir el control de Lemóniz, declara García Egotxeaga

La necesidad de recursos energéticos para los próximos veinticinco años en Euskadi es una de las razones expuestas por el PNV, y el propio Gobierno autónomo para justificar la luz verde a la puesta en marcha de la central nuclear de Lemóniz, acordada en asamblea plenaria el pasado sábado. De todas las condiciones expuestas por los nacionalistas vascos para el funcionamiento de dicha central, el control público es el que acapara la atención de los observadores. "No es un plato de nuestro gusto, pero estamos dispuestos a asumir la responsabilidad de ejercer un control sobre Lemóniz como mal menor", declaró ayer a EL PAIS el consejero de Industria y Energía, Javier García Egotxeaga.El Gobierno vasco, que desde que diera a conocer el pasado mes de abril aquel documento en el que ponía especial énfasis en la celebración de la consulta popular, ha mantenido frecuentes contactos con la Administración central, representantes del sector eléctrico y del mundo financiero, está especialmente interesado en su alternativa de control público sobre Lemóniz, aunque aún no se ha concretado la fórmula de llevar a cabo el mencionado control.

De las diversas opciones que se están barajando en las negociaciones -desde el nombramiento de un delegado del Gobierno vasco con derecho a veto, hasta una transferencia total de la explotación de la central-, la segregación de Lemóniz de la sociedad de Iberduero es acaso la opción más acariciada por parte del Gobierno vasco.

Desde que el ejecutivo autónomo anunciara su intención de solicitar del Parlamento que ejercite su derecho de iniciativa legislativa ante las Cortes Generales para celebrar una consulta popular han transcurrido ya cinco meses, y en este tiempo se han remodelado los planteamientos de los nacionalistas vascos. Mientras la asamblea del PNV señala en sus resoluciones, como una de las condiciones para la puesta en marcha de Lemóniz, "la celebración de una consulta popular por parte del Gobierno vasco y/o establecimiento de un control público", fuentes del Ejecutivo vasco reconocieron a nuestro periódico que "se realice o no la consulta popular, nosotros nos inclinamos por el control público".

Sin embargo, la rotunda negativa de la Administración central a la celebración de una consulta popular ha sido, con toda seguridad, el factor que ha influido determinantemente en el replanteamiento de posibles soluciones al contencioso.

Así, ahora, y con el documento de resoluciones del PNV como testimonio, el Gobierno vasco -que continúa insistiendo en la necesidad de la celebración de la consulta- ya no relaciona la opción del control público sobre la producción de Lemóniz con el escrutinio. Independientemente de que el futuro de la central nuclear se someta a votación, el Gobierno vasco está avanzando en sus negociaciones en la alternativa del control colectivo, según reconoció el consejero de Industria.

No obstante, el futuro de la central nuclear está siendo contemplado por el Ejecutivo vasco como un fenómeno enmarcado en el conjunto de negociaciones entre las dos Administraciones, central y vasca, pendientes de resolución. En consecuencia, la posibilidad de solicitar la iniciativa legislativa del Parlamento vasco para la celebración de una consulta popular podría ser el último cartucho que se guarde el Gobierno vasco para utilizarlo en el caso de que el diálogo Madrid-Vitoria no resulte todo lo fructífero que desearían los nacionalistas.