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La familia absuelta por realizar una ocupación ilegal en San Blas asegura que no abandonará el piso

"No nos vamos a marchar de este piso hasta que el Ministerio nos consiga otro. Nosotros necesitamos vivir en alguna parte y de momento no nos vamos a mover de aquí". Ricardo Doménech, junto a su mujer y sus dos niños pequeños, resumía ayer con estas palabras la actitud que piensa tomar después de conocer la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción número doce de Madrid, por la qué se le absuelve del delito de coacciones (véase EL PAIS de ayer).

Ricardo Doménech, madrileño, de ventisiete años, trabajador de artes gráficas en paro desde hace más de un año, respira ahora tranquilo, ya que, al menos de momento, no tendrá que abandonar la casa -situada en la calle de Virgeil de la Oliva, en San Blas- que ocupó tras dar una patada a la puerta, hace ahora un año. Días antes de esta ocupación, la familia Doménech se había visto forzada a abandonar la chabola del barrio de Bilbao en la que se habían refugiado, porque la llegada de la piqueta no permitía aplazamientos para el inicio de las obras. No obstante, las dimensiones del problema de vivienda en Madrid son de tal dimensión que la miserable chabola recién abandonada fue ocupada en pocas horas por una familia gitana carente de alojamiento.La familia de Ricardo Doménech, con el niño mayor, Román, de un año, y la pequeña Loly, de diez días, avisados por los vecinos de la zona, aprovecharon para instalarse en un piso desocupado -así lo afirmaron representantes vecinales en el curso del juicio- después de forzar la puerta. La denuncia fue interpuesta por el adjudicatario inicial, el policía municipal Tomás Tosca, quien había cedido la titularidad en favor de su hijo el 29 de abril del pasado año. El hijo se encontraba entonces realizando el servicio militar y en el juicio celebrado contra el ocupante confesó que su intención era instalarse en la vivienda en el momento en que contrajera matrimonio, aunque hasta el momento no tenía novia.

"La sentencia es un llamamiento al MOPU"

Fernando Salas, abogado defensor en el juicio celebrado contra Ricardo Doménech, opina que la sentencia del juez Ernesto Peces y Morate es totalmente acertada por cuanto, por una parte, aprecia la eximente del estado de necesidad de su defendido, se da una justificación a la ocupación y además hace un llamamiento al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) para que actúe en el esclarecimiento del patrimonio de viviendas sociales, de forma que de una vez por todas el MOPU deje de pasar la pelota a los tribunales de justicia y sea la Administración la que se encare a un problema que ella misma ha creado."Ninguna de las sentencias anteriores sobre temas semejantes han tenido hasta el momento repercusión frente al Ministerio Esto es doblemente grave", prosigue Salas, "debido a que la Administración tiene en estos momentos totalmente abandonado el tema de su propio patrimonio de viviendas. Las comisiones paritarias (vecinos-Administración) creadas hace dos años a propósito de las ocupaciones ilegales de viviendas están disueltas. El decreto de 14 de abril de 1978 publicado para normalizar determinadas ocupaciones no se ha aplicado en ninguna ocasión, y con el paso del tiempo se ha convertido en papel mojado.

"Creo que las consecuencias de esta sentencia pueden estar en un recrudecimiento del problema de las ocupaciones de viviendas, ya que la gente que se lanza a dar una patada a la puerta se encuentra en un claro estado de necesidad. Son muchas las familias que llevan años esperando y rellenando pliegos de solicitud sin que sus necesidades sean mínimamente atendidas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 14 de octubre de 1981

Más información

  • Obras Públicas no ha hecho efectiva ninguna de las sentencias anteriores