El plan técnico condicionará la concesión de emisoras

Aunque el Gobierno no tiene aún decidida su postura con respecto a la regulación de las emisoras privadas de televisión, la publicación del borrador de un supuesto anteproyecto filtrado anteayer a la Prensa, y recogido en su segunda edición de ayer por EL PAIS, pone de manifiesto que uno de los temas más graves que estudia la Administración en este campo es el de la elaboración de un plan técnico que determine el rodaje de tales emisoras.El mencionado proyecto de decreto, entre otros, sirve de base actualmente para el estudio de las normas que regularán la concesión de emisoras privadas.

En dicho borrador se incluye una disposición transitoria, según la cual «la Secretaría Técnica del Régimen Jurídico de Radiodifusión y Televisión elevará al Gobierno, por medio del ministro de la Presidencia, en el plazo de tres meses, el oportuno plan técnico que sirva de base a la convocatoria pública del establecimiento de emisoras de televisión».

Según el citado proyecto de decreto, al Gobierno correspondería la facultad de otorgar licencias «para la gestión indirecta del servicio público de televisión». El Gobierno también se concedería la posibilidad de «ponderar» a la hora de otorgar tales licencias «el riesgo de formación de oligopolios en el sector de la comunicación». Esas autorizaciones se concederían por un plazo mínimo de cinco años, y sus beneficiarios tendrían que ser, en todo caso, personas físicas o jurídicas de nacionalidad española.

Uno de los aspectos del proyecto de decreto que más especulaciones ha suscitado es el que se refiere a la cuestión económica: los solicitantes de emisoras tendrían que depositar un aval bancario para cubrir las responsabilidades en que pudieran incurrir en el disfrute de la licencia que obtengan. De acuerdo con la letra del texto publicado, cada solicitante pagaría diez pesetas por habitante del área de la cobertura que pretenda abarcar.

En el borrador se contempla el derecho de réplica en las televisiones privadas, y se especifica que es el secretario general técnico del Régimen Jurídico de Radiodifusión y Televisión el que ha de resolver sobre la procedencia o no de las transmisiones que se soliciten a título de rectificación.