El Ejecutivo mantiene vacante la Capitanía General de Zaragoza y disponibles a dos tenientes generales

El ascenso a teniente general de Joaquín Ruiz de Oña, hasta ahora gobernador militar de Pamplona, y la prórroga de la vacante producida en la Capitanía General de la V Región Militar, con sede en Zaragoza, constituyen los datos más significativos de la política de ascensos y destinos adoptada en el Consejo de Ministros de ayer.Algunos observadores han llamado la atención sobre la no atribución del mando de la V Región Militar a cualquiera de los dos tenientes generales, Luis Caruana y Joaquín Ruiz de Oña, que quedan sin destino, mientras la vacante sigue sin ser provista. Antes de aceptar algunas interpretaciones precipitadas sobre esta aparente parálisis gubernamental habría que atender a circunstancias desprovistas de todo contenido político y carentes de relevancia militar. Es muy posible que la vacante de Zaragoza haya quedado sin cubrir en espera del próximo ascenso de algún teniente general vinculado familiarmente a esa ciudad aragonesa. Detrás de las combinaciones de destinos en la cúpula militar, a las que se atribuyen siempre profundos significados, no hay muchas veces otra realidad que la del paisanaje o las raíces locales de los distintos generales.

Los analistas militares más competentes muestran su extrañeza por la persistencia en el Ejército de Tierra de una estructura territorial del mando calcada de los antiguos virreinatos y carente de sentido en las actuales circunstancias. El ejemplo del Ejército del Aire, que ha sabido sobrepasar esas anticuadas concepciones y establecer unos mandos operativos -de combate aéreo, táctico y de transporte-, señala la línea de transformación que debería ser emprendida.

En cuanto a los ascensos al generalato y dentro de él, su valoración debe tener en cuenta que además de la pura situación en los escalafones, las propuestas del Consejo Superior del Ejército se basan en el respeto a las proporciones de los promovidos entre las distintas armas combatientes de que proceden: Infantería, Caballería, Artillería, Ingenieros.

Estos factores bien ponderados permiten asegurar que el Gobierno no ha descartado el ascenso del general José Juste, que ocupa el número uno del escalafón, y cuya actitud durante los sucesos del 23-F ha sido juzgada de modo controvertido por la opinión pública y por algunos de sus propios compañeros (véase EL PAÍS del 16 de septiembre de 1981, página 16).

El propio general José Juste, que ha guardado un escrupuloso y sacrificado silencio, lo rompió ayer para manflestar a EL PAÍS su disgusto por el artículo publicado en El Alcázar. El general no acepta manipulación alguna ni quiere verse convertido en bandera de nadie, y se remite a sus declaraciones sumariales y a la de su jerarquía inmediatamente superior, el capitán general de Madrid, Guillermo Quintana Lacaci, que convalidó su comportamiento.

Fuentes militares no oficiales señalaron que en la declaración judicial de Quintana se menciona el deber de Juste de haberse impuesto desde el primer momento, pero se añade que su táctica de ganar tiempo, primero, y de obedecer las órdenes, después, consiguió abortar el golpe, que es de lo que, en definitiva, se trataba. El ambiente que encontró Juste a su regreso de Zaragoza a primeras horas de la tarde del 23-F le hizo barruntar, según observadores muy próximos, que cualquier gesto de resistencia inicial le hubiera valido su encierro en la habitación que al efecto había sido preparada y la suplantación en el mando por quien estaba dispuesto a hacerlo.

En cuanto a los contactos telefónicos del general Juste con el secretario de la Casa Real, Sabino Fernández Campos, se señala que la llamada de este último había sido precedida de un intento frustrado del primero por conectar con la Zarzuela. Es cierto que Juste fue relevado del mando de la DAC Brunete, pero no quedó disponible, sino que fue destinado al Estado Mayor Combinado Hispano-Norteamericano. El cambio de destino era una necesidad tras el ambiente de aquellos días. La actitud de Juste en sus declaraciones ante el juez huye de cualquier planteamiento exculpatorio y de es polvorear responsabilidades sobre los subordinados: eso es lo que, según los oficiales de la DAC, le coloca ahora en posición más vulnerable.