El instructor del expediente de expulsión y separación temporal del servicio para dos funcionarios

El expediente disciplinario incoado contra el ingeniero directo del Servicio de Vías y Obras de la Diputación Provincial de Madrid, Manuel Bada, y el habilitado pagador de dicho servicio, Angel Llaguno, ha sido concluido por el juez instructor, el diputado de Hacienda José Borrell, con la propuesta de separación definitiva del servicio para el primero de los expedientados, y la separación del mismo durante tres años, para el segundo. El expediente ahora resuelto fue incoado por las percepciones de porcentajes sobre el valor de las obras de la Diputación que ya fueron califica das de ilegales y constitutivas de faltas muy graves en las primeras conclusiones del juez instructor.

La propuesta de sanción les fue comunicada ayer a los afectados, al comité de empresa de la Diputación y al presidente de la misma, a quien corresponde ahora decidir sobre su elevación al pleno corporativo, que en el caso del ingeniero director del Servicio de Vías y Obras deberá aprobarlas con una mayoría de dos tercios de los diputados, lo que exige el voto favorable del grupo centrista.La resolución final del juez instructor modifica sustancialmente las iniciales propuestas de sanción -dos años de separación del servicio para Bada y cinco años para Llaguno-, devueltas entonces por el presidente de la Corporación al juez instructor para la realización de investigaciones suplementarias y una nueva valoración de los hechos.

En una primera instancia, el expediente administrativo abierto contra ambos funcionarios habría probado que tenían por norma, desde hace varios años, apropiarse del 1,1% del importe total de las obras, por el concepto de replanteo y liquidación de obras. Una primera aproximación cifraba en 9.656.000 pesetas la cantidad percibida por este concepto, según declaraciones de los propios expedientados, que habrían afirmado que el reparto alcanzaba a todo el personal del servicio, aunque ahora parece que se ha podido probar que dicha cifra es sustancialmente más elevada.

En el transcurso del expediente, ambos funcionarios declararon su convencimiento de que lo que hacían era legal. Sin embargo, el juez instructor, en base al criterio generálmente aceptado de que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, calificó la falta como muy grave y presentó las originales propuestas de sanción, rechazadas por el presidente de la Diputación Provincial.

El jefe del Servicio de Vías y Obras, Manuel Bada, en una carta de réplica a una información de este periódico, publicada en octubre del pasado año, aseguraba que "las únicas percepciones que, desde tiempo inmemorial, tiene el Servicio de Vías y Obras, y no yo personalmente, son las que figuran en los pliegos de condiciones que, junto con los proyectos, aprueba el pleno de la Diputación, y no se producen hasta que sobre aquéllos ha recaído el acuerdo plenario, siendo absolutamente falso que para dar el conforme a los proyectos se exijan ni cobre comisiones a los ayuntamientos de la provincia, 51 de cuyos concejales son diputados provinciales".

La réplica o puntualización de Bada en aquellas fechas terminaba asegurando que "hechos como los afirmados por ese periódico de percibir comisiones ilícitas en provecho personal hubieran dado lugar a un expediente disciplinario, que no se ha producido, con suspensión de empleo y sueldo, pasando el tanto de culpa a los tribunales, pues se estaría ante un delito de cohecho, como su falsa imputación implica el de calumnia".

Los hechos parecen dejar en precario aquellas afirmaciones, que, de otra parte, originaron en su momento una oleada de protesta y solidaridad de clase entre los ingenieros de las diputaciones provinciales. Se llegó incluso a constituir una asociación de defensa de sus intereses.