La Diputación madrileña ejercerá la acción popular en el sumario por el envenenamiento

La Diputación madrileña, en la sesión plenaria que con carácter extraordinario celebró ayer, debatió y aprobó, con el voto en contra de UCD, una moción de su presidencia, por la que esta Corporación insta al Gobierno a librar las oportunas partidas presupuestarias para indemnizar a los afectados por el síndrome tóxico, y acuerda ejercitar la acción popular y personarse en el sumario abierto por la adulteración del aceite.

La discusión, que de hecho supuso un primer ensayo para el debate parlamentario que se desarrollaría horas después en el Congreso de los Diputados, mantuvo enfrentados al grupo centrista con los socialistas y comunistas. Los aspectos económicos de la intoxicación por aceite adulterado abrieron este debate polémico, en el que se elevaron nuevas peticiones al Gobierno.El grupo centrista en la Diputación madrileña, a través de su diputado Enrique Castellanos, se opuso radicalmente a que esta institución debatiera un tema que, en su opinión, correspondía en exclusiva al Parlamento. «La moción que presenta el presidente es, en realidad, un planteamiento del PSOE, que trata de llevar a los ayuntamientos y diputaciones. Se pretende iniciar aquí el debate que esta tarde tendrá lugar en el Congreso, con lo que esto puede convertirse en un partido de tercera regional», argumentó el diputado centrista.

En opinión de Enrique Castellanos, que respondía a la defensa que de la moción de la presidencia había hecho el diputado socialista Eduardo Ferrera, «pedir dinero por las muertes es una trata de ganado que no podemos admitir».

El escaso brillo oratorio del diputado centrista, alcanzó su máximo nivel cuando trató de persuadir al pleno de que este foro no era el marco indicado para hacer planteamientos políticos, «y menos aún cuando la Diputación no se ha distinguido precisamente por su colaboración con la Administración central en la lucha contra la intoxicación», dijo, denunciando el hecho de que la Diputación no haya respondido aún a la ayuda solicitada por el Instituto del Consumo para actuar en los pueblos de la zona sur de Madrid, donde residen la mayor parte de los afectados.

La réplica socialista y comunista, resumida en la decisión del presidente de la Diputación de mantener su moción «por considerarla necesaria para la defensa política de los ciudadanos madrileños, como ciudadanos y como consumidores, a los que políticamente representamos por haber sido ellos quienes nos han traído aquí», denuncia la ausencia de respuestá a los reiterados ofrecimientos de colaboración que, hace dos meses, fueron formulados por la Diputación a la Dirección General de Sanidad.

La moción aprobada por la Diputación insta al igobierno para que dentro de los próximo veintiún días envíe al Congreso un proyecto de ley concediendo un crédito extraordinario para hacer frente, dentro de este año, al reembolso de la totalidad de los gastos médicos y farmacéuticos.

También se pide al Gobierno que incluya en los Presupuestos Generales del Estado para 1982 ayudas análogas a las solicitadas para este año, pago de indemnizaciones en los casos de que no hayan sido recibidas,por la responsabilidad civil de los responsables, concesión de pensiones e indemnizaciones por fallecimiento.