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Fernández Dopico denuncia una campaña de intoxicación sobre la policía

El director general de la Policía, José Luis Fernández Dopico, manifestó ayer a este periódico que la corporación policial se está viendo sometida en estos momentos a una campaña de intoxicación que giraría en torno al previsto proyecto de ley de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado, actualmente en fase de preparación. Fernández Dopico desmintió rotundamente que tuviera intención de dimitir, y calificó de falsa una supuesta huelga de funcionarios prevista para el próximo martes, informaciones estas de las que daba cuenta ayer Diario 16 en la primera página de su edición de tarde.

Este periódico informaba que «el próximo martes podría estallar una huelga salvaje de los funcionarios del Cuerpo Superior de Policía si el Ministerio del Interior no modifica el proyecto de ley orgánica de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado, que está a punto de remitir al Parlamento». Asimismo señalaba que la huelga iba a ser convocada por el Sindicato Profesional de Policía (SPP) y podría estar precedida por la dimisión del propio Fernández Dopico y la totalidad de los comisarios-jefe. El citado diario añadía en su información que esta supuesta huelga estaría motivada por el texto del proyecto de ley, en el que, siempre según lo publicado, se prevé la creación de una Dirección General de la Policía Nacional, que dependerá directamente del Ministerio del Interior, medida que supondría la militarización de las Fuerzas de Orden Público.

El director general de la Policía dijo, al ser consultado por EL PAÍS, que actualmente no existe el citado proyecto de ley, sino varios borradores, y precisó que ninguno contempla la supuesta Dirección General de la Policía Nacional. «En la nueva ley se recogerán los principios mínimos de la ley de Policía de 1978. Esta ley la conocerán en su momento los cuatro sindicatos policiales, tal como lo prometió el propio ministro semanas atrás a sus representantes en el curso de una reunión donde se hablaron estos temas».

Sobre la supuesta dimisión de Fernández Dopico, éste manifestó que «mal puedo dimitir por algo que no existe» (refiriéndose al proyecto de ley), y sobre el anuncio de una huelga, tanto Manuel Novas, presidente regional, como el portavoz oficial, José Villarejo, ambos del SPP, coincidieron en calificarla de «falsa y sin fundamento». El propio Novas añadió que «en ningún momento de nuestras últimas reuniones se ha planteado la palabra huelga, que está prohibida, y menos cuando aún no existe un borrador definitivo ».

El SPP, contra las falsas informaciones

El SPP, organización mayoritaria que representa al 85% del total de los funcionarios, difundió ayer un comunicado en el que «niega rotundamente que haya participado en la proposición, incitación o preparación de una posible huelga», y añade que «es fácil deducir que en las actuales circunstancias que atraviesa el contencioso de algún sindicato policial con la Administración haya alguna persona interesada en dar informaciones falsas, desfiguradas o tendenciosas, que tiendan a involucrar al SPP en acciones en las que no ha intervenido ni tenido conocimiento, tratando de utilizar las normales reuniones de trabajo para especular sobre este tipo de acciones de fuerza, improcedentes en un momento en que peligra la estabilidad democrática del país». El comunicado dice también que el SPP aún no ha sido consultado ni se le ha entregado borrador alguno sobre la pretendida ley de Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, «por lo que mal pudiera pronunciarse tan rotundamente acerca del tema que aún no conoce», y agrega que «denuncia la maniobra de algún sector de interés o de presión ajeno a sus intereses que pretende desprestigiar públicamente la actuación legal del mismo y ponerle en una situación de enfrentamiento con el Gobierno».

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La Dirección de la Seguridad del Estado (DSE) difundió anoche una nota oficial que coincide con las declaraciones formuladas a este periódico por el director general de la Policía y en la que se afirma que en ninguno de los textos que se estudian en la actualidad «figura modificación sustantiva alguna sobre el carácter y naturaleza de la función policial», y que no habrá ninguna nueva dirección general. «Carecen de fundamento todas aquellas noticias», indica, «relativas a que se haya adoptado alguna decisión, ya que los trabajos para alcanzar el texto del borrador definitivo no terminarán, presumiblemente, antes de un mes».

Este revuelo en torno a la corporación policial se produce veinticuatro horas después de que la Unión Sindical de Policía (USP), segundo sindicato del colectivo, denunciara, por mediación de su secretario general, Modesto García, que el Cuerpo Superior se encuentra actualmente relegado en favor de otros cuerpos militarizados, caso de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, y que se estaba utilizando a los funcionarios para vigilar la campaña anti-OTAN.

Las declaraciones de Modesto García fueron replicadas por el propio Ministerio del Interior, que le definió como «militante del PSOE» y anunció la posibilidad de «poner en conocimiento del Ministerio fiscal los hechos para que se determine si hay o no infracción penal, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en la que pudiera haber incurrido».

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