El Gobierno acuerda dedicar 2.000 millones de pesetas para los afectados por el "síndrome tóxico"
El Gobierno decidió ayer remitir a las Cortes Generales el proyecto de ley del Consumidor. Este acuerdo y la modificación del presupuesto del Fondo Nacional de Asistencia Social, mediante la dotación de una partida especial de 2.000 millones de pesetas para atender necesidades derivadas de los afectados por el síndrome tóxico, fueron los más importantes adoptados ayer por la reunión del Consejo de Ministros presidida por Leopoldo Calvo Sotelo, quien lamentó la salida del Gobierno de Francisco Fernández Ordóñez, ministro de Justicia.
Tanto en la información oficial facilitada sobre la reunión como en la ampliación verbal a los periodistas del secretario de Estado para la Información, Ignacio Aguirre, se destaca la remisión a las Cortes del proyecto de ley del Consumidor, que desarrolla lo establecido en el artículo 51 de la Constitución. Entre otras cosas, el citado artículo establece que los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, «protegiendo, mediante procedimientos eficaces de seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos».La ley, de acuerdo también con el mandato constitucional, regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales. Su aplicación abarcará el concepto de unidad de mercado del Estado español, con respeto absoluto a las competencias que detentan o han de transferirse a comunidades autónomas.
La primera parte del proyecto de ley insiste especialmente en la composición de los productos, etiquetado y cláusulas en los pliegos de condiciones de los servicios públicos. Un segundo capítulo regula las formas especiales de venta y los servicios de posventa, así como las posibles indemnizaciones en caso de perjuicio. El texto gubernamental hace referencia expresa a normas sobre publicidad y sobre certificado de calidad. Fija sanciones de elevada cuantía para los infractores de cualquiera de las normas reguladoras de protección al consumidor que figuran en la futura ley.
Asistencia a los afectados por el síndrome tóxico
El Gobierno fue informado por el ministro de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social de la puesta en marcha del programa nacional de asistencia y seguimiento de los afectados por el síndrome tóxico y de la creación, dentro de dicho programa, de uno especial de asistencia psiquiátrica para los enfermos necesitados de ella.
El Consejo de Ministros aprobó la modificación del presupuesto del Fondo Nacional de Asistencia Social, mediante la dotación de una partida especial de 2.000 millones de pesetas, con cargo a mayores recursos procedentes de la tasa del juego, y a través de la cual se atenderán las necesidades de convalidación de los castos de los enfermos y las ayudas excepcionales a familiares de los fallecidos, según lo aprobado por el Gobierno el pasado 20 de agosto. Ignacio Aguirre afirmó que el libro blanco sobre esta materia se hará público la semana próxima.
Otro acuerdo en relación con este tema fue el de recogida de productos elaborados con aceites de naturaleza o procedencia sospechosa, siempre que estuviesen básicamente destinados al autoconsumo familiar. La razón de la medida, según explicó el secretario de Estado para la Información, es la posible existencia de productos de elaboración casera derivados de las matanzas, quesos en aceite, bollería y otros de dudosa aptitud sanitaria.
La Comisaría de Abastecimientos y Transportes (CAT) queda facultada para, con cargo a sus beneficios comerciales, realizar la recogida, compensación económica, transporte e inutitilización final de los productos citados que resulten nocivos para la salud.
Actuación de las fuerzas de seguridad del Estado
Otro acuerdo destacado es el que establece los principios de actuación de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Cuerpo Superior de Policía, Guardia Civil y Policía Nacional. El objetivo es ajustar esta actuación a la Constitución, tanto en lo relativo a derechos y libertades fundamentales como a la posibilidad de formar asociaciones profesionales.
A preguntas de los informadores, Ignacio Aguirre aseguró que la filtración sobre la dimisión de Fernández Ordóñez no procedió «del entorno de la Moncloa».
El secretario de Estado para la Información dio cuenta del canje de notas entre España y Estados Unidos para la prórroga por ocho meses de los acuerdos bilaterales que concluirían el próximo día 21
Asistieron al Consejo los delegados del Gobierno en Cataluña, Juan Rovira, y en el País Vasco Marcelino Oreja. Este último ofreció un importante informe sobre la situación en Euskadi, de carácter reservado.
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