La liquidación de Fidecaya puede comenzar a finales de mes

En el Juzgado de Primera Instancia decano de los de Madrid fue solicitada el martes la quiebra necesaria de Fidecaya, cuya crisis afecta a 243.000 ahorradores. La demanda, según fuentes jurídicas, ha sido presentada por dos letrados en nombre de unos cuarenta acreedores, cuyas peticiones de reintegro de depósitos no han sido atendidas. La instrucción ha recaído en el Juzgado número 5 de Madrid, ante el cual los demandantes piden una fianza para Vicente Edmundo Alfaro, presidente de Fidecaya, por valor de 18.000 millones de pesetas.

Medios competentes de la Administración consultados por este periódico informaron ayer tarde que no han recibido comunicación alguna del juzgado. En cualquier caso, añadieron, el ejercicio del derecho a pedir la quiebra no se considera obstáculo para que siga su curso el expediente administrativo sobre Fidecaya, que razonablemente pasará por la aprobación en el Consejo de Ministros de mañana de la decisión gubernamental de proceder a la liquidación forzosa e intervenida de la entidad.En medios próximos a Fidecaya se ha informado a EL PAIS que tras la reunión del Consejo de Ministros podría intervenir ante las cámaras de Televisión Española el titular de Hacienda, Jaime García Añoveros, para explicar los motivos de la liquidación e infundir tranquilidad a los ahorradores afectados.

Si el Gobierno toma esta decisión y es admitida judicialmente la solicitud de quiebra, según fuentes de la Administración, habría dos procedimientos: uno, administrativo, que es relativamente rápido, y otro judicial, que suele ser lento y, a juicio de las citadas fuentes, podría empezar cuando el primero esté acabado.

En efecto, el decreto-ley aprobado por el Gobierno y en vigor desde el pasado 22 de agosto prevé un plazo máximo de doce meses para la devolución de los depósitos garantizados( el 91% de los más de 16.000 millones de pesetas y el 96% de las cuentas de ahorro).

Sin embargo, los medios de la Administración dicen no entender las razones que han empujado a la demanda de quiebra, cuando incluso han sido anunciados públicamente los preparativos de liquidación y devolución de los ahorros. El procedimiento de liquidación, insistieron, es más rápido para los afectados. Al final del mismo está previsto que los titulares de las acciones representativas del capital social perciban el haber líquido que, en su caso, resulte al término de las operaciones.

Los preparativos para poner en marcha la liquidación están en condiciones de que el Consejo de Ministros apruebe mañana la operación, según fuentes gubernamentales. Si el Gabinete da su visto bueno, empezará a aplicarse inmediatamente el mecanismo aprobado por dicho decreto-ley el 20 de agosto, un día después de que las continuas peticiones de reintegros por parte de los ahorradores agotaran la liquidez de Fidecaya. El Gobierno decidió entonces intervenir la entidad y promulgar un marco por el que se declara a extinguir el régimen de las entidades de ahorro particular (la principal es la citada), garantizando las devoluciones de gran parte de los depósitos con cargo a anticipos del Tesoro.

Aunque numerosos afectados que no se habían enterado hasta ese día de la crisis de Fidecaya acudieron a los delegados de la empresa (en total 5.400) para conseguir la devolución de sus ahorros, el Ministerio de Hacienda había prohibido todo tipo de operaciones. Paralelamente envió por segunda vez al fiscal (la primera fue en junio de 1980, y no obtuvo respuesta) una serie de datos que pudieran ser constitutivos de delito. Desde entonces se han registrado en distintas localidades españolas amenazas o situaciones de violencia verbal o física contra los delegados o el personal de las 340 oficinas de la entidad, si bien parece que la única lesión sigue siendo la causada por un puñetazo propinado por una señora al delegado de Linares (Jaén).

Decidida la liquidación formalmente, los ahorros captados por Fidecaya dejarán de devendar intereses, y el Gobierno tiene que nombrar una comisión que sustituya a los órganos de Fidecaya, inste cuantas responsabilidades procedan y ordene la devolución de cantidades aseguradas: hasta 200.000 pesetas, el ciento por ciento; de esa cantidad a 750.000, el 75%; de 750.000 a 1.500.000, el 50%. Las devoluciones saldrán de una cuenta especial abierta en el Banco de España, sin intereses, donde serán ingresadas luego las cantidades que el Estado recobre, amortizándose el posible saldo negativo con cargo a los Presupuestos del Estado.

La comisión (tres representantes de Hacienda, uno de Economía y Comercio y otro del Banco de España, además de otro designado por los accionistas) decidirá sobre la forma y, ritmo de los reintegros, que empezarán por cantidades inferiores (en los tres primeros meses tiene que haberse entregado la cuarta parte), probablemente hacia finales del presente mes y a través de las propias oficinas de Fidecaya. Asimismo se pondrá en contacto con entidades financieras e inmobiliarias para vender los activos de Fidecaya una vez que termine de evaluarlos la inspección iniciada hace un mes. A este respecto, se recuerda que la auditoría realizada el 30 de junio de 1980 por Espacontrol (ocho meses de trabajo) descubrió un desequilibrio financiero superior a los 4.000 millones de pesetas.