Protesta por la ubicación de unos depósitos de gas en Sevilla

Más de mil firmas de otros tantos ciudadanos lleva recogidas la asociación de vecinos del barrio sevillano del Tiro de Línea para pedir al Ayuntamiento el traslado de los depósitos que la empresa Catalana de Gas posee en los alrededores de sus viviendas. En la actualidad existen allí dos depósitos, con una capacidad de 30.000 metros cúbicos de gas.Según diversas estimaciones técnicas, una catástrofe originada en estos almacenamientos podría afectar, en distinto grado, a unos 80.000 sevillanos, y de forma especialmente grave, a los 10.000 que conviven prácticamente con los citados depósitos, ubicados a pocos metros de sus viviendas, en las barriadas del Tiro de Línea y El Porvenir.

Aunque las vacaciones veraniegas han ralentizado un tanto la labor de recogida de firmas y otras acciones previstas por la asociación vecinal, lo cierto es que la explosión ocurrida hace semanas en Barcelona ha reavivado la sensibilidad ciudadana sobre este problema y actualizado una antigua reivindicación de estos barrios: que las instalaciones de gas, que tienen más de un siglo, sean trasladadas al extrarradio de Sevilla.

Las denuncias no han prosperado

Hasta ahora, las denuncias planteadas no han prosperado en ningún caso, ni siquiera después de la explosión ocurrida hace tres años, con un balance de varios heridos. No obstante, la adaptación del Plan General de Ordenación Urbana, aprobada por el Ayuntamiento de la ciudad, considera urbanizable el solar ocupado por Catalana de Gas, lo que abre la posibilidad legal de proceder en un futuro próximo al esperado traslado.Evidentemente, la empresa afectada exige ser indemnizada por los elevados costes que dicho traslado le supondría, ya que no se trata solamente de encontrar una nueva ubicación a los depósitos, sino también de establecer otras conducciones de enlace de las instalaciones con la red general de distribución. Así lo precisa el informe sobre el tema elaborado por la Consejería de Industria de la Junta de Andalucía, que cita expresamente la necesidad de indemnizar a la empresa.

Sin embargo, la propia consejería recuerda que se trata de una industria peligrosa y, como tal, sujeta a lo dispuesto en el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, aprobado por decreto en 1961. El mencionado reglamento exige que las industrias implicadas se emplacen a una distancia superior a los dos mil metros del núcleo de población más próximo. Legalmente, pues, la cuestión está clara.