Francia y España: la colaboración, necesaria

EL MINISTRO español de Justicia, Francisco Fernández Ordóñez, cubrió el lunes, con su rápida y discreta visita a París, una etapa más del anunciado programa de contactos ministeriales bilaterales, en lo que se refiere a los departamentos de Justicia e Interior, acordado. en el viaje de Estado realizado a principios del mes pasado por el presidente Calvo Sotelo a la capital francesa. Los modestos resultados anunciados por el ministro Ordóñez tras su entrevista de anteayer con el titular de la cartera de Justicia en el Gobierno de izquierda francés, Robert Badinter, pueden descorazonar a quienes exigen de nuestro vecino resultados espectaculares en la lucha contra el terrorismo como si la existencia de ETA dependiera única y exclusivamente de las facilidades que disfrutan sus miembros en Francia. Quienes así argumentan tienden a olvidar que el terrorismo vasco es un fenómeno complejo que afecta al corazón mismo del entramado social de Euskadi, que no nació como una simple manifestación paranoica de matar por matar y que fue agravado en ocasiones por la política miope de los primeros gobiernos de la posdictadura.Modestos son, en efecto, los resultados de la visita ahora realizada a París por Fernández Ordóñez, pero resultados al fin y al cabo. Y. no es poco que el Ejecutivo francés se comprometa a perseguir en su territorio los delitos cometidos en Francia en relación con delitos cometidos en España, lo que, de cumplirse a rajatabla, acabaría con la consumación del chantaje conocido como impuesto revolucionario y con las bases de entrenamiento militar de ETA en los departamentos franceses próximos a la frontera norte española. Como no, lo es tampoco que el Gobierno de Mitterrand acepte el principio de revisión de un anacrónico tratado de extradición que no permite considerar a determinados actos de terrorismo como simples delitos de derecho común. En la breve declaración que puso fin a la entrevista de tres horas entre los ministros Badinter y Ordóñez hay, a pesar de todo, mucho más progreso que en todas las promesas no cumplidas del septenio de Giscard, más próximo ideológicamente a quien es ahora se lamentan en España de que las nuevas autoridades galas no den pasos más rápidos para colaborar eficazmente con España en la lucha contra el terrorismo.

Se inicia, pues, un camino que probablemente no será ni fácil ni corto, pero que, en cualquier caso, no cuenta con precedentes en la historia de las relaciones hispano-francesas de la última década. Los próximos contactos anunciados entre los ministros de Justicia y del Interior de los dos países deberán confirmar, antes de fin de año, si efectivamente mereció la pena sacrificar la impaciencia en aras de una mayor eficacia.

Dicho esto, sin embargo, la opinión pública española, traumatizada por un fenómeno al que resulta imposible encontrar explicaciones lógicas, necesitaría, de parte de las autoridades francesas, algo más que declaraciones de buenas intenciones y promesas de colaboración para el futuro más o menos inmediato. Y aunque el problema de las extradiciones concedidas por la propia justicia francesa y denegadas por el Ejecutivo de París no debe agotar una. colaboración antiterrorista que puede mostrar mejor su efectividad en las acciones preventivas que en las puramente represivas, una amplísima mayoría del pueblo español vería con satisfacción y con alivio la entrega a las autoridades judiciales españolas de, algunos de los terroristas, cuya extradición ha sido ya aprobada por tribunales franceses, sobre todo en el caso de personas cuyos actos han sido calificados por esos mismos tribuna les, y no p9r la policía española, como «vulgares crímenes de derecho común». El tema puede hacer rechinar las meninges bienpensantes de eminentes juristas franceses, incluido el propio Robert Badinter, pero no es necesario recordar a nuestros vecinos que la extradición de personas acusadas por delitos políticos ha sido práctica habitual de la política gala de los últimos años cuando de esas extradiciones dependían las buenas relaciones con otros vecinos más poderosos.

Por lo demás, las relaciones bilaterales no pueden agotarse en este espinoso tema de la colaboración entre los dos Estados frente al terrorismo criminal, sino que en otros muchos contenciosos pendientes debiera de presidir un espíritu más propio de dos países amantes de la libertad, que deben ayudarse mutuamente en la defensa de los valores democráticos, antes que presentarse como dos naciones empecinadas en azuzar inútiles discrepancias. En este sentido las autoridades francesas debieran de emplear alguna contundencia frente a los levantiscos agricultores del Midi, dedicados últimamente al asalto de camiones españoles en tránsito por el territorio de su soberanía. Este terrorismo de autopista es inaceptable para la nueva imagen de la Presidencia de la República francesa.