El temor al sector público

El editorial de EL PAIS del sábado 25 de julio titulado El déficit del sector público, constituye una visión de ese problema desde la ortodoxia neoliberal configurada en el transcurso de los últimos años, en este caso adaptada a España. En términos de síntesis apresurada, dicha ortodoxia arranca del hecho evidente de que la actividad económica está atravesando un período de lento crecimiento y de que es preciso, a la vez, realizar profundos ajustes en el aparato productivo. La conjunción de bajo crecimiento y de elevadas inversiones obliga a emplear los recursos productivos con la máxima eficiencia posible. El sector público, por definición, es ineficiente, según la doctrina al uso, por lo que es preciso detener su crecimiento, frenar los gastos sociales y restantes transferencias y dejar, por supuesto, que el mercado conduzca a la asignación óptima de los recursos productivos. Los aspectos más visibles de la política económica en cuestión son la limitación del aumento de la cantidad de dinero hasta una tasa igual,al crecimiento potencial de la.economía, el recorte del gasto público real y el freno a los tipos impositivos marginales, con el fin de estimular el ahorro y la productividad (1). La profundidad de la presente crisis, lo incierto de la futura recuperación, la rebelión de los guetos ingleses, en fin, las últimas elecciones francesas, han arrojado algunas incertidumbres sobre lo bien fundado de la ortodoxía en cuestión, como puede apreciarse en el tono advertido en el último número de Perspeciivas. Económicas, de la OCDE, de julio de 1981.Los puntos más destacados del editorial de EL PAIS son los siguientes:

1. Es necesario tratar al sector público de forma amplia, extendiéndolo incluso a las empresas públicas, como hace ahora hasta la OCIDE.

Que al analizar la actuación del sector público se debe emplear una medida amplia de este último es algo que no se pone en duda: desde el punto de vista económico hasta sería más racional hacer un presupuesto único para el Estado, la Seguridad Social y los organismos autónomos. En cambio, en los análisis del sector público en la economía se han integrado hasta ahora las empresas públicas. La OCIDE, al comparar los déficit públicos, lo ha hecho siempre en términos de contabilidad nacional, y el sistema contable usado ahora en España y en el resto de la OCDE excluye a las empresas públicas de lo que se denomina administraciones públicas (Estado, organisimos autónomos, Seguridad Social, cor poraciones locales). (2)

El déficit genera inflación

2. Los, déficit continuos del sector público aumentan la inflación y el déficit de la balanza de pagos, además de provocar la expulsión del sector privado en lo que a obtención de crédito se refiere.

En realidad, el déficit de la balanza de pagos refleja déficit de los sectores institucionales internos de la economía española: familias, empresas, sector público. En este sentido, el déficit exterior sería una consecuencia de la caída del ahorro realizado por el sector público y por las familias. En el caso del sector público, el descenso del ahorro no es más que un reflejo de la fuerte aceleración de los gastos de transferencias, dentro de los cuales destaca el aumento de las subvenciones a las empresas públicas y privadas y, sobre todo, el fuerte despegue de los gastos totales destinados a pensiones y,a cobertura del desempleo. La crisis económica, con su secuela de paro y crisis de las empresas, ha provocado un aumento del gasto público que no responde, ni de lejos, a un esquema socializador de la economía, como lo subraya la fuerte debilidad de la inversión pública, que ha reducido su participción en el PIB desde el 2,6%, de 1977, al 2%, de 1980. Si se.quita el apartado destinado a pensiones, el déficit público en España aparece como una consecuencia de la crisis, y no como causa de la misma. En ausencia de una buena parte del gasto que origina el déficit, muchas empresas habrían desaparecido y el hambre asolaría a bastantes familias.

Decir que el déficit público en España está impidiendo ahora un mayor crecimiento del crédito al sector privado es caer en un monetarismo un tanto primario. En efecto, si se supone que la demanda de dinero es insensible a los cambios en los tipos de interés, entonces dicha demanda se considera fija para el nivel de renta presente, por lo que cualquier estímulo a la economía por parte del sector público se traducirá en elevaciones del tipo de interés, y se limitará a sustituir la inversión privada por gasto público. En plena depresión de los años treinta, cuando Keynes preconizaba las mayores inversiones públicas para atacar al paro, la ortodoxia neoclásica decía algo muy parecido al editorial de EL PAIS, aunque con otras palabras: puesto que én el equilibrio la economía tendería al pleno empleo, el gasto público no servía para nada salvo para echar al gasto del sector privado («quemar la.casa para asar el cerdo»). Los supuestos sobre la demanda de dinero en íos que descansa la afirmación en cuestión son, pues, excesivamente fuertes, y el esquema resulta simplista.

Más doctrina que hechos

3. El editorial de EL PAIS considera excesivo el peso del gasto público en la economía y sitúa en un 11 % el gasto de las empresas públicas. ¿De dónde sale esta cifra? Se dice que el déficit público en España supera al de la mayor parte de los países de la OCDE. En 1980, de los siete grandes, cuatro países (Japón, Reino Unido, Alemania Occidental e Italia) tuvieron un déficit igual o superior al de España (3,4% del PIB), y el conjunto de países de la Comunidad Económica Europea le superó ligeramente (3,6%). Las previsiones de déficit público en España para 1981 (4% del PIB) son similares al de este último grupo de países, o incluso inferiores, si se incluye a Grecia entre los mismos.

El editorial de EL PAIS se mueve con mayor facilidad entre la doctrina subyacente que entre los hechos económicos. En un paísco mo España, con una tasa de paro del 13,5% (auténtico récord de la OCDE), con una pérdida de empleos superiores a, los 300.000 en el último año, sorprende la constancia en los ataques al gasto público. Si la crítica al, gasto público se extiende también a la inversión pública, ello respondería, en muchos casos, a posiciones ideologizadas. Los juicios de valor y la ideología también se pasean por los salones liberales.