Motor Ibérica requiere 13.000 millones de inversión para su supervivencia, según la empresa

La fabricación en España de dos nuevos vehículos de patente japonesa, Patrol y Vanette, junto con un plan de inversiones a cinco años y una serie de medidas de orden laboral (expedientes de regulación de jornada y moderación salarial) son, a grandes rasgos, los aspectos en que se basa el plan de viabilidad presentado por la dirección de Motor Ibérica a los representantes de los trabajadores. Por otra parte, el plan da especial importancia a la ayuda por parte de la Administración, tanto en la aportación que ésta haga al total de inversiones, como a las medidas de apoyo de cara a lograr el desarrollo de los productos Patrol y Vanette.

La actual crisis de Motor Ibérica, que en el pasado año tuvo unas pérdidas de 450 millones de pesetas, se basa, según el plan de viabilidad de la compañía al que ha tenido acceso EL PAIS, en la liberalización de la importación de tractores de 4.000 centímetros cúbicos y también en la liberal política de concesión de licencias de importación para tractores de menos de 4.000 centímetros cúbicos, unida a las reducciones arancelarias. A causa de estas medidas, la participación en el mercado español de los tractores de importación ha pasado en dos años de un 14% a un 42% del total del mercado, reduciéndose éste, a su vez, en un 20%.Junto a ello se dio un aumento de la oferta con la autorización a Fiat para la fabricación, en Valladolid, de tractores de ruedas. Asimismo, los autores del plan valoran negativamente la reciente autorización a ENASA para la fabricación de tractores, lo que a corto plazo va a suponer un incremento de las importaciones, toda vez que ENASA utilizará en su fabricación productos de International Harvester.

Además de las razones anteriores, se enumeran otra serie de factores, tales como desajuste de plantillas y el incremento de los gastos financieros.

El plan de acciones recogido en el documento elaborado por Motor Ibérica, dividido en cinco tipos de actuación, parte de la necesidad de adecuar sus productos a las tendencias del mercado. Y en esta línea se incluye la puesta en producción del vehículo todo terreno Patrol, que viniera a sustituir a la actual gama Ebro, y una furgoneta, Vanette, orientada a un sector del mercado no cubierto por la gama actual de furgonetas Ebro. Ambos vehículos son de licencia Nissan, que ostenta el 35,85% del capital de Motor Ibérica.

Para adelantar su lanzamiento, la sociedad solicita de la Administración la reducción y aplazamiento de las exigencias del grado de nacionalización a obtener.

Inversiones a cinco años

El plan de inversiones recogido en el plan de viabilidad arranca de una cifra de 1.983 millones de pesetas en 1981, para pasar a más de 4.000 millones en 1982, 3.000 millones en 1983, 1.774 millones en 1984 y 1.789 millones en 1985. En total, las inversiones previstas en los cinco años superan ampliamente los 12.850 millones de pesetas.La aportación oficial para la financiación de las inversiones se estima en un 20% del total de las mismas en concepto de subvención, y de un 50% (del 80% restante), en concepto de crédito a interés preferente. De ello resultan 1.190 millones en 1981, 2.562 millones en 1982 y 1.821 millones en 1983. «Se supone», dice el texto del documento, «que las inversiones a partir de 1984 (1.700 millones de pesetas anuales en pesetas contantes de 1984, aproximadamente) se financiarán con recursos permanentes ordinarios».

Por otra parte, la colaboración de la Administración, además de las ya señaladas, se concretaría en la autorización de las medidas a establecer en relación con las plantillas de personal y otras encaminadas a desarrollar los proyectos Patrol y Vanette.

En este sentido, Motor Ibérica solicita, «desde ahora», la concesión de permisos para la importación de unidades completas Patrol y Vanette para habituar a la red comercial en la distribución de estos productos y para comprobar su aceptación en España, así como la autorización previa y expresa para importar de Japón los materiales que correspondan, según los planes de nacionalización y sin más limitaciones que las cantidades previamente concertadas.

Por otro lado, se solicita la limitación de las importaciones de tractores a los niveles anteriores del 14%, con suspensión transitoria de las actuales reducciones arancelarias.

El capítulo de ayudas de la Administración se cierra con la petición del aplazamiento de las deudas tributarlas y Seguridad Social. El aplazamiento de las cuotas de la Seguridad Social se pide por un período de tres años, con financiación a veinticuatro meses al tipo del 8% anual.

Las previsiones de las cuentas de resultados para los próximos años, de seguirse el programa de actuaciones recogido en el plan, contemplan la consecución de beneficios a partir de 1983 (562 millones de pesetas) y pérdidas en los dos primeros ejercicios, más de 3.000 millones en 1981, que se reducirán a 264 millones en 1982. (Véase cuadro.)

El ejercicio 1986, recogido en el cuadro, sólo se ha introducido a efectos de contemplar con mayor perspectiva el resultado del lanzamiento de los productos Patrol y Vanette. Por otra parte, el efecto del plan propuesto en 1981 es escaso, fundamentalmente por dos razones. La primera por lo avanzado del actual ejercicio, que no permitirá registrar plenamente el efecto de las medidas solicitadas. Y la segunda, porque ciertos aspectos del programa de actuaciones ya se han contabilizado en las cifras reales de la parte del ejercicio transcurrida.

Excedente de plantilla

En cuanto a las medidas de orden laboral, el plan de viabilidad de Motor Ibérica constata un excedente de plantilla que en 1981 es de 2.815 trabajadores, de los 8.901 que componen la plantilla. En 1982, el excedente sería de 2.466 trabajadores; de 1.784, en 1983; de 472, en 1984, y de 411 en 1985. Todo ello, estimando un decrecimiento vegetativo del orden de un 2% anual.De cumplirse eficazmente todos los supuestos del plan, la suspensión o rescisión de los contratos del personal sobrante podría sustituirse por la autorización de expedientes de regulación de jornada o de regulación horaria. Ello, siempre y cuando se cumplan las previsiones recogidas en el plan. Paralelamente, según el documento, debería abordarse un plan moderado de jubilaciones anticipadas para el personal comprendido entre los 60 y 65 años en 1981. Jubilación que sería financiada al 50% por la empresa y el Estado.

En los casos de expediente de regulación de jornada o regulación horaria -«sin descartar la posibilidad de un sistema mixto»-, el plan señala que la Administración «debería tener en cuenta el trueque (proyectado en beneficio del menor coste social del personal) para atribuir también a estos expedientes la consideración de fuerza mayor, a los efectos de exoneración del pago de cuotas de la Seguridad Social».

Por otra parte, y en el supuesto de que por causas distintas a las anunciadas en el documento, se haya de ir hacia la suspensión de contratos, también se subraya que la Administración, por las mismas razones que en los casos de regulación, lo considere como fuerza mayor. Por lo que se reñere a la posible extinción de contratos, se indica que «la Administración debería atender la solicitud que se le formule de financiar la mitad del coste de las indemnizaciones correspondientes ».