La declaración de nulidad de la ordenación de volúmenes de Moratalaz facilitará la revisión de su planeamiento

y ANGELES GARCIALa declaración de nulidad de pleno derecho del proyecto de ordenación de volúmenes del barrio de Moratalaz, realizada por la Audiencia Nacional, con fecha 30 de diciembre de 1980 y conocida hace dos días (véase EL PAIS de ayer), habrá de facilitar en gran manera al Ayuntamiento de Madrid la revisión del plan parcial de la zona que, desde poco después de la llegada de la izquierda al gobierno municipal, tenía proyectada. Con la sentencia del Tribunal parece comenzar el final de una larga historia de lucha de los vecinos del barrio, iniciada en 1968, por recuperar las zonas verdes que fueron olvidando tal carácter para irse convirtiendo, poco a poco, en grandes bloques.

Después de la guerra civil, la dehesa de Moratalaz no era más que una zona de producción agraria de secano dedicada a los cereales y propiedad de una sola familia que había considerado desde siempre la dehesa como una herencia desventajosa. Pero la inmobiliaria Urbis se encargó de cambiar esa consideración y pagó por las 120 hectáreas que después habrían de convertirse en Moratalaz-Oeste, unos cien millones de pesetas, esto es, a unas ochenta pesetas el metro cuadrado. Hoy, el precio del metro cuadrado de suelo alcanza un precio superior a las 5.000 pesetas.Cuando se planificó el barrio y su crecimiento futuro, se pensó en que en el año 2000 vivieran en él unas 40.000 personas. La realidad, sin embargo, ha hecho que hoy sean ya 150.000, lo que equivale a presentar una densidad de seiscientos habitantes por kilómetro cuadrado, esto es, tres veces más de la densidad media de toda la ciudad de Madrid y cerca de siete veces la densidad permitida por la ley del Suelo.

Volumen excesivo

En el año 1964, fue aprobado definitivamente por la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Area Metropolitana (Coplaco), el plan parcial por el que debía regirse la edificación en el barrio de Moratalaz. Ese plan fue posteriormente desarrollado, en el año 1967, por un proyecto de ordenación de volúmenes, que ha sido el ahora anulado por la Audiencia Nacional.En base a ese proyecto de ordenación de volúmenes, la construcción de casas en el barrio de Moratalaz alcanzó unos niveles muy superiores a lo que el redactor del plan parcial había previsto. Es más, para poder alcanzar las cotas de edificabilidad proyectadas, hubieron de ser construidas zonas que en el plan parcial aparecían calificadas como verdes. El ejemplo más visible de esto último es la zona ocupada por la lonja comercial, unas cuatro hectáreas, inicialmente calificadas como zona verde, y que es el punto de mayor densificación.

Los vecinos del barrio, agrupados en su Asociación de Vecinos y Comerciantes, detectaron el aumento de volumen registrado en el año 1968, y, con los datos en la mano, se decidieron apresentar la correspondiente denuncia. Pero la lentitud del aparato judicial ha ido retrasando hasta 1981 el reconocimiento oficial de lo que los vecinos decían hace trece años, si bien la propia Coplaco había iniciado ya la tramitación administrativa de la declaración de nulidad.

Urbis no se siente responsable

«Urbis no es responsable de los actos de la Administración », declaró ayer a EL PAIS Manuel Angel de la Quintana, director general adjunto de Urbis, la constructora que, desde un primer momento, se encargó de la promoción del barrio. Para Manuel Angel de la Quintana, la promotora no es responsable de la situación del barrio, e insiste en que ese extremo está constatado incluso en la propia sentencia judicial.El mismo director general adjunto de Urbis insiste en que su empresa mantiene unos derechos de edificación claros y que la Administración habrá de responder de ellos en el momento en que, como espera, la justicia les dé la razón.

Sin embargo, para Carlos Conde Duque, delegado del Gobierno en Coplaco, la cosa está clara: « La decisión de la Audiencia Nacional está en la línea de la postura que nosotros hemos mantenido durante estos últimos tiempos». Y añade: «Ahora es la gran oportunidad para poder modificar el planeamiento de Moratalaz, cosa que ya intentábamos desde el momento en que suspendimos las licencias de construcción por vez primera».

Carlos Sotos, concejal presidente de la Junta Municipal de Moratalaz, valora muy positivamente la sentencia, por cuanto se suspende definitivamente la amenaza que pesaba sobre el barrio de construir las 1.200 viviendas programadas por la promoción inmobiliaria que ha actuado en el distrito, y se pueden buscar compensaciones para los vecinos por las 3.000 viviendas de más construidas en el barrio. En este sentido, el concejal anuncia que se va a celebrar inmediatamente una reunión en la que participarán la asociación de vecinos, el Ayuntamiento y la Gerencia Municipal de Urbanismo, para estudiar la forma de compensación más adecuada y que, básicamente, consistirá en completar los equipamientos y crear zonas verdes. Todo ello será negociado con la promoción inmobiliaria, y los acuerdos serán plasmados en el plan parcial de la zona, que esperan que cuente con la aprobación inicial en el pleno ordinario de septiembre.

El segundo teniente de alcalde, Alonso Puerta, valoró positivamente el contenido de la sentencia en términos semejantes a los de Carlos Sotos, mientras que el primer teniente de alcalde y concejal responsable de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Eduardo Mangada, y el delegado de este último organismo, Carlos de la Guardia, no consideraron oportuno hacer ninguna declaración, pese a los requerimientos hechos por este periódico.