Se perfilan las primeras transferencias a Euskadi en materia de justicia

La organización, régimen y funcionamiento de las instituciones y establecimientos de protección y tutela de menores, y la ejecución de la legislación del Estado en materia de instituciones penitenciarias serán, casi con toda probabilidad, las dos primeras competencias asumidas por el Departamento de Justicia del Gobierno vasco, que hasta la fecha no ha recibido transferencia alguna.Aunque han existido conversaciones en materia de justicia entre la Administración y el Gobierno vasco casi desde la constitución de este último, lo cierto es que hasta hace algo más de tres meses no se ha iniciado en firme, con la constitución de la ponencia, la negociación de las primeras materias del Departamento de Justicia que van a transferirse a la comunidad autónoma vasca. Las materias objeto de negociación hasta la fecha son, fundamentalmente: protección de menores, instituciones penitenciarias, creación del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y habilitación de medios materiales y personales para la administración de justicia.

El titular de la Consejería de Justicia del Gobierno vasco, Carmelo Renovales, manifestó ayer a EL PAIS que en todos estos temas se está avanzando bastante, «aunque con gran racionalidad y pragmatismo, dada la complejidad de los mismos». Reconoció que las materias donde las negociaciones están más adelantadas son las arriba citadas y manifestó su esperanza de que para finales de julio o ya en septiembre pueda quedar listo el decreto de transferencia referido a la organización, régimen y funcionamiento de las instituciones y establecimientos de protección y tutela de menores, penitenciarios y de reinserción civil, «conforme a la legislación general en materia civil, penal y penitenciaria», que, de acuerdo con el punto catorce del artículo 10 del Estatuto vasco, es competencia del Gobierno autonómico.

Pese a su gran complejidad, parece que se han logrado importantes avances en la negociación de la transferencia referida a ejecución de la legislación penitenciaria.