Futuro de las telecomunicaciones en España

En 1975 el empleo en el sector alcanzaba el número de 46.000 personas, 12.000 de las cuales trabajaban en empresas de menos de 250 trabajadores. En 1980 el número total se ha reducido a 40.000, de los que 9.000 corresponden a las pequeñas empresas. Han desaparecido, por tanto, 6.000 puestos de trabajo distribuidos equitativamente entre las empresas de más y menos de 250 trabajadores.Los empresarios del sector, y principalmente los dirigentes del grupo ITT en España, parecen estar empeñados en explicar la naturaleza del problema en base, única y exclusivamente, a la reducción de las inversiones de Telefónica.

Sin embargo, hay que señalar que la caída del número de líneas telefónicas que se fabricarán en 1981 con respecto a las que se fabricaron en 1975 se ve compensado principalmente con la caída del empleo en el sector, de la que hablábamos anteriormente.

Existen, por tanto, razones diferentes de las coyunturales para explicar los problemas de empleo en el sector: las innovaciones tecnológicas que ya se están produciendo y la preparación del terreno para las que se producirán en los próximos años con una tendencia a acelerarse.

La mayoría de las previsiones establecen que entre 1985. y 1990 se realizará un 50% de la producción total, de acuerdo con las nuevas tecnologías, lo que supondría, si se mantuviese el resto de las condiciones actuales, una pérdida de 15.000 puestos de trabajo.

El impacto de las innovaciones y sus condiciones

El impacto de la renovación tecnológica en el empleo se puede acentuar en el caso de España, y ello por tres razones:

a) La situación de crisis económica, superior en gravedad a la de otros países, que no permite ser optimista con respecto a posibles trasvases de mano de obra a otros sectores.

b) Una dependencia tecnológica mayor que la de los países de la CEE, que sitúa a España en una posición de extrema debilidad dentro del proceso de redivisión del trabajo que se está produciendo en el plano internacional.

c) La ausencia de una política clara de telecomunicaciones que se acentúa por la existencia del binomio Telefónica-Gobierno, con un contrato de concesión del servicio absolutamente desfasado y con una falta de iniciativa del Gobierno para asumir la responsabilidad que puede ejercer como accionista mayoritario de CTNE.

Como consecuencia de estos dos últimos puntos, las multinacionales se encuentran con un terreno en el que pueden campar por sus respetos.

La libertad de movimiento de las multinacionales en una situación como esta puede conducir a dos tipos de actuación por su parte:

a) Que decidan el desmantelamiento de sus plantas en España, concentrando la producción en otros países, funcionando en nuestro país única y exclusivamente en el terreno de la comercialización.

b) Que conviertan sus fábricas en plantas de ensamble sin aporte o con el mínimo aporte tecnológico nacional.

El primer caso es el más improbable, porque forzada de alguna forma a un debilitamiento de la posición de algunas multinacionales en el mercado español, lo que sería incompatible con su competencia.

El segundo caso es el más probable y coincidiría de alguna forma con la tendencia observada en otros sectores como el del automóvil.

Cualquiera de los dos casos supondría un duro golpe a la industria española de telecomunicaciones y nos situaría en la pendiente del subdesarrollo en este campo.

El papel que puede jugar el Estado

El Estado puede influir en el futuro de la industria de telecomunicaciones sin necesidad de forzar los esquemas de mercado en los que actualmente se mueve la Telefónica. Para ello debería hacer uso de su condición de accionista mayoritario en dicha compañía y del carácter de primer cliente nacional que ella tiene. No conviene olvidar que los planes de Telefónica para los próximos seis años suponen una demanda de equipos por un valor cercano a los 300.000 millones de pesetas.

El objetivo de esta presión a las multinacionales, en base a los criterios expuestos, sería doble:

a) Que la industria fuese rentable y competitiva en el mercado mundial, y no sólo una oficina de montaje para España.

b) Que en función de lo anterior se asegurase a España un puesto aceptable dentro de la división internacional del trabajo dentro del sector y, especialmente, en el campo tecnológico.

La actitud de los sindicatos

Las multinacionales de telecomunicaciones que operan en España están buscando financiación del sector público de formas variadas: ITT, a través de regulaciones temporales de jornada en Marconi, etcétera; la Ericksson, mediante despidos pactados con una indemnización y paso al seguro de desempleo y también con regulaciones temporales.

La aportación de financiación pública en la forma que sea no se puede hacer si no existen contrapartidas, y éstas no pueden ser más que las que exponíamos en el punto anterior, y la aceptación de unos puntos de negociación que de alguna manera contribuyan a solucionar el futuro problema de empleo.

Los sindicatos no podemos oponemos a la renovación tecnológica porque ello no sólo no soluciona el problema, sino que lo agravaría, ya que la demanda, tanto nacional como de exportación, tenderá progresivamente a dirigirse a los productos más evolucionados. Sin embargo, los sindicatos debemos exigir que exista una actuación que solucione los problemas desde la perspectiva de una salida negociada.

En estas condiciones podemos discutir y estudiar cualquier alternativa; sin ellas no nos queda más salida que la oposición.

Las bases de una negociación

La salida que están avanzando los sindicatos de la Europa comunitaria es la de los acuerdos negociados para la implantación de las nuevas tecnologías. Nosotros pensamos que el tema debe ir por ahí y que los puntos que se deberían abordar serían los siguientes:

a) Acuerdo sobre implantación de nuevas tecnologías en el servicio telefónico nacional, haciéndola lo más lenta posible y compatible con la penetración en mercados de exportación, que se hará necesariamente en los nuevos sistemas.

b) Acuerdo sobre homologación de sistemas telefónicos que fuerce a la necesidad de un grado de nacionalización lo más alto posible de los productos, recortando también al máximo posible la importación de sus componentes.

c) Evaluación del exceso de mano de obra que se producirá en los períodos correspondientes.

d) Anticipación de jubilaciones mediante acuerdos colectivos.

e) Acuerdo programado sobre reducción de jornada, tendiendo a alcanzar la jornada de 35 horas semanales en 1984.

f) Planificación de los nuevos mercados creados por la innovación tecnológica.

g) Posibilidad de absorción de mano de obra en los servicios (CTNE), así como en los sectores electrónicos con importaciones fuertes (RTVE, Defensa, etcétera).

h) Planificación de pedidos del Gobierno en áreas como la Dirección General de Correos y Telégrafos, RTVE, organismos públicos, etcétera.

i) Plan Informático Nacional.

Evidentemente, todos estos puntos fuerzan a una negociación en la que participen los sectores afectados, que en este caso son: sindicatos, las empresas del sector, Telefónica y el Estado. La exclusión de cualquiera de estos sectores dejaría coja la negociación, por todo lo que hemos expuesto. No basta con que, se diga, como haría recientemente una directiva de ITT en España, que hay que acogerse al decreto de reconversión de una forma ambigua: hay que dar alternativas.

La introducción de nuevas tecnologías avanza, y retrasar las soluciones del problema sería aumentar el coste social y económico. La pasividad con que se mueve el Gobierno no produce sino alarma en los sectores afectados y sólo beneficia a las multinacionales, que, pese a todo, continúan moviéndose. Soluciones hay y no serán los trabajadores los culpables de que no se llegue a ellas.